El niño primero
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El informe "Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales", elaborado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Unicef, constituye sin lugar a dudas una valorable contribución al conocimiento, identificación de avances y obstáculos, como asimismo los desafíos de tan sensible esfera de actuación dentro de las políticas públicas del sector.
A su vez, reafirma la responsabilidad de los Estados provinciales y nacional en el irrenunciable liderazgo respecto del diseño, la implementación, el registro de datos, los sistemas de supervisión, según las diferentes categorías de prestaciones, las que deben confluir con el enfoque de derechos y el respeto a la dignidad de los niños y sus espacios familiares y comunitarios.
Entre las obligaciones de los Estados es imprescindible asegurar los recursos para el estricto cumplimiento de los compromisos de financiamiento en el marco de los mecanismos de cooperación y rendición de cuentas. Ninguna institución cualquiera que sea su estructura y funcionamiento puede actuar al margen de esta condición de garante por parte del Estado.
Señalada la complejidad de la problemática, cabe interrogarse sobre la dimensión del espacio institucional para abordar cada una de las situaciones planteadas como amenaza a la privación del cuidado parental. Por un lado, las normas nacionales y provinciales se orientan a establecer en los organismos de protección (secretarías, direcciones, servicios locales, entre otras modalidades) la principal responsabilidad en el procedimiento asistencial-administrativo y con la legalidad correspondiente, proponiendo en función de la protección integral de derechos algunas de las formas alternativas de cuidado respecto de su familia de origen.
Si bien la competencia institucional resulta inequívoca, se debe tener presente que el espacio institucional necesita instalarse como una política pública con variados efectores.
No se trata de sumar burocráticamente a diferentes organismos que evidencian muchas veces la fragmentación de la estrategia. Por el contrario, la integración comprometida de los diferentes efectores constituye una presencia del Estado con mayores oportunidades de lograr sus objetivos en orden a la prevención, protección o restitución de derechos de los niños privados de cuidados parentales. En esa perspectiva, la política pública integral debe reencaminar sus procedimientos diagnósticos y fomentar el sostenimiento del vínculo con un alto contenido de reconocimiento y respeto sociocultural de la familia de origen y su comunidad.
Por otra parte, cabe preguntarnos en qué medida los modelos de intervención incorporan el principio general de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativa al derecho del niño a ser oído y tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
Finalmente, estimamos de significativa importancia lograr la apertura de un amplio debate social, académico e institucional, que active y promueva los procesos de reforma ampliamente registrados en las normas nacionales e internacionales y que requieren trasladarse de manera efectiva hacia la totalidad de las jurisdicciones del país y en el interior de las políticas públicas.
