Se esperan avances en la causa por la toma en Lugano

Se conocerán hoy avances en el expediente judicial que analiza el desalojo del ex cementerio de autos usurpado hace más de tres semanas en Villa Lugano. Fuentes tribunalicias informaron ayer a LA NACION que la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional resolverá sobre la recusación de uno de sus miembros y, tal vez, sobre el recurso que viene frenando la orden de liberar el predio, emitida por un magistrado de primera instancia.

Según las fuentes, la recusación contra el camarista Marcelo Vázquez -que fue impulsada por la defensoría general de la Ciudad- sería rechazada por los otros dos integrantes de la Sala III del tribunal de alzada.

Una vez decidida esta cuestión, la sala -que integran además Sergio Delgado y Jorge Franza- podrá abocarse a estudiar y emitir sentencia respecto de la apelación en curso contra la orden del juez subrogante Gabriel Vega de desalojar el terreno de Pola y Fernández de la Cruz, y restituirlo al Estado porteño, a quien pertenece.

Existe una segunda orden de allanamiento, de la jueza titular Gabriela López Iñíguez, pero cuya aplicación también depende de lo que decida la Cámara de Apelaciones.

Como se recordará, el 24 de febrero pasado unas 300 personas usurparon en reclamo de una vivienda propia el predio en el que, hasta hace un año, funcionaba un depósito de autos de la Policía Federal.

Por impulso de la Asesoría Tutelar porteña, la justicia en lo contencioso administrativo había ordenado al gobierno porteño el cumplimiento de una ley que obliga a sanear ese terreno y urbanizarlo en beneficio de habitantes de la villa 20. La demora en el proceso favoreció la instalación ilegal de las familias.

Desde entonces, el asentamiento se fue consolidando física y socialmente. Los ocupantes construyeron casillas precarias, ingresaron cables de electricidad y hasta le dieron nombre al barrio: Papa Francisco. El cura párroco de la villa 20, el padre Franco Punturo, bendijo las viviendas y, una vez por semana, celebra misa para las familias instaladas en el predio; a la mayoría las conoce, explicó, porque provienen de la misma villa 20.

Si bien no hay pistas sobre cuál sería el sentido del fallo de la Sala III respecto del desalojo, cabe recordar que dos de sus integrantes -Vázquez y Delgado- habían propiciado oportunamente el desalojo de veredas ilegalmente ocupadas en el Bajo Flores. En ese caso, los camaristas consideraron que "todos los ciudadanos" son "titulares" de "los bienes de dominio público" -como el terreno usurpado ahora- y, por eso, "en modo alguno pueden uno o más de ellos arrogarse un poder sobre esos bienes".

Si confirmaran el fallo de primera instancia, la incógnita será qué fuerza de seguridad aceptaría realizar el operativo, luego de que ninguna tomara el mando cuando lo ordenó Vega y el allanamiento naufragara.

Tal como publicó LA NACION en ediciones anteriores, según los fiscales que investigan la toma del ex cementerio de autos la usurpación fue fomentada por un grupo de personas que viene comercializando lotes en distintos asentamientos y, en este caso, los ofreció por entre $ 8000 y 20.000.

Los sospechosos que están en la mira son Néstor Rivas, Darío Varela, Marcelo Chancalay -ex líder de la villa 20 que trabajó para UNEN y es dueño de una empresa constructora ligada a la Fundación Sueños Compartidos-, Emanuel y Alejandro Ríos, Marcelo Urquiza y Roberto Giménez o Jiménez.

También hay una causa abierta en la justicia nacional en lo criminal. La fiscal Felisa Elena Krasucki investiga el asesinato de Osvaldo Soto, que falleció al recibir varios disparos en confusas circunstancias durante el primer día de la toma en Villa Lugano. La funcionaria informó a la familia de Soto que el agresor fue identificado, pero todavía resta su detención.

Un predio en conflicto desde hace años

En 2005, la ley porteña N°1770 estableció que el predio de Pola y Fernández de la Cruz, donde funcionaba un cementerio de autos de la Policía Federal, debía ser recuperado para su saneamiento y posterior construcción de viviendas sociales para habitantes de la villa 20.

Sólo en 2013 el Estado porteño recuperó el predio. Pero al comenzar este año no había avances en el plan de remediación y urbanización.

El 24 de febrero pasado, unas 300 personas usurparon el lugar en reclamo de viviendas.

El 28 de febrero, el juez Gabriel Vega ordenó el desalojo del terreno y su restitución a la Ciudad. Pero debió suspenderse porque falta organización policial.

El fallo fue luego apelado y se espera una definición para las próximas horas.