Acercar la Justicia: llevan asesoramiento jurídico gratuito a los vecinos de las villas
El Estado y las organizaciones sociales promueven el empoderamiento legal en barrios vulnerables; las consultas van desde cómo sacar el DNI hasta resolver problemas de familia
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LA NACIONMaría Ayuso
La térmica es de 36°C y Rosa Solá atraviesa los pasillos de la villa 31, en Retiro, esquivando pelopinchos. Tiene 33 años y en 2014 llegó al barrio desde la ciudad de Salta con sus dos hijos. Al poco tiempo, la familia se agrandó: "Una amiga me dejó al cuidado de su hija, Acacia, el día antes de que cumpliera un año: hoy tiene casi 3", cuenta Rosa mientras le da una magdalena a la chica, que le dice mamá. "Como ella no tenía DNI, no la podía llevar al médico ni anotar en una guardería. La madre biológica no podía ir hasta el Registro Civil a autorizar que me entregaran a mí el documento. Fui a Tribunales y de ahí me mandaron de un lado para el otro. Ya quería bajar los brazos".
Finalmente, unas asistentes sociales la derivaron a la Fundación Microjusticia Argentina (FMA), que brinda atención en el barrio. Los abogados de esa organización hicieron de puente entre los actores involucrados y, al poco tiempo, Acacia tenía su DNI.
Son cada vez más los vecinos que, como Rosa, recurren a los centros y espacios de patrocinio y asistencia jurídica gratuita, que organizaciones sociales y el Estado tienen en villas y barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Su objetivo es acercar la Justicia adonde, por barreras geográficas, culturales y socioeconómicas, parece más lejana, garantizando un real acceso a la misma.
Con capacitaciones y un acompañamiento sostenido, buscan empoderar legalmente a sus habitantes: se los ayuda a transitar por el engorroso laberinto de la burocracia institucional, hablándoles en un lenguaje accesible y dándoles la posibilidad de tener un abogado.
La mayoría de las consultas recibidas son por temas de familia (responsabilidad parental, divorcios, violencia de género, entre otros), identidad (desde cómo sacar el DNI hasta trámites migratorios), tributarios (por ejemplo, el modo de obtener el monotributo social), de seguridad social y cuestiones penales.
Trabajar en el territorio
"El real acceso a la Justicia muchas veces es una ilusión para el pobre. Trabajamos con aquellas personas a las que jamás se les ocurriría recurrir a un abogado", sostiene Alejandra Martínez, directora ejecutiva de la FMA. Y destaca que la falta de identificación, residencia legal y acceso a la ley de la familia o discapacidad pueden impedir el cumplimiento de derechos tan básicos como la educación, la salud o el empleo.
Desde su creación, la fundación atendió más de 5500 consultas, de las cuales 3500 se resolvieron o se encuentran en trámite. El crecimiento es evidente cada año: mientras que en 2010 tuvieron 200 causas, en 2016 llegaron a 1254. "Asesoramos sobre cualquier tema, pero patrocinamos únicamente casos vinculados con lo civil. Atendemos desde las cuestiones aparentemente más chiquitas: buscamos cambiarle la vida puntual a una persona", dice Martínez.
Los reclamos
El Estado también cuenta con iniciativas que buscan acercar la Justicia a los más vulnerables. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dispone de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que desde 2008 brindan servicios de atención legal primaria integral a través de un equipo multidisciplinario. Sus oficinas están en varias villas y barrios no sólo de la CABA y la provincia de Buenos Aires, sino en distintos puntos del país. En los últimos tres meses se registraron 88.264 consultas, de las cuales más del 80% fueron realizadas en la Capital.
Además, dentro del sistema de administración de justicia, tanto el Ministerio Público Fiscal de la Nación como el de la Defensa tienen sus programas. El primero creó en 2014 el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (Atajo), que dispone de agencias territoriales en las principales villas de emergencia porteñas y un móvil que recorre varias más, además de otros barrios y provincias. Reciben y derivan denuncias, evacuan consultas, brindan acceso a información judicial, facilitan la resolución alternativa de conflictos, generan mecanismos de prevención de delitos, entre otras cuestiones. En 2016 atendieron 5181 casos.
"Tomamos denuncias en las mismas villas, sin que las personas tengan que trasladarse a una comisaría o fiscalía, y acompañamos a las víctimas en todo el camino de la Justicia ganando tiempo y espacio al servicio de los vecinos", explica Julián Axat, titular de Atajo. "Además, hacemos talleres de capacitación".
Son las 12 y en el predio junto a la parroquia de Santa María del Pueblo, en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, hombres y mujeres con chicos hacen tres filas. Están esperando ser atendidos en las pequeñas oficinas o mesas que los organismos estatales tienen en el lugar. Entre ellos está David Campos, de 40 años y quien hace casi 20 llegó a la villa desde Bolivia.
"Tenía una causa penal cerrada, pero por un error administrativo seguía abierta la orden de captura y no podía regularizar mi situación migratoria", explica David acerca del motivo que lo llevó a acercarse al equipo de trabajo de la Defensoría General de la Nación que brinda asistencia en el CAJ del barrio. Allí lo ayudaron a dar de baja la orden y a hacer el trámite con Migraciones, que está a punto de terminar. "Estoy contento, no me dejaron solo en ningún momento", agrega.
Desde que comenzó a trabajar en 2011, el equipo de trabajo de la defensoría en los CAJ recibió un número creciente de consultas: en su primer año fueron 264; en 2016, 1171. Su misión es garantizar el efectivo acceso a un asesoramiento y patrocinio de representación gratuito por parte del Ministerio Público de la Defensa.
"Trabajamos fundamentalmente con aquellas personas que, por su situación de pobreza, aislamiento e incluso cuestiones culturales, tienen muchos obstáculos para contar con la ayuda de un abogado, conocer adónde tienen que dirigirse para ello o son fácilmente excluidas del sistema por la burocracia de las instituciones", cuenta Mariano Gutiérrez, coordinador del equipo. Y concluye: "Cada vez hay más conciencia de la necesidad de poner en marcha estrategias que garanticen el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables".
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