Discapacidad: las organizaciones volvieron a reclamar deudas del Estado
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Un inflable con forma de silla de ruedas de casi cuatro metros tapó, durante varias horas de la mañana del miércoles, la puerta principal de la Quinta presidencial de Olivos. Esto se debió a la manifestación que, según los organizadores, concentró a más de 2000 personas bajo la consigna "no al ajuste en discapacidad".
Personas de todas las edades, con y sin discapacidad, familias, docentes, médicos, enfermeros y líderes de organizaciones que trabajan en todo el país atendiendo a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, reclamaron por "las importantes deudas por parte de los diferentes organismos del Estado", como el programa federal Incluir Salud (ex-Profe), que financia la cobertura médica y asistencial de 1.012.336 titulares de pensiones no contributivas.
"La Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y es la responsable de girar los fondos, no actualiza los aranceles de las asignaciones al contexto del país. El aumento de este año fue del 13%, muy por debajo del aumento en la inflación reconocido por el propio gobierno, que supera el 30%", compraró Beatriz Pérez, coordinadora del Cottolengo Don Orione.
Puso como ejemplo al Cottolengo de Córdoba, que es uno de los más afectados en este momento, ya que tuvo que dejar de pagar los sueldos de su personal, poniendo en riesgo la atención de cientos de pacientes.
Pérez destacó que, a esta problemática, se le suma el atraso de pagos de Incluir Salud, la desorganización del sistema de transporte especial –que recientemente pasó a ser controlada de manera independiente por cada provincia, sin mucho éxito– y el reintegro de las pensiones por discapacidad a miles de personas.
"Se las quitaron de forma desprolija y poco justificada. A muchos todavía no se les fue devuelta y los organismos estatales les exigen se vuelvan a registrar digitalmente, cuando no todos tienen la posibilidad de acceder a una computadora. Todo es innecesariamente más complicado", explicó.
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad respondieron a LA NACION que "están trabajando para regularizar las deudas con todos los prestadores y que realizaron gestiones para cancelar la deuda acumulada, que es muy inferior a la histórica, y que se cancelará en el transcurso de este mes".
Además, el organismo estatal sostiene no haber sido notificados sobre el cierre de centros de discapacidad y que tienen firmados más de 200 convenios nuevos para los cuales destina el financiamiento correspondiente para que puedan brindar la cobertura de salud a los beneficiarios del programa.
El sacerdote Pablo Molero, coordinador del Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que agrupa a las organizaciones que convocaron la marcha, sostuvo que "están viviendo, hace ya varios años, una situación crítica".
"Estamos acá para llamar la atención –continuó– para ver si el ruido hace que el gobierno tome otra postura frente a este tema. Nos repiten que tenemos que entender la crisis actual, pero esta deuda viene de antes. El mal funcionamiento de Incluir Salud es histórico", afirmó Molero
El sacerdote destaca el esfuerzo que hizo la gente para estar presente en la marcha, pero asegura que no tendrían que hacerlo si el Estado cumpliera con lo que debe. "Prácticamente se ven obligados. Las organizaciones a la larga pueden resistir. Irónicamente, la gente que realmente sufre esta situación son las personas con discapacidad", concluyó.
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