El Gobierno pidió procesar al jefe de la Metropolitana por los cortes en la autopista Illia
El procesamiento del comisionado obedece al "incumplimiento de sus deberes de funcionario público", según se desprende del documento presentado
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El ministerio de Seguridad de la Nación pidió el procesamiento del comisionado de la Policía Metropolitana, Roberto Panario, por la inacción durante el corte de la Autopista Illia que duró ocho días.
Así, el organismo nacional pidió ante la fiscal contravencional, Daniela Dupuy, que se impute a Panario por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por no tomar medidas frente al corte de acceso vial.
El corte de la autopista Illia a la altura del kilómetro 1,5 fue realizado por un grupo de familias desalojadas el 29 de diciembre del año pasado de terrenos pertenecientes al ferrocarril Belgrano Norte.
De acuerdo a la ley de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Metropolitana debe brindar seguridad a las personas y bienes, prevenir la comisión de delitos y contravenciones y hacer cesar dicha comisión.
Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni, consignó en el escrito presentado que es "claro el incumplimiento de esas competencias claramente atribuidas por la normativa local en materia de prevención de la Comisión de contravenciones".
"Insisto fundado en el incumplimiento de sus deberes de funcionario público, al no haber dado cumplimiento a la orden que por usted le fuera impartida de evitar y prevenir que se cometieran nuevas contravenciones en la Autopista Illia a partir del 2 de enero del corriente año", añadió el funcionario.
A su vez, Berni le solicitó a la fiscal que le reitere a la Policía Metropolitana que "arbitre todos los medios necesarios para reforzar la presencia policial en la Autopista Illia con miras a evitar que vuelva a cometerse la contravención que nos ocupa".
Finalmente, el conflicto se destrabó pacíficamente con la intervención del gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad, que intermedió para que el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad recibiera a las familias desalojadas.
