El olor fue una trompada en la nariz que la dejó sin reacción. Era 2001 y Carolina Pallero, una de las miles de argentinas expulsadas por la crisis del sistema, ponía por primera vez un pie en el basural a cielo abierto de El Borbollón, en Las Heras, Mendoza. Tenía 24 años y el pánico a pincharse con una aguja, cortarse las manos o encontrarse un cuerpo enterrado entre las montañas de desechos – "cada tanto pasa", le advirtieron sus compañeros–, terminaron por despabilarla.
Duró un año y medio en el basural. Prefirió volver a cartonear en la calle, empujando el carrito que su abuelo usaba para preparar cemento y ella le pidió prestado. Hoy, recuerda cómo cambió todo la tarde de 2018 en que sonó el timbre de su casa y llegó el ofrecimiento de sumarse a la cooperativa El Algarrobo. "Me capacitaron, me dieron la ropa apropiada, una obra social y todo lo que tiene un trabajo digno, que es lo que siempre desee y se hizo realidad", dice Carolina, de 43 años. Y agrega: "Creo que la sociedad es cada vez más consciente de la importancia de lo que hacemos".
Según estimaciones de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), en la Argentina más de 150.000 personas trabajan recuperando materiales reciclables en centros urbanos o en basurales: de ellas, 15.000 están agrupadas en las 120 cooperativas representadas en la Faccyr, mientras que el resto trabaja por su cuenta. Por mes, recuperan al menos unas 200.000 toneladas de materiales, generando un impacto significativo en el medio ambiente, la higiene urbana y la economía circular.
Aunque la mayoría de los cartoneros y cartoneras continúa en situación de gran precarización laboral, la organización en cooperativas y el impulso de proyectos que articulan al sector público, privado y gubernamental, generó en los últimos años un cambio radical en la calidad de vida de muchos de ellos y sus familias. El concepto que buscan instalar es el de "reciclaje inclusivo", que prioriza la recuperación y el reciclaje, reconociendo y formalizando a los recuperadores como actores clave.
"Desde el salto del consumo fraccionado y la irrupción del plástico en el mercado, el rol de los recuperadores pasó a ser sustancial, teniendo en cuenta que ese material tarda 500 años en degradarse y, cuando lo hace, es sumamente contaminante", sostiene Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la cooperativa porteña El Álamo y referente en la temática.
Los especialistas coinciden en que la sociedad está empezando a reconocer el impacto de una actividad parida por la marginalidad, que hizo su eclosión en 2001 y crece en momentos de crisis. A una mayor conciencia ambiental se suma el entender que, lo que para muchos es basura, para otros es el sustento de sus familias.
Las cooperativas buscan romper con la exclusión e implican para los trabajadores el acceso a derechos elementales como contar con un monotributo, tener una jubilación y ajustarse a normas de seguridad e higiene. Además, cumplen un rol comunitario fundamental. Allí funcionan espacios de formación y capacitación; programas para finalizar la primaria o secundaria; además de talleres de oficios.
Con respecto a los cartoneros y cartoneras que no están agrupados en cooperativas, Alejandro Valiente, del equipo técnico de la Faccyr -que integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)-, sostiene: "Seguramente son los que están en peores condiciones y aún no hemos podido ayudarlos a organizarse, que es lo que falta. Sin embargo, dentro de las cooperativas también hay matices: algunas lograron que se establecieran sistemas de reciclado inclusivo y planes de gestión integral de residuos urbanos que las contemplen, pero muchas otras no".
Cada trabajador recupera, en promedio, unos 100 kilos de materiales reciclables por día –el equivalente a lo que generan 100 personas–, que no van a parar a ríos ni basurales a cielo abierto, lo que implica un ahorro significativo para la gestión de residuos y promueve la economía circular. Son abastecedores de una industria que, con esos materiales, vuelve a generar otros. "Por cada trabajador que está en la calle hay ocho puestos de trabajo que se generan en la industria recicladora", señala Montoya.
Florencia Rojas, coordinadora del Proyecto de Reciclaje Inclusivo de la Fundación Avina para la Argentina, subraya que sin política pública no hay reciclaje inclusivo: "Sin una decisión del gobierno municipal de acompañar estos proyectos, implementarlos y tener el marco regulatorio que se necesita, es imposible que tengan un futuro estable y a largo plazo", dice.
Sin una decisión del gobierno municipal de acompañar estos proyectos, implementarlos y tener el marco regulatorio que se necesita, es imposible que tengan un futuro estable y a largo plazo
Desde Avina afirman que el 60% de los municipios tienen disposición solo en basurales a cielo abierto, que son grandes focos de contaminación ambiental. "En la región, y comparando con otros países, hay un retraso en la gestión de residuos sólidos y urbanos. Tenemos la necesidad de ponernos en marcha", señala Rojas.
