La Legislatura aprobó la venta de Costa Salguero y Punta Carrasco para proyectos inmobiliarios
LA NACION
El gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para obtener autorización para la venta de los terrenos donde funcionan los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco, a pocos metros del aeroparque Jorge Newbery. Finalmente, y mediante una ley, el Cuerpo Parlamentario habilitó la desafectación del dominio público y enajenación de estos inmuebles.
En la sesión, la última con la composición actual, los parlamentarios dieron luz verde a la norma que planteaba la creación de un "desarrollo urbanístico" que incluyera a los dos complejos, que ocupan 23 hectáreas frente al Río de la Plata. Uno de estos complejos está suscripto entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la firma Autopistas Urbanas S.A. y el Gobierno porteño. El otro, entre Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. y el Ejecutivo de la Ciudad.
La norma recibió 42 votos positivos y 17 en contra sobre el final de la sesión durante la cual, también, fueron autorizadas las ventas de cerca de 60 inmuebles de titularidad de la Ciudad.
Los predios están bajo concesión otorgada otorgada por la Administración General de Puertos Sociedad durante la década del 80, no obstante la explotación del privado finalizará el 30 de abril del año próximo.
En ese sentido, dispone que, una vez que el espacio quede liberado, la administración de Gobierno llamará a un concurso público "para el desarrollo urbanístico" del lugar que "al menos el 65% de la superficie del conjunto tenga destino de uso y utilidad pública, debiéndose afectar especial y preferentemente dicha superficie a la generación de espacios verdes parquizados". El 35 por ciento restante será para "residencias" que no podrán superar los cuatro pisos de altura debido a la ubicación cercana al aeroparque Jorge Newbery.
Por último, la norma sostiene que "el producido de la disposición tendrá como destino el financiamiento de obras de infraestructura de salud y educación, transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, soluciones hidráulicas, vivienda social, promoción del alquiler social y reurbanización de barrios vulnerables".
La iniciativa llevaba la firma del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura. Allí se pedía autorización para la "disposición por parte del Poder Ejecutivo del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 184, así como aquellos que surgiesen de un eventual fraccionamiento o redistribución parcelaria".
La mirada de los legisladores
Larreta argumentó que "cada inmueble fue estudiado considerando su situación dominial, el origen de su afectación, la vigencia del mismo, su efectivo uso público, su estado de ocupación, su necesidad para la gestión del Gobierno, así como los costos de mantenimiento necesarios para su conservación y resguardo".
En el recinto la diputada Paula Villalba (VJ), como miembro informante, explicó que son proyectos del Poder Ejecutivo y que la venta servirá para "llevar adelante una política de austeridad respecto al patrimonio inmobiliario de la Ciudad, a fin de evitar erogaciones innecesarias y en pos de generar fuentes de financiamiento que no comprometan el presupuesto corriente ni aumentar la carga impositiva de los contribuyentes".
La legisladora consideró que estos bienes "hoy son inutilizables para la Ciudad" y que estas "ventas no podrán ser utilizadas para gastos corrientes, sino que son inversiones de gasto de capital". Entonces, leyó el artículo 2, donde se establece que los fondos "serán destinados al desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de inversión y cultura".
Eel diputado de la Izquierda Gabriel Solano objetó el apuro por sancionar el proyecto y opinó que "esta sesión parece un pijama party de venta de tierras, porque nos están tomando el pelo".
Durante el debate, la diputada Marta Martínez (AyL) afirmó que "se deciden privatizaciones que le dan la espalda al interés público". Consideró que la Ciudad "trabaja para quienes han adquirido tierras" y que, "cada vez que se desafecta un bien público, es para hacer negocio inmobiliario". Además, alertó que "en el terreno de Virrey Avilés, que fue donado para hacer una escuela, lo recaudado se destinará para comprar útiles escolares", entre otras consideraciones.
Por su parte, Laura Marrone (FIT) sostuvo que "en estos remates se argumenta que los bienes van a ir para la Villa 31", pero dijo que eso no es cierto. Así, analizó el destino de las más de 450 hectáreas enajenadas en los últimos 12 años. "Estos proyectos, que se han presentado en estos últimos diez días, son una verdadera estafa", enfatizó.
El integrante de la primera minoría Carlos Tomada (UC) consideró que "estos proyectos son una falta de respeto", ya que el texto es "banal y liviano". "Este es un día en el que la Ciudad sufre una verdadera descapitalización, a pesar de los esfuerzos que demuestre lo contrario", remarcó. Y afirmó que el destino de los fondos "no puede ser evaluado". "Debemos confiar en la buena voluntad del Gobierno porteño, a la hora de manejar esos recursos", concluyó.
Los argumentos, antes de la sesión
"No hay un espíritu especulativo sobre la tierra"
"Esto surge por el futuro vencimiento de la concesión de los dos complejos, que es en 2021. Si bien son inmuebles de carácter público, son de dominio privado y requieren una aprobación con 40 votos de la Legislatura en una sola lectura", explicaron, antes que se votara el proyecto, fuentes del Ejecutivo porteño a LA NACION. Y agregaron: "Lo que queremos es empezar a dar vuelta la cara de la Ciudad y que mire al río. Para eso, estamos planteando este proyecto de ley que es muy escueto. No plantea cambio normativo. Solo dispone la venta y que se hará un concurso abierto de arquitectura para proyectos".
