Riachuelo: la Corte analiza contrataciones realizadas por AySA

La nueva audiencia ante la Corte por el saneamiento del Riachuelo fue dominada por las sospechas sobre contrataciones para obras hidráulicas en la cuenca que involucran a cinco empresas vinculadas entre sí.

El detalle de las compañías y las obras fue entregado al máximo tribunal del país por la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que en una publicación realizada por el matutino Página/12 se asegurara que esas empresas están vinculadas a otra integrada por familiares del juez federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de la ejecución del fallo de la Corte por el saneamiento.

Los ministros del tribunal pidieron ayer explicaciones a uno de los organismos involucrados en el plan de recuperación de la cuenca: Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA). Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton le pidieron al presidente de la empresa estatal, Carlos Ben, detalles sobre los tipos de contrataciones que realizan. "Me queda poco claro cómo se rinden las cuentas", le dijo Highton.

Ben indicó: "La mayoría de las inversiones de AySA provienen de fondos propios. Los fondos de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo [Acumar] que aún no se ejecutaron se usan para dos obras: la planta depuradora Fiorito y la planta de tratamiento de Acuba, en Lanús".

Según Ben, AySA tiene controles internos y externos encargados de brindar los detalles de esas cuentas, que en "forma bimestral envían a Acumar". Pero los magistrados quisieron tener más precisiones y le preguntaron por las obras que tiene la compañía M&T SA, que ascienden a un monto de $ 123,4 millones de pesos. El informe de la AGN también menciona contrataciones directas a esa empresa por el alquiler de maquinaria vial por $2,7 millones.

Las dudas sobre estos contratos surgieron cuando la AGN cruzó los datos de M&T SA con las empresas Tierras Provinciales SA; Vial Rogo SA y Gildin SA, cuyas composiciones accionarias comparten al menos un socio. Algunos miembros de estas sociedades forman parte de San Martín 264 Bernal SA, entre cuyos socios figuran la esposa de Armella, Marina Laura Groba Martini; su suegro, Francisco Alberto Groba, y el tío de su mujer, Aníbal Carlos Nietzel.

"Tenemos un caso en que se da una compulsa de precios entre estas empresas para una obra que asciende a 58 millones de pesos -dijo Maqueda y preguntó-¿No se verificó la composición accionaria de los oferentes?" Ben indicó que no se había advertido ninguna anomalía en aquella compulsa y que AySA no tenía ningún otro contrato (sobre la cuenca) que no fuera con M&T SA.

En su presentación ante la Corte, Armella indicó que la empresa de su familia política es un fideicomiso conformado sólo para la construcción de un edificio en un terreno que tienen en Bernal desde hace años.

Lorenzetti, por su parte, quiso saber por qué se utilizó la contratación directa de estas empresas y le preguntó si eso obedecía a alguna resolución del juez de Quilmes. "No fue a pedido del juez de la causa sino que fue por la demora que existía en la obra", de la planta de El Jagüel, respondió el presidente de AySA. Ben también dijo que la obra millonaria cuestionada en el informe -la de la planta depuradora de Quilmes- no está dentro de la cuenca.

Pero las autoridades de la AGN sostuvieron que hay una contradicción en lo dicho por Ben, ya que, en el informe presentado a la Corte, y siempre según la documentación enviada por AySA, se argumentaba que las contrataciones directas se hacían para cumplir con los fallos del juez. El presidente de la AGN, Leandro Despouy, indicó: "Esto demuestra que se manejan fondos millonarios y que no hay ningún control".

Según el informe del organismo de control, esta operatoria se repite en obras contratadas por la Coordinación Ecológica Sociedad del Estado (Ceamse).