Cuarentena: la Justicia ordenó entregar computadoras y brindar Internet a los alumnos de las villas porteñas

María Cristina Arrua vive en el barrio Mugica. Su hijo está en 3º grado en una escuela pública de la Ciudad y no tener computadora ni Internet es un problema de todos los días. La falta de conexión impone una barrera virtual pero bien real para la educación de su niño en tiempos de cuarentena. Es una realidad que enfrentan miles de chicos y que llevó a que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) impulsara, junto a otras organizaciones y agrupaciones de vecinos, una acción de amparo para que el gobierno porteño garantice la continuidad pedagógica de los estudiantes de barrios populares.

El resultado fue la medida cautelar dispuesta este lunes por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, a cargo del juez Roberto Andrés Gallardo, que estableció, entre otras cuestiones, la obligación de que la Ciudad entregue una computadora portátil, notebook o tablet a cada alumno de escuela pública que se encuentre en situación de vulnerabilidad social. Además, ordenó asegurar en no más de cinco días el acceso a Internet en las villas, asentamientos y barrios de emergencia, por medio de la instalación de equipos inalámbricos de transmisión, como los que ya funcionan en plazas y otros espacios públicos.

"En mi casa hay solo un celular, pero mi pareja se lo lleva al trabajo. Además, necesita crédito y es muy caro en estos momentos. No tengo forma de cargarlo a cada rato", contó María Cristina. Según datos recientes del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, el 6,4% de los hogares porteños con niños, niñas y adolescentes no tienen acceso a Internet, cifra que trepa al 9,7% en el caso de los que no cuentan con una computadora, notebook o tablet para hacer trabajos escolares.

"Hay chicos que hace tres meses no tienen ningún vínculo con sus docentes, que no pueden continuar con su trayectoria pedagógica, y eso es inaceptable desde el punto de vista del derecho a la educación", subrayó Sebastian Pilo, codirector de ACIJ. Además, agregó que si bien muchas familias cuentan con celulares con datos, resultan insuficientes para acceder a las plataformas donde los docentes suelen dar clases.

Consultados por LA NACION, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad indicaron que hasta el lunes a la tarde no habían sido notificados formalmente de la medida dispuesta por la Justicia, de la que se habían enterado por los medios. "Hace tiempo venimos trabajando para dar cumplimiento con lo que estableció el fallo", sostuvieron, además de detallar que en el último mes y medio, en el marco del Plan Sarmiento, entregaron 5000 computadoras a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de becas alimentarias y a quienes acceden al transporte escolar.

ACIJ aseguró que los pedidos de computadoras están muy por arriba de las entregadas hasta ahora. En este sentido, la orden judicial establece que, en caso de que la cantidad de dispositivos solicitados sea mayor a los disponibles, "el GCBA deberá presentar en el plazo de cinco días una propuesta de entrega prioritaria de los equipos existentes, y un plan para atender la demanda insatisfecha".

Grandes desigualdades

Walter Felipe, que también es vecino de la villa 31, planteó la misma preocupación: "La maestra de mi hija envía por WhatsApp las tareas todos los lunes a primera hora. Quienes no tienen un celular, computadora o Internet no las reciben y terminan teniendo que imprimirlas, lo que exige gastar entre 300 y 500 pesos por semana". Además, explicó que sin conectividad es muy difícil mantenerse comunicados con los docentes para consultar dudas o recibir las correcciones.

Con la educación a distancia, se agudizó en estos barrios el problema crónico de acceso a Internet. "En la Ciudad hay 300.000 personas que habitan en villas y en ningún caso tienen una oferta por parte de las empresas que proveen Internet", señal Pilo, para quien, en el contexto actual, esa imposibilidad de acceso constituye una nueva desigualdad. "La educación es un mecanismo que intenta igualar y ahora la población más pobre de la Ciudad ni siquiera cuenta con esa herramienta", subrayó.

Antes de acudir a la Justicia, desde ACIJ reclamaron por este tema en distintas mesas de trabajo compartidas con el Gobierno. "Nos dimos cuenta de que no había un plan de respuesta efectiva en el mediano plazo", señaló Pilo. El 22 de mayo, presentaron su acción de amparo, que se sumó a la que había hecho un asesor tutelar porteño. Luego, se incorporó un pedido similar de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y de distintos grupos de vecinos con sus respectivos patrocinantes, entre ellos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Todas tramitaron en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, donde se dirimen las causas contra el Estado porteño.

En el Ministerio de Educación recordaron que llevan entregados a los alumnos porteños unos 681.635 cuadernillos con actividades, y que la plataforma virtual "Mi escuela", donde los docentes suben las tareas y los chicos y chicas pueden usar desde cualquier dispositivo electrónico, cuenta con un acuerdo con las empresas de telefonía para que el acceso a los contenidos pedagógicos no consuma datos.

Sobre este punto, Pilo explica que, normalmente, las familias que viven en barrios populares tienen datos en sus celulares, pero que no alcanzan para, por ejemplo, participar de clases por Zoom u otras plataformas. "El hecho de que entrar a la página del gobierno no consuma datos puede ser un paso en el sentido correcto pero insuficiente para revertir la desigualdad de la población", advirtió.