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El Estado debe promover la familia
Programas integrales podrían contribuir a solucionar algunos de los problemas más graves
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La temática de la familia tiene hoy en el mundo y en nuestro país un renovado interés. El lugar donde el hombre nace, se educa, trabaja, se enferma y muere es demasiado importante para pasar inadvertido, tanto en la vida de una persona como en el desarrollo económico, social y cultural de una nación.
La experiencia histórica ha demostrado que la grandeza de un pueblo depende en buena medida de la riqueza y fortaleza de sus familias. Cuando éstas se debilitan y disgregan, el pueblo se transforma en masa, fácil juguete del poder político o económico. La familia es por esa razón el principal sustento de los valores comunes de una nación y, al mismo tiempo, de su pluralismo y diversidad, y por lo tanto de una auténtica sociedad democrática.
Si bien se puede afirmar que nuestro país tiene, por un lado, un marco cultural y legal que reconoce la importancia de la familia, no existe una política de Estado que promueva en forma integral la promoción de la misma. Las consecuencias del debilitamiento de la institución poco a poco se empiezan a percibir.
Si bien, como afirma la socióloga Beatriz Balián, los resultados empíricos del último censo en 2001 señalan que el 75% de los núcleos conyugales viven en matrimonio y que de esos el 93% constituyen una única unión, se advierten también cambios significativos en las formas de vida familiar; entre otros, el aumento de la edad de los que contraen matrimonio, la cohabitación informal con el consiguiente aumento de hijos extramatrimoniales, el aumento del monoparentalismo, el incremento de los divorcios, la disminución del número de hijos, la disminución de los hogares extendidos y la confirmación de que es la mujer la que queda casi siempre a cargo de los hijos en los hogares incompletos.
Una política integral de promoción de la familia puede contribuir a solucionar algunos de los problemas más graves: el envejecimiento de la población, el descenso de la tasa de natalidad hasta casi el límite de lo necesario para el recambio generacional, el fracaso escolar (especialmente de los adolescentes), el empobrecimiento de la lengua y la identidad histórica, las adicciones al alcohol y las drogas, la pérdida de confianza social, la delincuencia y la inseguridad creciente, la incapacidad para asumir compromisos, la anomia y el individualismo.
El primer paso de una política es identificar claramente el concepto de familia, que será objeto prioritario de su programa. Elegimos aquella fundada en el matrimonio, por ser la comunidad que ofrece por lo general mayor posibilidad de contribución a ciertas necesidades sociales fundamentales: procreación, cuidado y educación de los hijos, atención de los enfermos y ancianos, apoyo material y emocional ante las circunstancias adversas de la vida, reemplazo generacional, pieza esencial de un adecuado equilibrio social y económico.
En nuestro país, las medidas de promoción de la familia desde lo económico se han canalizado principalmente a través del Programa de Asignaciones Familiares.
Las asignaciones que benefician a los trabajadores activos, jubilados y pensionados se reducen a la del hijo discapacitado, prenatal, ayuda escolar anual sólo para la educación básica y polimodal, maternidad, nacimiento o adopción, y matrimonio.
Lamentablemente, los montos de las asignaciones se encuentran desactualizados desde hace años con relación al incremento del costo de vida, y han sido prácticamente excluidos de las prestaciones los que perciben remuneraciones superiores a los $ 2600 mensuales. Un incremento significativo de los montos redundaría en beneficio de las familias y facilitaría que la parejas pudieran tener más hijos y educarlos mejor.
La política tributaria no favorece en nada, más bien perjudica. Una de las consecuencias del congelamiento de los importes deducibles previstos en la ley de impuestos a las ganancias es que para los trabajadores independientes o autónomos con familia tipo, sus deducciones personales están muy por debajo del aumento de la canasta familiar básica publicada por el Indec (67% entre septiembre de 1999 y septiembre de 2005).
Por lo tanto, al haber quedado tales mínimos inamovibles desde marzo de 1992 hasta hoy, se ha desvirtuado su finalidad provocando que sujetos sin capacidad contributiva, con cargas de familia significativas, queden alcanzados por los impuestos a la renta y el patrimonio. Resulta indispensable actualizar esos importes mínimos a cifras razonables si no se quiere perjudicar más a las familias, incluso las de menores ingresos
En otros países
Resulta además conveniente observar las experiencias comparadas de otros países en materia de política familiar.
España aprobó en 2001 el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001/2004, que incluye aumento de las reducciones impositivas por cargas en familia, compensaciones económicas a las madres en los tres primeros años de maternidad y a las familias numerosas, un código de buenas practicas sobre la conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas, en colaboración con los agentes sociales.
El plan también contempla acceso a la vivienda mediante créditos blandos para las familias numerosas, acondicionamiento de éstas para personas con discapacidad y ancianos, comunidad educativa virtual mediante Internet para todas las familias españolas, control de contenidos para los niños mediante el uso de filtros, servicios de orientación y mediación familiar, programa de apoyo a familias monoparentales, facilitar mediante descuentos y becas el acceso a las familias numerosas a museos, institutos de arte escénico y musical y una nueva ley de protección de la familia numerosa.
En América latina, México es el país más adelantado en la materia. Cuenta con un organismo público autárquico, que es órgano de aplicación del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que privilegia la prevención de las familias mediante programas integrales en materia de matrimonio, procreación responsable, filiación, educación, transmisión de valores, cuidado de los ancianos y de las personas con discapacidad.
En Estados Unidos se ha implementado como política de Estado lo que se ha dado en llamar The Healthy Marriage Initiative (Iniciativa a favor de matrimonios saludables), con objeto de aumentar el numero de matrimonios y de hijos. Para lograrlo, además de incentivos fiscales y crediticios, se ofrece a las parejas que lo desean información sobre el valor del matrimonio, educación en habilidades para una buena comunicación y resolución de los conflictos en la vida familiar. Se trata de una política eminentemente preventiva, orientada al futuro.
Por último, en Francia desde hace ya tiempo la familia es un asunto público. Las políticas tendientes a conciliar mejor vida familiar y vida laboral, así como las medidas fiscales para estimular un aumento de la natalidad y la promoción de la familia numerosa han hecho que Francia tenga una buena salud demográfica en relación con sus vecinos.
En julio de 2005 se ha lanzado una nueva política familiar, tendiente incrementar la tasa de fecundidad a un porcentaje que asegure la renovación de las generaciones, sin la cual es impensable el sostenimiento del sistema previsional y un crecimiento económico sostenido a largo plazo.
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