Grandes desafíos
Una población atravesada por la pobreza estructural, donde la mayoría no completó la secundaria y un porcentaje importante, tampoco la primaria. Ese es el perfil de los cartoneros y cartoneras en el país, que incluye a familias que llevan hasta cuatro generaciones dedicadas a ese trabajo. El concepto de "reciclaje con inclusión" implica un seguimiento integral y un acompañamiento sostenido a las familias: que los chicos vayan a la escuela y tengan el calendario de vacunación al día, así como que los grandes se capaciten, son prioridades.
Carolina valora muchísimo su trabajo en El Algarrobo, que a su vez forma parte de la cooperativa El Álamo. "Antes el dinero me alcanzaba solo para un kilo de pan o arroz, ahora puedo ayudar a pagar los impuestos. ¡Me siento genial!", dice la mendocina, que vive con sus padres en el barrio Independencia de Las Heras. "No solamente voy por lo material, sino por lo personal: salí del pozo", cuenta.
Ahora no solamente voy por lo material, sino por lo personal: salí del pozo
En la ciudad de Buenos Aires funcionan 12 cooperativas que trabajan mediante convenios con el gobierno porteño. Incluyen a unos 5100 recuperadores y recolectan 500 toneladas diarias de material reciclable entre las más de 7000 de residuos que se generan. La más grande del país y la región es El Amanecer de los Cartoneros, con 3974 asociados, de los cuales el 54% son mujeres.
Pero el abanico es grande. El Álamo tiene 158 trabajadores con distintas funciones. Hilda Díaz es promotora ambiental y coordinadora de grupo. Tiene 56 años y llegó a la Ciudad desde San Salvador de Jujuy a los 17. Con una vida cruzada por la violencia y un marido alcohólico, fue el único sostén de sus cinco hijos. Empezó a cartonear cuando el mayor, que hoy tiene 38, era chiquito. En su carro, cargaba entre 250 y 300 kilos por día –todavía le duelen los huesos–, en tiempos donde la separación de residuos era una utopía. Llevaba con ella a los chicos, porque no tenía con quién dejarlos.
Hilda, que fue a la escuela hasta 7º grado, dice que la cooperativa cambió su vida, su trabajo, su casa. "Antes mi sueldo lo cobraba y lo gastaba ese mismo día. Después pasé a tener horarios de trabajo y podía llevar a mis hijos a la escuela u organizarme para dejarlos con alguien. Tuve obra social y fui guardando plata para comprar ladrillos", detalla. Hoy su casa es de material, con baño adentro: "¡Está de lujo! Siempre trabajé para lograr esto", dice. Y agrega con una sonrisa: "Mis hijos estudiaron y están trabajando".
Como ella, la inmensa mayoría de las mujeres que cartonean son jefas de hogar. En general, en las cooperativas cumplen con distintas tareas de organización y dirección. "La mayoría de las delegadas y responsables de coordinación son mujeres", afirma Valiente.
Con respecto a los ingresos que se generan en las cooperativas y cómo se distribuyen, Montoya explica que en el caso de El Álamo ninguno de sus miembros tiene ingresos menores a la canasta básica. "Tenemos una fórmula: a lo que cuesta la canasta le restamos el incentivo que les paga el gobierno de la Ciudad a los trabajadores, que es de 15.000 pesos, y el resto lo pone la cooperativa teniendo en cuenta no solo la cantidad de kilos de material recuperado, sino la asistencia, el uso de uniforme, la recorrida de toda la ruta y la finalización en horario", describe.Pero eso está lejos de ser la realidad de muchos trabajadores. La situación de cada municipio es dispar.
Desde las cooperativas y asociaciones como Avina, coinciden en que las principales deudas del Estado son, por un lado, la necesidad de implementar cuanto antes un programa nacional de recuperación de materiales reciclables que incluya el trabajo de las cooperativas. Por el otro, la sanción de una ley de envases que prevea la responsabilidad extendida al productor que use plásticos, para que se hagan cargo de la gestión de esos residuos.
"No hay posibilidad de que el sistema de cooperativas funcione sino es con la paga por parte del sector privado o el subsidio del Estado a ese servicio público fundamental que brindan los recicladores. Sino, lo que generas es la explotación de pobres a pobres: el crecimiento de galponeros que súperexplotan a los cartoneros que trabajan en la clandestinidad", concluye Montoya.
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