Congreso en deuda: los temas sociales que esperan ser tratados este año
Las organizaciones reclaman que se debatan los proyectos vinculados a derechos humanos y se designen las autoridades pendientes; dan prioridad a la atención integral de la niñez
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En abril pasado, la ley de egreso asistido -que contempla una ayuda económica y un mayor seguimiento de los adolescentes que egresan de un hogar a los 18 años- tuvo media sanción de Diputados. En este momento está esperando ser tratada en el Senado de la Nación.
Como esta ley son muchas las políticas públicas que buscan mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, que todavía tienen pendiente un tratamiento en el Congreso, ya sea porque los proyectos de ley nunca se tratan o pierden estado legislativo, porque no se reglamentan las normativas vigentes o no se designan a las autoridades pertinentes.
Ante este panorama, las organizaciones sociales levantan la voz e intentan poner en agenda la realidad de las poblaciones que conocen de cerca, y que necesitan de soluciones estatales y de largo plazo. Muchas veces, estas mismas organizaciones son las que participan en el armado de los proyectos de ley y trabajan codo a codo con los legisladores. Por eso, LA NACION consultó a asociaciones para discutir qué temáticas deberían ser parte de la agenda legislativa 2017.
Ahora bien, ¿existe una falla estructural que hace que los proyectos de ley muchas veces no se debatan en los recintos o es parte de la dinámica propia de la democracia? Para Fabián Repetto, director del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), no existe una disfuncionalidad propia del Parlamento, sino que es parte de un proceso de ir construyendo consensos alrededor de temas estructurales de la Argentina.
"Afrontar marcos normativos nuevos en materia social implica siempre un reto importante desde el punto de vista político y fiscal. Los atrasos no tienen que ver con una dinámica organizacional del Congreso, sino que efectivamente, cuando son reformas importantes, implican generar consensos y resolver conflictos de intereses, que inevitablemente hace que los procesos sean largos, como es el caso de las licencias", asegura Repetto.
Sin embargo, desde el Cippec admiten que, en temas como la designación del defensor del niño, donde ya hay una ley sancionada y hace más de 10 años que el cargo está vacante, el atraso en la puesta en marcha responde a la dificultad que tiene el sistema político argentino de cumplir con lo que señala el marco normativo.
"En ese caso sí responde más a la dinámica legislativa: son las típicas cosas que el Gobierno y la oposición negocian no aisladamente, sino como fruto de otro tipo de acuerdo más macro. Por eso sucede que temas previstos a tratar quedan paralizados por vetos cruzados y no se aprueban", sostiene Repetto.
Por qué no se debate
Por su parte, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) alertan que los proyectos de ley en el Congreso se tratan al ritmo de las necesidades políticas de quien conduce la mayoría en el recinto.
"No estamos hablando de que los proyectos se aprueben o se rechacen, que eso es parte de lo que el Congreso puede y debe decidir, sino que se discutan y garantizar que el debate democrático se dé en la Cámara", dice Sebastián Pilo, codirector de la ACIJ. Y añade: "Es una práctica institucional nociva porque muchas veces el costo de esa decisión lo pagan proyectos clave en materia de derechos sociales".
En tanto, Gastón Wright, director de Change.org en la Argentina, destaca que una de las barreras a la hora de lograr que las iniciativas sociales trasciendan dentro del Congreso es la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía en relación a cómo funciona el Parlamento. "Hay peticiones que generan muchas firmas en la plataforma, pero que, al no estar estratégicamente pensadas, quedan sin efecto -aseveran desde Change-. En cambio, aquellas que sí están bien dirigidas y pensadas, analizadas en términos de etapas, por ejemplo lograr primero la aprobación de una comisión y después una ley, son las que tienen más chance de ser exitosas."
Sin embargo, Wright remarca que el Congreso tiene una dinámica compleja, propia también del sistema electoral nacional. "Hay comisiones que son mucho más receptivas que otras a la presión popular, lo que es difícil de detectar o de cambiar porque tenés comisiones con grupos muy diversos de diputados y senadores; por otro lado, nuestro sistema electoral no permite que individuos comunes puedan contactarse rápidamente con los legisladores, como sucede en los Estados Unidos. Acá prima la relación entre el partido político y la masa que potencialmente lo vaya a votar", cuenta el director de Change.
La conformación de una petición online puede ser un recurso para instalar una temática social dentro de la agenda legislativa desde la ciudadanía, como es el caso de la campaña "Me gusta el mate sin trabajo infantil".
"Nuestro objetivo es darles a los ciudadanos una plataforma por la cual se puedan contactar directamente con los legisladores. Para crear una petición sólo hay que seguir una serie de pasos y el punto central es elegir bien a quiénes va a estar dirigida: por cada firma que recibe la iniciativa, se envía un mail al senador o diputado miembro de esa comisión, generando así una presión diaria sobre los miembros del Congreso mostrándoles que hay un interés sobre la temática a denunciar", especifican desde Change.
En este sentido, Repetto sostiene que la sociedad civil puede ayudar a que temas que no estén en la agenda adquieran un protagonismo importante. "Sin reemplazar el rol de los representantes del pueblo se puede ayudar a articular intereses que habitualmente la dinámica política no logra congeniar, sabiendo que las decisiones últimas las tiene que tomar el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y entendiendo que la sociedad civil tampoco es homogénea. Puede haber intereses contrapuestos muy marcados", concluye.
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