Gabriel Lerner: “Lo que más nos preocupa es mejorar los estándares de nutrición”

Los desafíos son enormes e impostergables. