Cómo es el sistema de prestaciones para personas con discapacidad que la ley vetada por Milei buscaba mejorar
El veto deja sin efecto aumentos en los aranceles, mayores incentivos para el empleo y cambios en las pensiones no contributivas
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LA NACIONLorena Oliva
Tras el veto presidencial a la ley que declaraba la emergencia en discapacidad, las ONG que representan a este colectivo no ven soluciones que puedan ayudar a revertir la crisis económica y social que vive esta población. El panorama, afirman, es acuciante. Entre las principales preocupaciones está el riesgo de que se interrumpan tratamientos y prestaciones por la falta de actualización de los aranceles que cobran quienes ofrecen esos servicios.
En ese contexto, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una marcha mañana martes a las 11.30 en la Plaza del Congreso y en todas las plazas del país. “El presidente está desoyendo una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso, que reconoció la gravedad de la crisis que atraviesan miles de personas con discapacidad”, dice el documento de la organización.
Aranceles retrasados
El retraso en el valor de los aranceles es una de las razones por las que la norma, que había sido convertida en ley el 10 de julio pasado, declaraba a la discapacidad en estado de emergencia hasta diciembre de 2027 y estipulaba una serie de medidas para robustecer el sistema.
- Por un lado, establecía una compensación económica de emergencia que tuviera en cuenta la diferencia entre los aumentos de aranceles aprobados desde el 1° de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024 y el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Además, preveía la actualización mensual de los aranceles de todas las prestaciones por discapacidad tomando como base el índice de movilidad jubilatoria.
Para entender el desfasaje que existe, basta decir que la última actualización de los montos se hizo en noviembre de 2024, cuando se dispuso un aumento del 1% para los aranceles de octubre, del 0,8% para los de noviembre y del 0,5% para los de diciembre, es decir muy por debajo del desfasaje que denuncian las organizaciones del sector, cercano al 70%.
Según los valores vigentes, por ejemplo, un centro terapéutico cobra a 90 días $ 12.370 la sesión, mientras que un equipo que brinda apoyo a la inclusión escolar, compuesto por cinco profesionales incluido el docente de apoyo, cobra 475.830 pesos mensuales. Los prestadores de transporte, en tanto, cobran a razón de 541,76 pesos por cada kilómetro recorrido.
Este contexto hace que haya cientos o miles de chicos y adultos con algún tipo de discapacidad cuyas prestaciones son demoradas, tanto en el ámbito de la salud privada como de las obras sociales, tal como lo expresan muchas familias.
Colegios especiales en jaque
El arancel que perciben las escuelas de gestión privada que brindan educación especial también es determinado por el nomenclador de prestaciones, cuyo costo es solventado por las obras sociales y prepagas
Actualmente, el monto por una vacante de jornada simple oscila entre $ 309.880 y $ 368.807 más un suplemento de $ 3099,29 para cubrir almuerzo y colación. En el caso de las vacantes de doble jornada, el valor varía entre $ 612.555 y $ 729.225 y debe incluir desayuno, almuerzo y merienda.
"Llevamos 30 meses con ajustes por debajo de la inflación. Es decir, sin aumentos y perdiendo ingresos”,, dice Fernando Zizzias, presidente del Grupo de Establecimientos de Educación Especial de Buenos Aires, integrado por 25 de las 35 escuelas de gestión privada que hay en CABA.
Zizzias alerta que la falta de actualización de los aranceles impide que las escuelas provisionen entre el 15% y el 20% de sus ingresos para cubrir los gastos de los meses en los que no tienen ingresos. “Las escuelas cobramos a 60 y hasta a 90 días lo que facturamos. Pero como no facturamos ni en enero ni en febrero, no tenemos ingresos en abril ni en mayo. Hacer esta provisión es crucial para poder pagar los gastos esos meses”, advierte.
El contexto actual hizo que en los últimos meses surgieran varias advertencias sobre el posible cierre de escuelas especiales por la falta de actualización de los aranceles.
Pensiones en la mira
- La ley vetada creaba la pensión no contributiva por discapacidad para protección social equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y compatible con el trabajo formal siempre que los ingresos del beneficiario no superen el equivalente a dos salarios mínimos.
Se trata de una figura superadora de la actual Pensión por Invalidez Laboral, que no es compatible con el empleo. Según la última reglamentación, de septiembre de 2024, para acceder a esta prestación, el beneficiario de la pensión debe acreditar un 66% de “incapacidad laboral”, junto con otros requisitos, como no recibir ningún tipo de jubilación, pensión o retiro.
“Hay miles de personas con discapacidad que no cumplirían con lo que desde el punto de vista médico se considera ‘un 66% de incapacidad laboral’, pero que son igualmente discriminadas en el acceso al empleo por estereotipos, falta de accesibilidad y de apoyos. El mercado de trabajo es uno de los ámbitos donde la exclusión de este colectivo se torna más evidente”, asegura Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Esta discusión se da en un contexto en el que la auditoria que impulsa el Gobierno, de acuerdo a criterios que fijo el año pasado, hay personas que perdieron su pensión, y todo en medio de un proceso de revisión que obligó a personas con discapacidad a hacer colas durante horas para reafirmar sus condiciones.
CUD y empleo protegido
- La ley también impulsaba modificaciones para el otorgamiento del Certificado Unico de Discapacidad (CUD), tomando como determinantes no solo aspectos físicos e intelectuales sino también sociales, una perspectiva más acorde con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en nuestro país.
- La norma, que fue presentada por el diputado Daniel Arroyo junto a otros legisladores, también garantizaba el cumplimiento de la ley 26.816 de “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad”, que prevé una asignación mensual estímulo no remunerativa, equivalente al 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, para los 6000 trabajadores que integran alguno de los 236 talleres protegidos que funcionan en el país. .
Si bien el monto hoy ascendería a 117.800 pesos, los beneficiarios cobran apenas 28.000 pesos mensuales. De esta ley, sancionada en 2012, solo se cumple uno de los artículos, el que habilita a las personas a percibir una jubilación mínima a partir de los 45 años y después de tener 20 años de servicio.
Beneficios para quien dé trabajo
- También elevaba a tres años el período durante el cual los empleadores que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones. Actualmente, el beneficio se extiende por un año.
- Asimismo, reafirmaba el compromiso del Estado para dar cumplimiento al 4% del cupo laboral para personas con discapacidad dentro de los organismos estatales. Actualmente, esa disposición no se cumple. Y en el sector privado no existen incentivos para la inclusión laboral de este colectivo.
Según datos oficiales de 2023, en la Argentina hay 1.594.888 personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad. De ellas, el 55,4% tiene entre 15 y 64 años. Y de ese universo, unas 883.568 personas, apenas el 12,6%, o sea 111.329 dijeron tener trabajo.
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