Crecer tras las rejas: cómo es la vida de los adolescentes en los institutos de menores

Es jueves al mediodía y hace un rato largo que una madre, cabizbaja, y su hijo de 20 años, aguardan sentados ante un escritorio de una planta baja al más chico de la familia.

El adolescente, de 15 años -aún posee la fisonomía de un niño-, está sentado unos pisos más arriba en otro escritorio; lleva una remera roja, shorts y ojotas blancas impecables.

Una trabajadora del Centro de Admisión y Derivación de la ciudad de Buenos Aires (CAD) -adonde llegan los menores de edad que acaban de cometer un delito y donde no pueden permanecer más de 12 horas hasta ser derivados- se sienta a su lado y le lee sus derechos.

Las ojotas que lleva el chico de remera roja son las mismas que descansan al pie de varias camas dispuestas tras barrotes negros, donde otros adolescentes que acaban de ingresar aguardan recostados en la cama la resolución judicial que decidirá su destino.

Cerca de 1300 chicos de hasta 18 años están hoy recluidos en los 118 dispositivos penales juveniles que existen en el país, según un informe de Unicef y el Ministerio de Desarrollo Social de 2015. Su realidad cobra especial relevancia cuando se está discutiendo bajar la edad de imputabilidad a menores de entre 14 y 16 años en ciertos delitos.

El quinceañero, inimputable, acaba de cometer una tentativa de robo y en breve se irá a su casa escoltado por su madre. Presta atención a las palabras que vocifera la trabajadora del CAD, pero el ruido de una arcada proveniente de uno de los cuartos enrejados a unos pocos metros de allí le hace perder el foco.

"Cuando entran, todavía están muy intoxicados", se excusa la presidenta del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Karina Leguizamón, ante el indisimulable sonido. Desde septiembre de 2016, los programas de asistencia directa y los dispositivos de intervención con adolescentes infractores de la ley penal, que hasta ese entonces eran administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), fueron transferidos a la Ciudad y son administrados por el consejo.

Robo, tentativa de robo y homicidio son, según un censo de 2015, los delitos más usuales entre los menores.

Según cuenta la vicedirectora del CAD, Laura Sarda, la mayoría de quienes ingresan allí vuelven a su centro de vida, pero otros son derivados a centros socioeducativos privativos de la libertad o a residencias socioeducativas de libertad restringida y elevados a juicio recién a los 18 años.

Reforma penal juvenil

La propuesta del gobierno por reformar el régimen penal juvenil puso bajo la lupa el régimen actual, que data de la última dictadura militar y que es fuertemente criticado por los expertos.

La intención oficialista se hizo visible tras la muerte de un chico de 14 años en las supuestas manos de otro de 15 el 24 de diciembre último. Según explicó el subsecretario de política criminal Martín Casares a LA NACION, la idea es "bajar a 14 años sólo en los casos de homicidios, violaciones, secuestros extorsivos y robos con arma. Y que en esos casos también lo analice un juez a pedido de un fiscal". Pero también "reformular todo el sistema penal juvenil".

Los especialistas consultados, además de subrayar que la privación de la libertad debe ser la última opción y que bajar la edad de imputabilidad es un error, critican la falta de acción en el consumo de drogas y el maltrato que reciben los menores de algunos centros del país, además del estado edilicio de estos.

En una recorrida guiada por el consejo a través del CAD, el centro cerrado San Martín y la residencia restrictiva de la libertad Almafuerte, ubicados en la ciudad de Buenos Aires, LA NACION observó cómo viven hoy adolescentes privados de su libertad y cómo funcionan esos centros.

Actualmente, en nuestro país hay chicos inimputables cumpliendo penas privativas de la libertad. La realidad demuestra que la discrecionalidad de los jueces posibilita que esto ocurra con frecuencia y desde hace tiempo. "Hoy te vas a encontrar con que en algunas provincias hay jueces que mantienen chicos inimputables detenidos por delitos muy leves", apuntó Casares. Esto también fue confirmado por la titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, Analía Colombo. Además, otros allegados al Poder Judicial revelaron que las condiciones de encierro en Jujuy eran alarmantes.

