Revés judicial para los deliveries: un juez suspendió la actividad y ordenó operativos policiales
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En un nuevo round de la batalla judicial contra los delivery el titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Andrés Gallardo, ordenó suspender la actividad de las empresas Rappi, Glovo y PedidosYA en la Ciudad de Buenos Aires a partir de hoy.
Además pidió a las empresas de tarjetas de crédito la inmediata suspensión y bloqueo de las operaciones y solicitó a la Policía de la Ciudad que dispongan operativos para identificar a los conductores de las bicicletas y motos afectados al transporte de mercadería y el decomiso de la misma.
La resolución tiene efecto inmediato. Fuentes judiciales fueron tajantes en aclarar que todas las partes ya fueron notificadas y quien no cumpla con lo ordenado "será denunciado penalmente por desobediencia".
De todas formas desde las tres empresas comunicaron que mantienen un diálogo abierto con el Gobierno de la Ciudad. En tanto Rappi, confirmó también el normal funcionamiento de la aplicación. "Expresamos nuestra preocupación por este fallo que perjudica tanto a repartidores, como comercios locales y consumidores, y lamentamos profundamente dicha decisión judicial, que será apelada. Seguiremos velando por los intereses de todas las partes, con el mismo compromiso de siempre", señaló Rappi.
Por su parte, Glovo destacó en un comunicado oficial que forma parte de una mesa de trabajo, convocada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su compromiso con el país. "En el último año invertimos más de 20 millones de dólares" . Y agregó: "Mantenemos un diálogo abierto en búsqueda de consenso y mejoras para todos. Queremos seguir invirtiendo en Argentina porque creemos en el potencial del país y esperamos que se resuelva de la mejor manera."
En el caso de Pedido Ya, la empresa también resaltó que continúa trabajando y cooperando con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "PedidosYa y RepartosYa informan que cumplen con la normativa vigente y de conformidad con lo resuelto oportunamente, por la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo reafirma su pleno compromiso con la seguridad vial", sostuvo la empresa.
Desde la Secretaría de Transporte y Tránsito de la ciudad adelantaron que apelarán el fallo al considerar que es una medida que atenta contra la libertad de trabajo. En abril el mismo magistrado había ordenado que los repartidores de estas firmas no podían volver a las calles hasta que no estén inscriptas en el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorrodados (Rutramyc) y garanticen que todos los trabajadores "circulen con casco", que "la caja portaobjeto esté anclada a la moto o bicicleta y no en la espalda" del conductor, que posean "seguro de vida y accidentes" y "libreta sanitaria" y que los rodados "cuenten con adecuada señalización mínima (luminosa y refractaria)".
Según la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios la medida afectada a unos 5000 trabajadores que se desempeñan en firmas de mensajerías y delivery dentro de la ciudad. Otros 7000, se estima, prestan servicios de manera independiente.
Para ejecutar el fallo hoy se habilitó la feria judicial dándole lugar a un reclamo de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios, según informó el sitio ijudicial.gob.ar. La resolución de Gallardo tiene como objetivo ejecutar lo resuelto el 10 de julio por la Cámara de Apelaciones del mismo fuero que le daba un plazo de diez días a las empresas y cinco al Ejecutivo porteño para regularizar la actividad o, al menos, prohibir que los motociclistas y ciclistas que transportan pedidos circulen sin casco e indumentaria con bandas reflectantes.
Dicha resolución tiene como objetivo "regularizar las prestaciones de las empresas, impedir que continúen produciéndose accidentes evitables, que cobren la vida o la integridad física de los empleados repartidores; prevenir y evitar situaciones que conlleven daños a la salud de la población por la eventual manipulación indebida de alimentos; y prevenir y evitar la distorsión de los sistemas de distribución a fin de que no sean utilizados para consumar ilícitos", según la información oficial.
Gallardo pidió que Rappi, Glovo y PedidosYA entreguen a la Justicia, en los próximos dos días, una lista completa de su personal, la constancia de haber entregado por su cuenta y cargo a la totalidad del personal los elementos de seguridad vial exigidos por la ley (casco, indumentaria para visualización nocturna, fijación de caja en rodado), la acreditación que el personal de reparto posee libreta sanitaria vigente, y las constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros y ART.
El juez recordó que estos pedidos habían sido solicitados hace siete meses y aún no se efectuaron. Hasta tanto no se cumplan estas condiciones legales Gallardo ordenó la suspensión de la actividad de las tres empresas. Y le solicitó a Visa, Mastercard, Tarjeta Naranja y American Express bloquear las operaciones en sus plataformas.
Hasta el momento en el Ministerio de Justicia y Seguridad no habían recibido la notificación para ordenar controles, pero voceros de la cartera aseguraron que si llega el pedido deberán acatarlo. La resolución de Gallardo sostiene que todo envío transportado por Rappi, Glovo o PedidosYA que no respete los requisitos legales y judiciales "será decomisado por efectivos de la Policía de la Ciudad y remitido al área de análisis bromatológico del Gobierno de la Ciudad o al laboratorio de análisis químicos de la Policía".
"Una vez efectivizado el decomiso dispuesto, los funcionarios policiales deberán permitir que el conductor continúe circulando con su vehículo, salvo que se verificasen otras infracciones a las normas de tránsito que requieran la adopción de un temperamento diferente", agrega el comunicado. Además, las empresas plataformas serán sancionadas con el pago de $10.000 por cada infracción verificada.
