En momentos de crisis, la ayuda alimentaria es responsabilidad del Estado

La situación de la pobreza en Argentina sigue mostrando un panorama preocupante: el 27% de las personas viven en situación de pobreza y el 5% en situación de indigencia. Esta situación se agrava en el caso de los chicos y chicas hasta 14 años, donde los valores son del 33% y 8% respectivamente.

En el caso de Cuyo, los niveles de pobreza son similares al promedio nacional, con la excepción del Gran San Luis, donde los valores son más reducidos: 18% de las personas vive bajo la línea de pobreza y 2% bajo la línea de indigencia. Lamentablemente no contamos, hasta el momento, con datos regionales relativos a los niveles de pobreza e indigencia para niñas, niños y adolescentes.

La región de Cuyo muestra una reducción de los niveles de pobreza, mayor que la del promedio nacional, entre los primeros semestres de 2017 y 2018. Y, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, esta tendencia a la baja no se modifica al comparar también con los datos del 2do semestre de 2017.

Entre todos estos datos, alarma la situación de aquellas familias en situación de indigencia o pobreza extrema que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. La canasta básica alimentaria para un hogar promedio de 4 miembros que vive en la región de Cuyo se ubica en torno a los $7000 mensuales por hogar.

Teniendo en cuenta toda la población de la región de Cuyo, son alrededor de 100 mil las personas que no alcanzan este nivel de ingresos y deben recurrir a otras estrategias, como la búsqueda de la asistencia alimentaria a través del Estado u otras organizaciones. Desde UNICEF se observa con preocupación esta coyuntura, a la que también hacen referencia los líderes comunitarios y de organizaciones sociales que advierten sobre la elevada demanda en los comedores y merenderos, fundamentalmente en los grandes centros urbanos de todo el país.

Esta situación es consecuencia de múltiples factores: elevada inflación, en particular en aquellos bienes que conforman la canasta alimentaria, incrementos salariales por debajo de la inflación (particularmente de los trabajadores no registrados), aumento de tarifas de servicios sociales básicos, estancamiento de la actividad económica y una insuficiente dinámica del mercado de trabajo.

En momentos de crisis, la ayuda alimentaria en el marco de una política social es responsabilidad del Estado y resulta clave para fortalecer a la población que está en situación de pobreza y particularmente para aquellos en pobreza extrema. Existen otras opciones además de la asistencia alimentaria directa: las prestaciones de protección de ingresos y las transferencias sociales que brindan recursos a la familia tienen un mayor potencial para reducir la pobreza, mejorar las inversiones de los hogares, empoderar a las personas proporcionando una mayor seguridad y estabilidad y mejorando su capacidad de planear de cara al futuro y fortalecer a las economías locales.

No pueden existir ni restricciones presupuestarias ni problemas de gestión que justifiquen una baja en la calidad y cantidad de comida que reciben niños y niñas. Discutir medidas específicas para dar respuesta inmediata a la pobreza en general y a la de la niñez en particular, debería ser hoy la prioridad de la política pública.

El autor es especialista en Inclusión Social de UNICEF