Surgen puestos ilegales de venta de SUBE

Fueron descubiertos 22 negocios porteños en los que se comercializan los plásticos de manera informal; no se pide documento alguno y hasta son más caros que el precio oficial; ninguno de esos locales figura entre los autorizados

"Conmigo no necesitás DNI, no necesitás nada" , dice un señor sesentón con gesto cómplice, mientras ordena unas 20 tarjetas violeta en la cajita sobre una repisa. Cada una tiene logos oficiales, el código impreso en el plástico y, también, en el adhesivo blanco pegado en el frente. El local, donde se respira olor a sopa, está en Rivadavia al 8800, a metros de la avenida Olivera. Un cartel con letras en fibrón rosa ofrece plastificados, panchos, triples de jamón y queso, y tarjetas SUBE a 20 pesos. "Yo sólo te la vendo. Pero la podés cargar enfrente", agrega el hombre.

Ése y por lo menos otros 20 comercios que descubrió LA NACION en distintos barrios de la Capital no figuran en el listado de los locales autorizados para comercializar la tarjeta SUBE, publicado en la página web del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación. En total, hay 5000 puntos de venta y 6500 de recarga habilitados en el área metropolitana y del Gran Buenos Aires.

Cuando se lanzó, entre 2010 y 2011, la tarjeta se conseguía gratis en los puestos distribuidos por toda la ciudad. A la memoria vienen las imágenes de interminables filas de gente en la Plaza de Mayo, a metros de la Casa Rosada. Para tramitarla era necesario presentar el DNI. Ahora la SUBE se puede adquirir a 15 pesos, que es el precio fijado por el ministerio, en los comercios habilitados o pedirla online con un costo de 25 pesos. Pero en los comercios no incluidos en el listado oficial los precios varían entre los 15 y 20 pesos, y en ninguno exigen el documento personal para comprarla.

Desde que se instrumentó, el Sistema Único de Boleto Electrónico logró solucionar algunas incomodidades de los usuarios del transporte público. El primero fue la escasez de monedas, ya casi innecesarias para viajar en colectivo. Funciona en general, como servicio a la sociedad, pero con fisuras y montado sobre una estructura que sigue demostrando cierta precariedad.

"Todos los comercios habilitados para vender son los que forman la red de SUBE y están en el listado oficial de la página web. Puede ser que alguno aparezca en esa lista y no la venda más. Pero al revés, de ninguna manera, no hay", indicaron a LA NACION los voceros del área que controla la SUBE, perteneciente a la Secretaría de Transporte de la Nación. Pero la realidad indica lo contrario.

Los puntos de venta legales son fácilmente reconocibles. Todos tienen carteles, calcos o plotters con la marca SUBE, y los colores violeta y verde que identifican a la marca. "Un local puede no tener el cartel, pero estar en la red de punto de venta. Capaz que no le llegó el calco, puede pasar en un caso aislado", argumentaron los voceros.

Sin embargo, fueron 22 los comercios que venden SUBE descubiertos por LA NACION en la recorrida por los barrios de Retiro, San Nicolás, Monserrat, Recoleta, Palermo, Balvanera, Caballito, Villa Crespo, Vélez Sarsfield y Liniers.

Ningún funcionario o responsable directo del área de SUBE quiso explicar por qué se comercializa en locales que no aparecen en el listado, cómo llegan las tarjetas a esos lugares y por qué se venden a un precio superior a los 15 pesos. Tampoco atendieron la consulta respecto de la posibilidad de que exista un mercado ilegal de ventas al público.

"A las tarjetas me la traen los que reparten las tarjetas de teléfono y estos protectores donde va la tarjeta. Se pone así, ¿ves?", explica la mujer que sale de la oscuridad del quiosco, una especie de galería con una ventana y un exhibidor de golosinas. "Ésta es la última. Las vendí a todas. Son 18 pesos", dice, mientras pasa y pasa gente desde y hacia la estación Plaza Miserere, a menos de 100 metros del comercio.

En Luis Viale al 300, en Villa Crespo, una pizarra pegada en la pared dice en tiza: "Hay SUBE y pan". El pan, a 12 pesos el kilo; la tarjeta, a 15 pesos. Tiene un cartel con el logo oficial, pero es una fotocopia descolorida. Sobre la avenida Santa Fe, casi Salguero, un puestero de diarios lamenta no poder satisfacer al cliente, pero le promete que en dos días llegará una nueva entrega de plásticos. Allí cuestan 20 pesos.

El mismo precio cobran en un quiosco de Santa Fe al 2700. "No están trayendo. Hace dos semanas que pedimos, pero nuestro proveedor no las consigue", comparte el dueño.

¿Cómo funciona la distribución de las tarjetas? Desde SUBE explicaron que se firman convenios con diferentes redes -por ejemplo, con Correo Argentino o Lotería Nacional- y cada una se encarga de hacerlas llegar a sus locales que estén inscriptos en el listado.

Cada tarjeta tiene un código electrónico mediante el cual se hace un seguimiento una vez entregada al distribuidor. "Por una cuestión de seguridad no existe la posibilidad de que haya un mercado negro. No existe un mercado paralelo", afirmaron fuentes del Ministerio del Interior y Transporte.

Diez denuncias por mes

Explicaron que se reciben entre cinco y diez denuncias mensuales sobre lugares donde venden la tarjeta a un precio superior al establecido. En esos casos, los inspectores actúan para corroborar la falta y sancionar hasta con la clausura del punto de comercialización. Aunque la misma fuente le quitó relevancia al dato cuando lo contrastó con la cantidad de tarjetas activadas por mes, entre 100.000 y 150.000. Y nada pudieron decir sobre cómo los comercios descubiertos en la recorrida habían pasado los controles.

Ricardo Jaime -cuya detención en una causa por corrupción solicitó ayer la Justicia- fue quien presentó el proyecto del Sistema Único de Boleto Electrónico cuando era secretario de Transporte de la Nación, con la promesa de que estaría listo en tres meses. Su sucesor, Juan Pablo Schiavi, no pudo ver el sistema en funcionamiento por culpa de algunas pruebas fallidas y su renuncia tras la tragedia ferroviaria de Once. Finalmente, fue Randazzo quien lo puso en funcionamiento.

Una investigación de este diario dejó al descubierto las irregularidades en los pagos al grupo de empresas a cargo de la supervisión del contrato firmado en marzo de 2011 y mediante el cual el Gobierno nacional se comprometió a pagar 65 millones de pesos. En la causa, que derivó en la suspensión del acuerdo en julio de 2012, la renuncia de Jorge de Beláustegui, coordinador general del Proyecto de Transporte Urbano Buenos Aires y la imputación de Schiavi, se comprobó la existencia de sobreprecios y la contratación de empleados fantasma. Un año después, las irregularidades continúan.