Mal estacionamiento: la Ciudad toma el control del acarreo de vehículos por las irregularidades en el servicio
Los contratos de las dos empresas que tienen la concesión están vencidos desde 2001 y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tuvo varios intentos fallidos para regularizarlos
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LA NACIONMauricio Giambartolomei
En forma sorpresiva y sin un plan definido, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió tomar el control del servicio de acarreo de autos mal estacionados hasta que finalice el proceso de licitación que determinará los nuevos concesionarios. Hace dos semanas, la administración porteña había publicado en el Boletín Oficial las condiciones del procedimiento, que espera finalizar antes de fines de año, y en esa oportunidad no informó sobre la medida.
La decisión fue confirmada a LA NACION por fuentes de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas y de la Jefatura de Gabinete y fue anunciada esta mañana por el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel.
El cambio de rumbo que toman Horacio Rodríguez Larreta y su equipo se suma a la larga lista de contratiempos y desprolijidades de una historia de pasos errantes que tiene como protagonistas a dos empresas, Dakota-STO y BRD-SEC, que operan con contratos vencidos desde 2001 y sucesivas prórrogas, a cambio de un canon irrisorio y en medio de reiteradas críticas de usuarios y diversos sectores de la sociedad.
Desde 2013 la Ciudad intenta regularizar el servicio de estacionamiento medido y de grúas de acarreo de vehículos, pero los proyectos de ley elaborados por el oficialismo chocaron contra impugnaciones en la Justicia de empresas que participaron de los procesos licitatorios, a la par de los recursos de amparo interpuestos por legisladores de la oposición. Todas esas intervenciones provocaron que al menos seis proyectos se dieran de baja.
Finalmente, en una decisión que se tomó en las últimas horas de ayer en la línea más alta del gobierno porteño, la Ciudad tomará el control de las grúas. Aunque todavía no se sabe cómo.
“Desde la Ciudad decidimos hacernos cargo del servicio de acarreo, una decisión transitoria hasta que se defina la nueva licitación, es un proceso que está en marcha. Veníamos pensándolo en el gobierno y será una transición en el servicio público que no puede desaparecer”, sostuvo hoy el Felipe Miguel, sin dar muchas más precisiones, en el anuncio de los cambios en los exámenes para obtener la licencia de conducir.
“La ley 6353 de 2020 le daba al gobierno un plazo de dos años para adjudicar un nuevo servicio, plazo que vence el 4 de diciembre de este año. Como no es seguro que lleguemos a esa fecha con todo ese proceso concluido, veníamos trabajando en definir una modalidad que nos permitiese recorrer esta etapa de transición. Ya estamos trabajando en la implementación”, agregó el funcionario.
Dos empresas
En la actualidad Dakota-STO y BRD-SEC se dividen el monitoreo de diferentes sectores de la ciudad. La primera patrulla el mal estacionamiento en Recoleta, Retiro, Palermo, Colegiales y Villa Crespo, y la segunda recorre La Boca, Barracas, Parque Patricios, San Telmo, San Nicolás y Monserrat.
Ambas operan en forma irregular y con un canon que ronda los $55.000 mensuales. En promedio levantan unos 350 vehículos por día y el año pasado realizaron alrededor de 125.000 acarreos; el costo que debe afrontar el infractor para recuperar su vehículo es de $6525 más el costo de la multa.
A partir de ahora, la Ciudad deberá sentarse a negociar con las empresas y definir de qué manera se implementará la transición, que implica, además de la operatoria, los puestos de trabajo, la infraestructura y logística del servicio. Desde el Gobierno aseguraron que se mantendrán los empleos aunque no pudieron afirmar que ocurrirá con las grúas de acarreo, las playas y el resto de las instalaciones usadas hasta hoy.
La transición no será inmediata, aunque no se demoraría mucho tiempo. Según pudo saber LA NACION, Autopistas de Buenos Aires (AUSA SA) se haría cargo del servicio.
El anuncio causó sorpresa hasta en el interior del Gobierno y se desencadenó por una cuestión política que transcurrió en los pasillos de la Legislatura. Según averiguó este medio, Los bloques de la oposición preparaban un pedido para tratar, en sesión especial, la suspensión del servicio de acarreo por las irregularidades en los contratos, pero no alcanzaban el quorom propio de 31 legisladores. Hasta que Elisa Carrió entró en escena y ordenó que los diputados de la Coalición Cívica se unieran al frente opositor en el reclamo para llegar al número necesario y elevar el pedido en el recinto.
El Gobierno, que ya venía trabajando en un modelo de transición, eligió anunciar en formar apresurada y desprolija que tomaba el control del servicio antes que pagar el costo político de que sea obligado por Legislatura a suspenderlo.
El acuerdo opositor se había denominado Frente Antigrúas y concentraba las fuerzas del Frente de Todos y los libertarios de Javier Milei, además del Frente de Izquierda y, en las últimas horas, la Coalición Cívica. La intención de esta unión era “tratar la suspensión del servicio de acarreo en la Ciudad hasta que se regularice la situación de las concesiones, que están vencidas desde 2001″, según se había anunciado en un comunicado.
Postergaciones
En los últimos nueve años hubo diferentes obstáculos que imposibilitaron la regularización del sistema. En 2013 se aprobó la primera ley para regularizar el estacionamiento medido y el acarreo de vehículos con una ampliación del estacionamiento medido al 45% de la ciudad para llegar a 140.000 nuevos espacios en los que se deberían pagar distintos tipos de tarifas. Esa ley incluía, además, crear diez playas de acarreo instaladas en las cinco zonas en las que se dividiría el servicio, con una empresa asignada a cada una de las zonas. Pero esa iniciativa no logró avanzar y se dio de baja.
Tres años más tarde hubo otro intento con un nuevo proyecto de ley que contempló cambios, el principal, producto de impugnaciones de las empresas interesadas, había sido que el Estado se comprometía a proveer las nuevas ticketeadoras. La emergencia económica y sanitaria por la pandemia de coronavirus obligó a otra cancelación y renegociar contratos con las compañías que ya habían avanzado en el proceso licitatorio. Finalmente, en 2020 se aprobó una nueva regulación que bajó a 80.000 los lugares a los que llegará el estacionamiento medido e introdujo la plataforma digital para pagar.
El 29 de julio pasado se publicó en el Boletín Oficial porteño un nuevo llamado a licitación para el llevar el servicio de acarreo a todos los barrios, pero de acuerdo a la demanda de los vecinos. Es decir, las personas podrán, a partir de que se implementen las nuevas condiciones, solicitar una grúa al detectar algún vehículo en infracción, principalmente, mal estacionado. Boti (el canal de atención a través de WhatsApp), la línea telefónica 147 o los perfiles de las redes sociales recibirán los pedidos.
Las grúas no estarán recorriendo las calles, como lo hacen ahora las de Dakota y BRD, sino que acudirán ante la demanda de los vecinos; la ciudad se dividirá en tres zonas y en cada una de ellas habrá dos playas de acarreo.
Las nuevas prestadoras recibirán un pago mensual por el servicio ofrecido mientras que la Ciudad percibirá el monto que deben pagar los infractores. Aquellas empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta mediados de septiembre y competir para tener el control de una de las tres zonas. Antes de fin de año se espera que las concesiones sean preadjudicadas. Pero, antes, el Gobierno tomará el control del servicio, en forma drástica, poniendo punto final a una larga historia de idas y vueltas.
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