El Estado debe asumir un papel protagónico

Los accidentes de tránsito y la circulación caótica son uno de los más graves problemas que sufrimos y nos han causado en la última década 74.815 muertos, más de 1.000.000 de heridos, más de 100.000 discapacitados y US$ 96.000 millones en pérdidas materiales.

Esto se debe a la forma caótica y temeraria en que nos comportamos los habitantes, principalmente los conductores, pero también ciclistas y peatones, sin poner en práctica elementales comportamientos de seguridad vial y respeto por las normas, creyendo que nunca nada nos va a pasar y que los accidentes sólo les ocurren a los otros.

Todo esto sucede como consecuencia de la anarquía que reina en calles y rutas, donde la falta de conciencia del peligro y de educación vial se manifiestan libremente ante la indiferencia o complicidad de toda autoridad.

Para trasformar esta realidad, tal como lo están haciendo exitosamente los países más civilizados, es imprescindible un cambio en el comportamiento de cada uno, dando prioridad a la vida y la seguridad, propia y ajena.

Pero más allá de la responsabilidad individual que nos cabe y del esfuerzo que viene realizando Luchemos por la Vida desde hace 14 años con una campaña permanente de concientización y educación vial en TV y radios, las autoridades deben asumir de una vez por todas su compromiso para que la seguridad vial comience a ser una cuestión de política de Estado y tenga un lugar destacado en la agenda de gobierno.

Además, el presupuesto nacional debería tener una partida para invertir en seguridad vial, es decir, en educación, aplicación de la ley e infraestructura, teniendo en cuenta que cada peso que se invierta en prevención permitirá ahorrar en toda la comunidad entre 25 y 100, y salvar vidas que ¡no tienen precio!

Las autoridades de todo el país -municipales, provinciales y nacionales- deben asumir seriamente su gran responsabilidad en el tema. Es imprescindible que:

• Se realicen controles eficaces en calles y rutas haciendo cumplir la ley (controles de velocidad, alcoholemia, cinturones de seguridad y cascos) y se sancione a los infractores.

• Autoridades de todos los niveles, funcionarios y empleados públicos den el buen ejemplo del cumplimiento de las leyes de tránsito.

• Se asegure una adecuada preparación, y otorgamiento serio y responsable de las licencias de conducir.

• Se implemente la educación vial sistemática en los programas de estudio de niveles preescolar, elemental y medio (obligatorio por ley 23.348) en todo el país.

• Se realice una planificación urbana que posibilite el tránsito fluido y ordenado, y la masiva protección de todos los usuarios de la vía pública.

Así, todos podríamos vivir más y mejor.

El autor es presidente de Luchemos por la Vida

Por Por Alberto José Silveira <br/> Especial para LA NACION

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