Las indemnizaciones de la tragedia de Once, un misterio
A la espera de una resolución en la causa penal, las víctimas denuncian que les falta atención
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Procesos civiles, una causa penal, truncas asistencias a las víctimas y la espera de una indemnización multimillonaria forman parte del escenario que dejó una de las peores tragedias ferroviarias en el país .
Pasaron casi cinco meses desde el choque en la estación de Once. Pasaron funcionarios, peritajes, detenidos, excarcelados y hasta una quita de concesión. En el medio, siempre, 51 familias y más de 700 heridos que esperan algún tipo de respuesta.
"Debo decirle que momentáneamente tenemos congeladas las negociaciones debido a la quita de concesión de TBA", dice el mail que recibió uno de los abogados de las víctimas que había comenzado a negociar con la empresa extrajudicialmente.
El principio de arreglo lo llevaba adelante el representante de Leonardo Rugilo, un empleado de 34 años que el 22 de febrero viajaba desde Padua hasta Once, como todos los días. Estaba en el medio del primer vagón y todavía se pregunta cómo fue que sobrevivió.
Leonardo arrastra una lesión en la rodilla. Tardó más de un mes en volver a trabajar y dos en pisar nuevamente el Sarmiento. Ese día lloró durante todo el viaje. "En algunas frenadas, todavía me agarro fuerte de la gente y le tengo que pedir perdón", contó Rugilo a LA NACION. Inició una causa civil contra TBA y la empresa se mostraba dispuesta a negociar hasta que el contrato de concesión fue rescindido.
Las faltas de asistencia abundan. Leonardo Sarmiento, uno de los íconos fotográficos de la tragedia, denunció esta semana su precaria situación. No tiene trabajo, su esposa tampoco y le cuesta alimentar a sus hijos. "No tenemos ayuda de nadie, sólo de amigos", contó en diálogo con Radio 10. Según manifestó, ni el Estado ni TBA se hacen cargo siquiera de sus medicamentos.
Fuentes de TBA confirmaron a LA NACION que la empresa dispuso un plan de atención que incluía dinero en efectivo, traslados, medicamentos y hasta alquileres de viviendas para las personas que necesitaban tratamiento lejos de su hogar. Según la empresa, esas partidas tenían que ser absorbidas por el Ministerio de Planificación en un principio, y luego por el Ministerio del Interior, cuando el transporte quedó bajo el ala de Florencio Randazzo.
Pese a que todavía no le dio mayor fuerza a la los reclamos civiles, el abogado Gregorio Dalbón, representante de gran parte de los damnificados, estima una demanda de unos $ 1300 millones contra TBA y el Estado nacional. Esa es la suma calculada para las indemnizaciones de las familias de los fallecidos y los heridos atendidos por su estudio.
Quién se hará cargo de las indemnizaciones es tal vez el punto más conflictivo. Sin subsidios ni concesión, TBA difícilmente pueda hacer frente a los pagos y sus aseguradoras tienen topes máximos que no alcanzan para cubrir una tragedia de esta magnitud. El Estado parece ser la única salida para los damnificados.
"Entiendo que va a ser muy difícil que esto se solucione, porque TBA se va a declarar en quiebra y al Estado no le va a quedar otra que hacer pagar a la gente", explicó Dalbón.
Más allá de los reclamos civiles vinculados con la tragedia, la mayoría de los involucrados coincide en la necesidad de un avance en la causa penal. "No vamos a avanzar en el aspecto civil hasta que no se resuelvan los procesamientos", sostuvo Dalbón.
El abogado pretendía que el juez Bonadio, a cargo de la causa, tomara una decisión antes de la feria judicial, que comenzó este lunes y durará dos semanas más. "Antes de octubre esperamos tener un resultado en lo penal", señaló el abogado. Desde las liberaciones de Claudio Cirigliano (titular de Cometrans), Carlo Ferrari (presidente de TBA) y Carlos Lluch (abogado de la empresa), ya no quedan detenidos en la causa.
