Villas: un decálogo para que la urbanización sea integral

Organizaciones sociales, instituciones educativas y vecinos de villas porteñas presentaron ayer un decálogo de puntos básicos que consideran que debe respetar la urbanización de cualquiera de los barrios, aunque cada asentamiento tenga sus características. Los referentes hicieron hincapié en que los habitantes deben participar de los procesos de integración socio- urbana de sus vecindarios. También resaltaron que la problemática debe ser abordada de manera integral. El objetivo es que el documento “Acuerdo por la urbanización de las villas” llegue a manos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de legisladores.

Eduardo Reese, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y colaborador en la confección del texto, dijo a la nacion: “Cuando la Ciudad cambió su política respecto de las villas y decidió que asumiría la responsabilidad de urbanizar, creímos necesario establecer cuáles son los estándares mínimos sobre los que se tienen que ajustar esos procesos”.

Reese agregó que, si bien la urbanización “es un traje a medida de cada barrio, sí se puede establecer un piso común para todos los casos”.

Según algunos de los puntos consensuados, las villas deben ser integradas urbanística y socialmente al resto de la ciudad, lo que implicaría que "las intervenciones deben mejorar las condiciones de vida sin alterar la identidad barrial y comunitaria", enfatizan las organizaciones. En los procesos no debe faltar la participación de los habitantes locales, que deben acceder a toda la información y ser consultados sobre los planes y sus plazos.

"La idea es colaborar y que los funcionarios responsables puedan incorporar estos ítems al diseñar las políticas públicas; los pobladores, en tanto, los usarán como insumo para discutir los proyectos. También el resto de la población debe tener conciencia social sobre este tema", explicó Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Marcos Chinchilla, vecino de la villa 20, destacó el trabajo de la mesa de participación que se conformó junto con las autoridades porteñas en el caso particular del asentamiento donde él vive. "Nosotros debemos sentar jurisprudencia de cómo debe realizarse la integración sociourbana, pero no en todos los barrios están al tanto de los procesos que le competen a cada uno. En las villas 31 y 31 bis anunciaron un proyecto sin tener en cuenta el de los vecinos", dijo el hombre a LA NACION.

En el caso de esos asentamientos de Retiro, algunos referentes, como Amalia Aima, reclaman que se apruebe el dictamen de la ley 3343 de 2009, que se refería específicamente a la urbanización de esas villas y que actualmente está en la Comisión de Vivienda de la Legislatura. "Varias organizaciones trabajamos con ese proyecto 14 meses", explicó.

Fuentes de la Ciudad consultadas por LA NACION celebraron la redacción de estos puntos que consideraron como "la base de su propuesta integral". Agregaron que incluso trabajaron previamente con muchas de las organizaciones participantes y que "siempre" escuchan a los vecinos.

Respecto de las dudas por la urbanización de las villas 31 y 31 bis, los voceros explicaron: "La ley 3343 ya fue aprobada. El dictamen al que se refieren los vecinos, que fue redactado por la mesa de participación que nació con esa ley, está en proceso de actualización y para ello están trabajando los técnicos, con el objeto de aprobar luego una nueva ley que incluya las modificaciones en el Código de Planeamiento Urbano".

El documento presentado ayer indica que la infraestructura urbana de las villas debe incluir la conexión vial del barrio con el entorno. Para ello se necesita una oferta de medios de transporte público como la que hay en el resto de la ciudad. La provisión de servicios públicos y la construcción de lugares de esparcimiento deben ser equivalentes a las existentes en otros vecindarios ya consolidados.

"Toda política de villas deberá evitar desalojos y sustentarse en el principio de arraigo. Las relocalizaciones sólo deben llevarse a cabo en casos excepcionales", aclara el texto, y enfatiza en la necesidad de relevar cada vivienda para conocer sus condiciones de habitabilidad.

Un tema complejo en las villas suele ser la problemática de los alquileres: por una pieza pequeña, sin baño ni cocina, una familia abona en promedio $ 4000 mensuales. Las organizaciones proponen que el gobierno porteño promueva alquileres sociales dentro de los asentamientos. A partir de la locación de inmuebles de dominio estatal "se brindaría una solución habitacional transitoria" para esos casos.

"El acceso a la Justicia también es importante. En la causa Mendoza por la cuenca Matanza-Riachuelo, por ejemplo, hay muchas familias que aún no fueron incorporadas al expediente, no fueron reconocidas como parte litigante", dijo a LA NACION Horacio Corti, titular del Ministerio Público de la Defensa porteño, otra de las entidades participantes.

Entre la veintena de organizaciones que formaron parte del acuerdo se encuentran la Procuración General de la Nación, el Colectivo por la Igualdad, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Matanza, Poder Ciudadano y Techo, entre otras. También participaron activamente los representantes de los barrios Fátima, Los Piletones, Los Pinos, Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno, villa 1-11-14, villa 15, villa 17, villa 19, villa 20, villa 21-24 y villa 31-31 bis.

Puntos del acuerdo

Integración urbana

El Estado tiene la responsabilidad indelegable de avanzar en la integración urbana y social entre las villas y el resto de la ciudad de manera urgente

Proteger a los más vulnerables

Adoptar medidas especiales para proteger a las mujeres, a los niños, a los adolescentes y a las víctimas de violencia que habitan en los barrios populares Participación vecinal

Los habitantes y las organizaciones de villas deben ser tenidos en cuenta en los procesos de toma de decisiones en las etapas de diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y evaluación de los proyectos de cada barrio

Infraestructura

El Estado debe garantizar la provisión de infraestructura pública y domiciliaria en las villas, tal como ocurre en la ciudadRadicación

Urbanización implica radicación de las familias, de ninguna manera desalojo ni traslado

Mejoras

Se deben garantizar mejoras concretas en las viviendas

Escrituras

Urbanización implica seguridad en la tenencia dominial de las viviendasAlquileres

El Estado debe regularizar la situación de los inquilinos en las villas

Justicia

La urbanización debe garantizar el acceso a la Justicia y terminar con el abuso de las fuerzas de seguridad

Sustentabilidad

Aplicar un sistema de diagnóstico, monitoreo y evaluación que identifique la evolución, los resultados y los impactos de las medidas que se aplican