La villa Rodrigo Bueno no se urbanizará

La Justicia hizo lugar a la apelación planteada por el gobierno porteño y revocó el fallo que ordenaba a la administración comunal urbanizar la villa Rodrigo Bueno, en Puerto Madero.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires resolvió por mayoría admitir el recurso de apelación presentado por el gobierno porteño y revocar la resolución que le ordenaba adoptar las medidas necesarias para la integración urbanística y social del barrio Rodrigo Bueno, en la Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica.

El asentamiento, que aparece por primera vez en los registros oficiales en el censo 2001 con 356 personas, en 2010 registró 1795 habitantes.

Este fallo de alzada es una respuesta a una resolución dictada por la jueza Elena Liberatori, quien en 2011 había ordenado la urbanización, al tiempo que declaraba inconstitucional un decreto dictado por Jorge Telerman en 2005 que pretendía erradicar el asentamiento.

La magistrada también había emplazado a la administración porteña en aquella sentencia a presentar ante su juzgado, en 120 días, un plan de urbanización y un cronograma de obras para ese asentamiento.

La causa fue iniciada por habitantes del barrio. Pero el conflicto había comenzado mucho antes. Las administraciones de Aníbal Ibarra y Telerman dieron la posibilidad a las familias de obtener subsidios para irse del lugar, medida por la cual unos 175 grupos familiares abandonaron el asentamiento.

Pero en 2004 ya había alrededor de 400 familias y en 2005 llegó la operatoria por el desalojo, un decreto firmado por Telerman. La respuesta de la Justicia llegó en 2011, con el fallo de Liberatori.

La resolución de Cámara no coincide con lo dispuesto en primera instancia: los jueces Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima, en un voto conjunto que compuso la mayoría, indicaron que no es potestad del Poder Judicial ordenar un ordenamiento territorial.

"Es el Poder Legislativo, en primer término, quien tiene la potestad constitucional de diseñar la urbanización de la ciudad", sostiene la sentencia. Respecto del argumento del derecho a la vivienda los jueces indicaron que "la posesión aparentemente pacífica no se torna en título hábil para reclamar la propiedad".

En disidencia, la jueza Mabel Daniele propuso rechazar la apelación del gobierno.