Sobre la participación de la Legislatura, detallaron: "Los pasos por seguir deberían ser: se pone a la venta, se hace un concurso de arquitectura y urbanismo. Este concurso es el que planteará la normativa, como los usos y el proyecto en particular. Luego del concurso, debería volcarse el resultado a la Legislatura para ir por una ley de rezonificación de 31 votos, con doble lectura. Luego de eso recién se puede vender porque ya se sabe qué se puede hacer".
Ante la consulta de si se buscará hacer un nuevo centro de convenciones, parques o viviendas, dijeron: "Esencialmente lo que queremos es hacer ciudad. Nosotros planteamos la mixtura de usos y, aunque aún no hay zonificación, quedarían excluidos los grandes equipamientos para poder recuperar el disfrute de la zona y que tenga escala humana. No se planea hacer grandes torres porque el cono aéreo de la zona no lo permite. Es más, restringe muchísimo la altura. Será una figura más similar a la del dock de Puerto Madero que a la de megatorres".
"El proyecto no tiene un espíritu especulativo sobre la tierra, para nada. Se busca que el lugar genere atracción y permanencia a la costa. Tiene que tener algo que motive a ir y luego tener el equipamiento para que la gente se quede a disfrutarlo", afirmaron en la previa a la votación y remarcaron: "Se respetarán los contratos hasta el final de la concesión. Se empieza ahora para que no quede desierto luego del final de la concesión".
"Hoy funciona un lugar que genera muchos puestos de trabajo"
"Prescindir de un lugar como este tiene un impacto que debería ser evaluado integralmente. Nos enteramos en las últimas horas de que se iba a presentar este proyecto en la Legislatura", dijo a LA NACION Diego Gutiérrez, presidente del Centro Costa Salguero, el centro de exposiciones que funciona dentro del predio y principal concesionario por el volumen de espacio y de actividades. Pero no es la empresa la concesionaria de todo el complejo, esa firma se llama Telemetrix.
Gutiérrez agregó: "Entendemos que la Ciudad deberá evaluar el destino que le dé a estas tierras. Hoy funciona acá un predio que genera una actividad muy trascendente para la ciudad. El año pasado se hizo acá la cumbre del G20 porque no había otros lugares en Buenos Aires para hacerla. También genera muchos puestos de trabajo, alrededor de 28.000 en forma directa e indirecta, con unos 80 eventos y 40 exposiciones".
Críticas de ambientalistas que piden un "gran parque costero"
"Lo de Costa Salguero son 17 hectáreas en la costa del río. Es la última oportunidad que tenemos, con Costa Salguero, para generar ese abrazo al río que tanto pedimos los porteños y dejar de darle la espalda a este lugar", dijo a LA NACION Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Según Viale, hoy "la mitad del predio está zonificado como Urbanización Parque, es decir, solo admite parques. La otra mitad, como Urbanización Futura que tiene que seguir los usos vecinos. Es decir, el parque. Por eso, siempre hablamos de la legalidad de las concesiones que ya existen allí".
"Insistimos hace mucho con la necesidad de crear ahí un gran parque costero. Podría tener algún uso público como un museo o una escuela. A esto hay que sumar las siete u ocho hectáreas de Punta Carrasco que no es menor", detalló el ambientalista y aseguró: "Este es un negocio de miles de millones de dólares. Son nuestras minas a cielo abierto en las ciudades porque tienen el costo de eso, la ganancia de eso".
Ante la aclaración de que el gobierno porteño propondrá destinar el 65% para espacios públicos y verdes, dijo: "Lo del 65% es un gran engaño porque eso lo dice el Código de Planeamiento de la Ciudad y se debe respetar. No tienen otra. Pero eso son solo las calles y las aceras que necesitan las torres para acceder a sus edificios. Entonces, queda una pequeña parte para parquizado que terminan siendo los parques de estas torres".
Localizaciones
Algunas de las propiedades a vender son: avenida Juan Bautista Alberdi 2345 con 10 unidades funcionales; avenida Córdoba 6196/6200, 1738/44/50 y 5652/5656/5658/5670; avenida Corrientes 3451/3453/3455 y 3436/3438; avenida Don Pedro de Mendoza 2249; avenida Federico Lacroze 3601/3607/3611/3615 con dos unidades funcionales; avenida Ingeniero Huergo 1179/1185, con dos unidades funcionales; avenida Juan Bautista Alberdi 2632; avenida La Plata 1115/1117; avenida Paseo Colón 245/255/265; avenida San Juan 250/270; Balcarce N° 1234; avenida San Pedrito 1088; avenida Santa Fe N° 4358/4364; Azul N° 593 esquina Tandil N° 3409; Brandsen 1474 y 1481; Carbajal 4184; Chacabuco 1248/1252, con sus 6 unidades funcionales; Charlone 1553/57/59/61/63; Cochabamba 2616/2618; Curapaligüe 525; Gral. César Díaz N° 2979/2985, con 10 unidades funcionales y 2669; Gascón 921/923/927/931/933 8° "33" y Gregoria Pérez 3621/3623, con dos unidades funcionales.
También inmuebles de Zabala 3654, México 1392, con 15 unidades funcionales; Miller 2751, Nicaragua 6054/6058; Perón 2640/2652 UF 4; Pringles 354; Remedios 4269/4271, tres unidades funcionales; Riglos 984, UF 4; Ruy Díaz de Guzmán 171/173, Teniente General Juan Domingo Perón 3227/3241/3263/3269/3271 y N° 2640/2652, dos unidades funcionales; Timoteo Gordillo 2212; Virrey Avilés 3188, Zuviría 3461, avenida Juan de Garay 184 y avenida General Paz en su intersección con Del Libertador.
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