Se pagará por estacionar en uno de cada cuatro lugares

En diciembre de 2013, el gobierno porteño tenía todo listo para regular el sistema de acarreo de automóviles y ampliar el estacionamiento medido en gran parte de la Capital. Tres años después, la situación cambió poco: las dos empresas de grúas que se reparten el servicio continúan operando en la ilegalidad y los espacios libres para dejar los vehículos en la vía pública son un verdadero tesoro.

Sin embargo, un nuevo intento se concretó ayer, tras la aprobación de una ley que reemplazó la sancionada en 2013 y descartada este año por las constantes trabas en la Justicia, solicitadas por una empresa que había quedado fuera de los contratos de concesión. Se trata, para algunos diputados que votaron en contra, de una norma con fines recaudatorios que le dará otro sacudón al bolsillo de los vecinos. Para la Secretaría de Transporte porteña, en cambio, es un aporte al reordenamiento vehicular y la solución a un sistema que funciona plagado de vicios desde 2001.

Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Recoleta y Palermo son algunos de los barrios donde funcionan hoy los parquímetros. A partir de la aplicación de la ley, que comenzaría a regir en el segundo semestre de 2017, el estacionamiento medido llegará al 45% de las calles. El sur de la ciudad y algunos sectores de la zona oeste quedarán exceptuados, de acuerdo con el mapa anexado a la ley aprobada ayer.

En cambio, Almagro, Boedo, Colegiales, Caballito, Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar y Constitución, entre otros barrios, verán el despliegue de parquímetros.

De los 334.654 espacios disponibles para estacionar en la vía pública 4000 están controlados por los parquímetros: se ampliarán a 86.768, el 26% del total, es decir que uno de cada cuatro espacios será tarifado.

Cambios

En septiembre pasado, la Secretaría de Transporte dio de baja la ley aprobada en 2013 y envió otro proyecto a la Legislatura con cambios importantes. La principal diferencia será que el Estado proveerá tickeadoras. Uno de los frenos judiciales se originó en el reclamo de una empresa que cuestionaba las formas de adquisición de la nueva maquinaria.

También se eliminó la modalidad de pago de la tarifa (hoy cuesta $ 8 la hora) con efectivo o monedas. Sólo se prevé la posibilidad de abonar con tarjeta de crédito o débito, SUBE y una aplicación para dispositivos móviles.

De acuerdo con la ley, para el acarreo la ciudad quedará dividida en cinco zonas con diferentes playas; las empresas podrán controlar hasta dos zonas. Lo recaudado ingresará al tesoro del Estado, que les abonará a las empresas por el cumplimiento del servicio. Hoy, dos firmas -Dakota-STO y BRD-SEC- se reparten el control de las grúas (recuperar el auto cuesta $ 750); operan con contratos vencidos desde 2001 por un canon mensual de $ 55.000 cada una.

"Creemos que detrás de esta licitación en cinco zonas hay un montaje para beneficiar a las empresas. Aquí se ha generado un apuro para sacar leyes", opinó ayer durante el debate la diputada de Confianza Pública Graciela Ocaña.

No fue la única en mostrar discrepancia en un proyecto que tuvo 33 votos a favor y 21 en contra; el proyecto necesitaba de 31 adhesiones para convertirse en ley. "La Ciudad hará un gran gasto para comprar parquímetros para luego concesionar su explotación. Se trata de una tecnología que en pocos años quedará obsoleta", sostuvo el legislador de SUMA+ Hernán Rossi. Las más de 2000 tickeadoras que se instalarán tendrán un costo de 18 millones de dólares.

Desde el oficialismo defendieron la iniciativa del Poder Ejecutivo. "Esta ley tiene por finalidad administrar eficientemente el uso del espacio público y evitar hechos indeseados que entorpecen la fluidez vehicular. Son situaciones que perjudican la convivencia diaria de los ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad vial", argumentó Cristina García de Aurteneche, vicepresidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte y miembro de Pro.

La ampliación del sistema incluye tres tipos de tarifa según las zonas reguladas por parquímetros. Y contempla la figura del residente, mediante la cual se otorgará un permiso por hogar para estacionar un vehículo en la vía pública en un perímetro de 200 metros del domicilio. En esa zona el beneficiario podrá estacionar sin costo.