La historia detrás de la disolución de la Agencia de Bienes de la ciudad
Fue anunciada como parte del achicamiento del Estado porteño; en rigor, nunca cumplió su misión de vender propiedades para evitar pagar un impuesto a la AFIP
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El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ordenó dar marcha atrás con uno de los proyectos que más negociación parlamentaria demandaron a Pro durante 2016 en la Legislatura porteña: la Agencia de Bienes Sociedad del Estado (ABSE).
Pensado como un organismo independiente, pero en la órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, la agencia se iba a encargar de vender los terrenos y edificios de los que la Ciudad tenía pensado desprenderse para financiar obras de infraestructura, entre otras cosas. Sin embargo, a un año y medio de un año de su creación, no solo no había vendido un solo bien, sino que fue disuelta.
La medida fue anunciada a mediados de diciembre dentro del Plan de Mejora del Gasto, conocido internamente como PMG, que lleva adelante el ministro de Hacienda, Martín Mura. Durante la presentación, diferentes funcionarios explicaron cómo se iba a recortar el gasto público; en especial, en los cargos políticos, entre los que se enumeró a la ABSE.
No obstante, el motivo detrás de la disolución es otro y se parece más a una falla de cálculo que otra cosa: los impuestos que tendría que pagar de cada venta que concretara.
Por ser una sociedad del Estado está obligada a pagar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el 35% de toda operación en concepto de Ganancias. "El Estado está exento de pagar dicho impuesto si hace la misma operación. Es por eso que se terminó disolviendo, para evitar pagar ese impuesto", confió a LA NACION una calificada fuente gubernamental.
La situación había sido señalada durante la discusión de su creación por miembros del oficialismo. Uno de ellos fue el ahora vicepresidente del bloque de Vamos Juntos en la Legislatura, Maximiliano Ferraro (CC-ARI), quien en su intervención remarcó el problema. Tanto él como la ahora diputada nacional de Cambiemos, Paula Oliveto, votaron en contra de esa norma por considerar que se buscaba quitar competencias a la Legislatura.
Por aquella razón, según admiten en el entorno del jefe de gobierno, en la práctica casi todas las operaciones inmobiliarias fueron realizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado nacional (AABE). Una de las pocas operaciones que efectuó la gestión de Rodríguez Larreta fue la subasta del emblemático Edificio del Plata, situado en la calle Carlos Pellegrini.
Esa operación -que tuvo como ganador a Eduardo Elsztain, presidente del Banco Hipotecario y del Grupo IRSA, con más de US$ 68 millones- fue realizada por la cartera de Modernización, entonces a cargo de Andy Freire, ahora diputado porteño.
Durante la sesión extraordinaria en la que se votó la disolución de la ABSE, el miembro informante por el oficialismo fue precisamente Freire, en su debut parlamentario; según altas fuentes oficiales, volvería al ministerio en marzo, algo que el legislador negó al ser consultado por LA NACION. De acuerdo con la ley aprobada, la venta de terrenos y propiedades quedó en la órbita directa de la Jefatura de Gobierno.
Otro de los puntos que influyeron fue que, como consecuencia de no poder realizar el organismo la función para la que había sido creado, el gasto en sueldos para el directorio y para los demás empleados resultaba "innecesario". "Era un gasto que terminó siendo solamente político, por eso también se eliminó", agregaron las fuentes.
Por ley, se había establecido que la ABSE debía estar compuesta por un presidente y un vicepresidente, tres vocales y cinco vocales suplentes designados por el Poder Ejecutivo, más dos miembros restantes designados por la Legislatura de acuerdo con la representación de los bloques políticos opositores.
Para 2018, según el proyecto del presupuesto porteño, la Agencia de Bienes hubiera tenido asignado un crédito de casi $40 millones. Esa cifra se encontraba destinada para cubrir los gastos de los 25 empleados, incluyendo a los directores que tenía el organismo. Todo el personal no político, según adelantaron fuentes al tanto de la operatoria, será reubicados dentro del Ministerio de Modernización.
La decisión fue una iniciativa del propio gobierno. En sus fundamentos se sostuvo que "de conformidad con el principio de eficacia y eficiencia que rige a la administración pública, y siendo uno de los principales objetivos de este gobierno desarrollar diversas políticas públicas para optimizar su gestión, se estima procedente disolver y liquidar la Agencia de Bienes SE, previa autorización de la Legislatura de la Ciudad", como explicó Freire.
"Es una buena decisión del Ejecutivo porteño disolver la Agencia de Bienes. En su oportunidad alertamos sobre lo que iba a ser el gasto en estructura y el pago de impuestos", dijo a LA NACION Ferraro luego de la sesión extraordinaria. La votación consiguió 54 votos positivos y cinco abstenciones aportadas por los legisladores que representan a los partidos de izquierda. El proyecto necesitaba 40 votos, algo que el vicepresidente primero, Francisco Quintana, y el jefe del bloque de Vamos Juntos, Agustín Forchieri, consiguieron para todas las leyes que se aprobaron esa sesión; entre ellas, la del traslado del Tiro Federal.
También hubo un borrador en el mismo sentido de María Rosa Muiños (Bloque Peronista), por lo que se llegó a un texto consensuado y en la ley se agregó la creación, en la Legislatura, de una comisión de seguimiento y control de las actividades desarrolladas por la ABSE, ahora en proceso de disolución, y de la autoridad de aplicación que la reemplace. La comisión parlamentaria estará compuesta por nueve diputados, según la proporción de las bancadas, y el Poder Ejecutivo deberá remitirle informes trimestrales.
Teoría y práctica
Objetivo
La Agencia de Bienes Sociedad del Estado fue creada en junio de 2016 con la misión de vender propiedades de las que la Ciudad quería desprenderse para financiar obras.
Resultado
Durante su año y medio de funcionamiento, la ABSE no vendió ningún bien estatal para evitar pagar a la AFIP el 35% de las operaciones en concepto de Ganancias.
