Sigue sin solución el conflicto con los sin techo que cortaron la autopista Illia
El gobierno porteño les ofreció un subsidio para que puedan alquilar; los desalojados están divididos y un grupo amenazó con volver a interrumpir el tránsito; la Policía Metropolitana montó un operativo especial de prevención
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Pese a las reuniones y negociaciones, la tensión sigue. Manifestantes desalojados de terrenos linderos con las vías de los ferrocarriles Belgrano Norte y San Martín, en Recoleta, que cortaron durante ocho días la autopista Illia resolvieron anoche aceptar, en disidencia, la proposición de la Ciudad de abrir un canal de diálogo y de recibir subsidios menores para alquilar una propiedad. Sin embargo, una disputa entre los desalojados, quienes se acusan mutuamente, prolongó el conflicto.
Anoche, en una acalorada asamblea en la villa 31, varios habitantes que reclamaban una casa permanente o un subsidio de $ 50.000 para comprar una propiedad -y que el gobierno de Macri les negó- cuestionaron a los representantes que horas antes se habían reunido con funcionarios porteños y que habían acordado no volver a cortar la Illia. A cambio, aceptaron recibir asesoramiento y subsidios menores para todas las familias afectadas. Pero muchos estaban en desacuerdo.
El lunes pasado, un grupo de 20 personas, representantes de unas 141 familias desalojadas de un predio situado entre las vías de los ferrocarriles, a la altura de la estación Saldías, en Recoleta, cortó la Illia. Sólo se levantó tras una negociación encabezada por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Pero las acusaciones entre la Casa Rosada y el gobierno porteño continuaron , incluso ayer.
La mayoría de los manifestantes desalojados insistían anoche en solicitar un subsidio de al menos $ 50.000 por grupo familiar para adquirir un terreno. Otros, en cambio, hicieron pesar el camino del diálogo para evitar un nuevo conflicto.
La asamblea dejó la puerta abierta para volver a interrumpir el tránsito en la Illia -anoche custodiada por 50 efectivos de la Policía Metropolitana- y votar para una nueva reunión prevista para hoy con funcionarios de la ciudad.
El desalojo de las vías había sido ordenado por el juez federal Sebastián Cassanello, por pedido del ferrocarril Belgrano Norte, aunque para la Justicia la cantidad de familias eran sólo 66.
En la primera reunión de ayer funcionarios de la ciudad propusieron a cinco representantes otorgarles un plan de asistencia social para cobrar un subsidio para que así puedan alquilar una vivienda. Pero, también, asistirlos con programas de educación y salud.
"La Ciudad les propuso distintas alternativas de ayuda, pero de ninguna manera se planteó en la mesa la cesión de una vivienda o el cobro de un subsidio. Estas demandas no están en los planes de la Ciudad. La ayuda que se les brindará es la que reciben todos los que están en la misma situación", dijo a LA NACION Gonzalo Mórtola, coordinador general del programa de mejoras para las villas 31 y 31 bis.
El descontento de las personas que reclaman una vivienda se hizo saber. Alicia Estigarribia, mujer con 12 hijos que fue desalojada de las vías del Belgrano y que participó de los cortes de la Illia, se quejó porque no lograron su objetivo: tener una casa. "Yo no quiero cortar la autopista, pero la verdad es que la mayoría de las familias que fueron desalojadas están disconformes con lo que nos ofreció la Ciudad", dijo Estigarribia a LA NACION. Y agregó: "Ahora nuestros compañeros desconfían de nosotros; creen que arreglamos con la Ciudad y no nos creen. Mañana [por hoy] habrá otra reunión", agregó.
Anoche algunos insistían en volver a cortar la autopista Illia como medio de presión para conseguir una vivienda. Al mismo tiempo, preveían otra reunión con la Ciudad.
Piden procesamientos
En un nuevo capítulo de las disputas entre el gobierno nacional y el de la Ciudad, el Ministerio de Seguridad de la Nación pidió el procesamiento del comisionado de la Policía Metropolitana, Roberto Panario, por "inacción" durante el corte de la Autopista Illia. El organismo solicitó ante la fiscal contravencional, Daniela Dupuy, que se impute a Panario por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", por no tomar medidas frente al corte de acceso vial. Se argumenta que según la ley de seguridad pública de la Ciudad, la Policía Metropolitana debe brindar seguridad a las personas y bienes, prevenir la comisión de delitos y contravenciones, y hacer cesar dicha comisión. Y aseguran que es "claro el incumplimiento de esas competencias atribuidas por la normativa local".
