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Cuando Marisa se enteró de que su hijo adolescente consumía cocaína, quiso saber a quién se la compraba. “Lo primero que querés saber es quién le está cagando la vida a tu hijo”, dice. No tardó mucho en enterarse de que se trataba de una mujer que vivía muy cerca suyo. Recuerda que un detalle la delataba: siempre había chicos consumidores merodeando su puerta.
Cuando supo que, como su hijo no tenía dinero para comprar, la mujer lo usaba de delivery de sustancias a cambio de cocaína, empezó a denunciarla. “Pero enseguida ves que detrás hay un policía, un fiscal o un político, porque nunca la llevaron presa. Lo que sí pasó es que empecé a recibir amenazas”, cuenta con indignación.
Marisa no se llama Marisa y cuenta esta historia de terror desde una ciudad que no es donde pasaron estos hechos: para proteger a su familia, se mudó. “Tenía miedo de que mi otro hijo cayera en lo mismo. No lo dejaba salir a ningún lado. No era vida”, recuerda.
Hoy es parte de la organización “Madres en lucha por una juventud despierta” y cuenta que en los barrios es una constante que se sepa qué vecino o vecina vende drogas. “Da bronca, pero no denunciás por miedo a las represalias. Porque en el barrio todos nos conocemos”, explica.
Según un informe reciente elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, en tres de cada 10 hogares identifican que hay venta de drogas en su cuadra, manzana o barrio. La cifra registra un aumento sostenido en los últimos dos años: pasó del 22,8% en 2021 al 26,5% al año siguiente, hasta llegar al 31,3% en 2023.
Ese crecimiento se profundiza en los hogares pobres, en los que, según el mismo estudio, se triplican las chances de tener en la familia a una persona en consumo en comparación con lo que ocurren en los hogares que no lo son.
En ese sentido, el riesgo de vivir en un barrio donde la venta de drogas es parte de la cotidianeidad se triplica en los barrios populares y villas. Ese riesgo crece también en condiciones de pobreza e indigencia y ante la ausencia de vigilancia policial:
“Si bien la percepción de venta y tráfico en las villas es alta y constante, el incremento tan notorio en los monoblocks y viviendas sociales nos habla de que el narcomenudeo se instaló en los espacios urbanos, ahí donde antes no se veía tanto”, analiza la investigadora Solange Rodríguez Espínola, coordinadora de la Unidad de Capital Humano y Bienestar del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.
Para la especialista, que en tres de cada 10 barrios urbanos exista esta percepción es un dato sumamente preocupante. “Si bien estamos analizando una percepción, es decir que el dato es subjetivo, la cifra no sólo se mantiene sino que crece”, analiza.
Según el informe, que se desprende de la Encuesta de la Deuda Social Argentina que se realiza en forma anual, el problema aparece con mayor prevalencia en los barrios con baja vigilancia policial del conurbano bonaerense (43,6%) y del Gran Rosario (41,4%). Este riesgo también aumenta en niveles socioeconómicos más bajos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (38%), Conurbano Bonaerense (40,4%) y Gran Rosario (40,2%).
Según la última Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado, difundida en agosto último, el 22% de los jóvenes de entre 16 y 24 años había consumido marihuana en el año previo al estudio, apenas un 0,1% por debajo del rango de edad que va entre los 25 y los 34 años. El 5,1% de las personas de entre 16 y 49 años consumió cocaína alguna vez.
“Hay algunos barrios en los que la impunidad es tan grande, que la venta de droga se difunde por grupos de Telegram”, reconoce Marcela Monzón, fundadora de “Madres en lucha por una juventud despierta”, quien coincide con Marisa en el detalle que, enseguida, pone en evidencia a los lugares de venta. “Empezás a ver cómo los merodean los pibes que están en consumo”, se lamenta.
“Hay compañeras de la agrupación que han denunciado en sus barrios este tipo de situaciones con fotos y hasta con la ubicación en Google Maps. Pero la sensación es siempre la misma: no pasa nada”, concluye.