El defensor del pueblo de esa provincia, Javier De Bedia, explicó que en diciembre del año pasado se inauguró allí un nuevo centro de detención transitoria para menores que es monitoreado por Unicef. Fue a raíz del cese del funcionamiento del CAD que funcionaba hasta hace dos meses allí, que por sus pésimas condiciones fue clausurado. "Era la comisaría del menor en el barrio Chijra [San Salvador de Jujuy]. Ahí los chicos comían en el piso o en los colchones. Era un CAD donde supuestamente debían estar 72 horas y había chicos que pasaban cinco o seis meses. A partir de eso el Estado tomó cartas en el asunto", dijo.

Fuentes del Poder Judicial subrayaron que la Capital Federal "tiene un abordaje un poquito más serio y personalizado" que la provincia de Buenos Aires. "Basta con ir a centros como el de recepción y ubicación de Lomas de Zamora, que está en condiciones deplorables. Es una desidia. Los chicos están en una situación de vulneración total de derechos y el 95% tiene serios problemas de adicciones. No reciben ni la comida ni el tratamiento psicológico adecuado", agregaron.

Para Casares, la cantidad de detenidos no representa la totalidad del problema. Lápiz y papel en mano, explicó que, en mayores, del millón y medio de denuncias que ingresan solamente va preso el 0,45% de los denunciados. "Ésta es la efectividad de nuestro sistema. En menores, eso se comporta de manera parecida."

Especialistas y funcionarios del gobierno admiten que los datos y las estadísticas sobre la problemática penal juvenil son escasos e incompletos. "Por parte del Estado nacional hay una deuda pendiente en materia de información, de análisis, de estadísticas. En 37 años nadie se preocupó por tener buenas estadísticas", señaló Casares.

"La privación de la libertad en menores de edad es una solución que sólo debe ser reservada a casos extremos. Y delito grave no es un robo, porque si no empezamos con una teoría de que el chico que roba mañana comete un homicidio y esto no lo sostiene ninguna teoría criminológica. Y además no está demostrado estadísticamente", refiere el consultor internacional en justicia penal juvenil para las Naciones Unidas y Unicef Alejandro Morlachetti, quien acusa al sistema de "inequitativo, discriminatorio y discrecional" y de no seguir los estándares internacionales.

Alta tasa de reingreso

"Hay varios motivos por los cuales uno debe intentar que el chico no ingrese al sistema. En primer lugar, lo que nos dicen los centros de internación es que el reingreso es muy alto. Entonces no es una solución", apunta Casares. En cuanto al acompañamiento que teóricamente se hace con aquellos chicos que en vez de institucionalizarse vuelven a su casa, Morlachetti apuntó: "En off the record reconocen [por el gobierno] que no hay ningún acompañamiento, o que hay poco".

Casares señaló que en la primera mesa de debate realizada durante este mes en Justicia 2020 -donde buscarán arribar a un consenso para armar el proyecto de ley- "se trató y se trabajó mucho este tema con críticas muy grandes a la falta de control. Tenemos que ser más efectivos e inflexibles con el cumplimiento de las otras sanciones que le imponen a un chico, como puede ser un tratamiento para recuperarse de las drogas o terminar el colegio".

A pesar del negativismo, tanto Casares como Morlachetti señalaron que hay equipos de trabajo dentro de los centros o incluso organizaciones sociales que realizan un muy buen trabajo.

Preservar las garantías de los niños

La directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, Alejandra Perinetti, remarcó que se requiere una ley: "A partir de la que cada niño que presuntamente cometió un delito pueda tener garantías procesales, defensa en juicio, principio de inocencia, derecho a ser oído". Hoy, un chico permanece privado de su libertad sin que se haya demostrado si efectivamente cometió un delito. "Es clave comprender que los niños se diferencian de los adultos tanto por su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Estas diferencias constituyen la base de la desigual atribución de responsabilidades y justifican la existencia de un sistema especial para aquellos menores de edad que tienen conflictos con la Justicia", agregó Perinetti.