El niño migrante, desprotegido

Las migraciones forman parte de la historia y de la constitución misma de los países latinoamericanos. Sin embargo, en la actualidad, la movilidad humana regional ha tomado un estado crítico, por la magnitud del desplazamiento de millones de personas. Muchas familias se ven obligadas a abandonar sus comunidades para hallar mejores oportunidades, buscar protección contra la violencia, la pobreza extrema, los conflictos políticos y sociales o el impacto de desastres naturales y del cambio climático. En muchos casos, abandonar el país de origen es la única opción para sobrevivir y para tener una vida digna.

En los últimos años, el número de niños, niñas y adolescentes obligados a abandonar sus hogares aumentó rápidamente en toda la región. Según Naciones Unidas se verifican 3,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos viviendo en el extranjero, la gran mayoría en la región, incluyendo una fuerte presencia en Argentina. Más de 500.000 niños y niñas venezolanas enfrentan numerosos peligros durante sus recorridos migratorios para vivir en contextos de desarraigo, y en muchas casos, incluso sin lograr una integración exitosa en el nuevo destino.

La Argentina tiene una tradición histórica de acogida a personas migrantes y refugiadas de todas partes del mundo, y una legislación migratoria sancionada en 2004 (Ley 25.871) y de protección de personas refugiadas (Ley 26.165, de 2006) que recogen los estándares internacionales de derechos humanos, convirtiendo al país en un ejemplo en esta materia a nivel regional y global.

No obastante, a pesar de dicho marco normativo, aún persisten situaciones de discriminación, desventaja y vulneración de derechos para muchos niños y niñas migrantes y refugiados que llegan a nuestro país. Prueba de ello es que no existen servicios y programas específicos para la atención de estos niños y niñas que funcionen articuladamente con los organismos migratorios para garantizar el acceso a sus derechos.

Como consecuencia, muchos niños y niñas que llegan a nuestro país se enfrentan con dificultades para acceder a la educación, a la salud y a otros servicios sociales por razones vinculadas al estatus migratorio de sus padres o a la falta de DNI. Un ejemplo es la Asignación Universal por Hijo, que no puede ser solicitada en favor de niños cuyos padres o madres no tengan residencia legal de al menos tres años en el país, aunque esos niños hayan nacido en Argentina y sean argentinos.

En educación, los estudios más recientes no identifican el problema en el acceso sino en las situaciones discriminatorias que los niños y niñas experimentan durante su tránsito por la escuela. En cuanto a los dispositivos de salud, la situación es diferencial según la ubicación geográfica, lo cual genera situaciones de discriminación e inequidad que deben ser resueltas sin dilaciones.

Además, se registran obstáculos para abordar los casos de niños o niñas que ingresan al país solos o sin compañía de adultos responsables a efecto de reunirse con alguno de sus padres o familiares residentes en la Argentina.

Actualmente, no existen registros unificados de información sobre la cantidad de niños y niñas migrantes y refugiadas que ingresan al país, ni sobre su estatus legal. Ello genera un impedimento importante al momento de dimensionar la problemática para el diseño e implementación de políticas que sean respetuosas de sus necesidades.

UNICEF, como agencia de las Naciones Unidas, manifiesta la necesidad de poner fin a todo tipo de discriminación contra los niños y niñas. Es fundamental promover adecuaciones en las políticas sociales existentes y en los sistemas de protección de la infancia, asegurar la protección de la niñez migrante y refugiada y el acceso a sus derechos.

La autora es representante de UNICEF Argentina