La salida judicial por la toma del predio en Lugano podría demorar
Los ocupantes siguen construyendo casillas en el lugar; por la superposición de causas y nuevas pruebas, no habría una solución rápida
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La toma del predio de Lugano lindero a la villa 20 no tiene solución a la vista. La salida judicial para resolver el conflicto podría hacerse esperar y demandar más tiempo de lo previsto, lo que permitirá a los usurpadores consolidar todavía más el nuevo asentamiento en el ex cementerio de autos situado en Pola y Fernández de la Cruz.
En tanto, funcionarios porteños advirtieron ayer que la ocupación fue incitada "políticamente" y, en su opinión, podría tener vínculos con personas ligadas al narcotráfico. Algunos de estos hechos, precisamente, fundamentarían la ampliación de la investigación en manos de la Justicia.
Sucede que hay ya tres expedientes judiciales, múltiples actores y más de un fuero relacionados con el mencionado predio, e incluso podrían abrirse otros con el transcurso de las horas y la acumulación de pruebas contra los organizadores de la ocupación, que comenzó el lunes de la semana pasada y continuaba al cierre de esta edición.
En una causa penal por la usurpación del terreno, perteneciente al Estado porteño, debe resolverse el segundo pedido de desalojo efectuado por el equipo de fiscales que investiga el delito. El primero había sido concedido el viernes último por el juez subrogante Gabriel Vega, apelado por los defensores oficiales, y suspendido por la Cámara de Apelaciones en lo Penal a raíz del planteo de la defensoría.
Anteayer, los fiscales porteños volvieron a solicitar el desalojo del predio de manera "urgente", al explicar el veloz crecimiento de las construcciones precarias en el lugar y el ingreso de cables con electricidad que ponen en riesgo la vida de los ocupantes y los bienes muebles. Recordaron, además, la alta contaminación registrada en las tierras como consecuencia del almacenamiento de autos en desuso durante años, que podría afectar la salud de las personas allí instaladas.
Esta vez, el pedido recayó ante la titular del juzgado que subrogaba Vega, la magistrada Gabriela López Iñíguez. Según voceros de la Secretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad (Sechi), la jueza elevó a su vez el pedido a la Cámara de Apelaciones. Se espera que haya una resolución al respecto en las próximas horas.
También podrían sumarse otras novedades. Los fiscales actuantes aseguran haber reunido pruebas de que tres grupos, uno con contactos políticos, organizaron la toma del predio de Pola y Fernández de la Cruz y comercializaron los lotes por entre 8000 y 20.000 pesos.
Están en la mira de la fiscalía Marcelo Chancalay -ex líder de la villa 20 que trabajó para UNEN en las últimas elecciones y dueño de una empresa constructora ligada a la Fundación Sueños Compartidos-, Manuel Ríos y la familia Giménez. A Ríos, algunas versiones lo vinculan con el narcotráfico.
Por todo esto, podrían quedar configurados los delitos de fraude al Estado, que recaería en un juzgado de instrucción, y de tráfico de drogas, de competencia federal.
En este contexto se enmarcan las declaraciones de la secretaria de Hábitat porteña, Marina Klemensiewicz. La funcionaria apuntó que de la toma participan "personas con problemas de delitos federales, asociados al narcotráfico", y alertó: "Hay un sector demasiado armado que no sé a quién responde".
Por último, agregó: "No sólo fue incitada políticamente, también con intereses económicos para unos pocos. La Justicia pudo conseguir varias pruebas en relación con actos de compraventa".
La justicia en lo criminal también interviene, pues va tras los pasos del asesino de Osvaldo Soto, que falleció al recibir varios disparos el primer día de la toma.
Asimismo, hoy será realizada una audiencia en el fuero en lo contencioso administrativo, que viene impulsando un expediente por la construcción y la entrega de viviendas sociales para vecinos históricos del lugar; antes, el predio debe ser saneado.
Este caso está en manos de la jueza Elena Liberatori, que para hoy citó no sólo a los actores originales (la Asesoría Tutelar y el gobierno porteño) sino también a los involucrados en la reciente toma: la Defensoría General, delegados de los ocupantes; la ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley, y Klemensiewicz.
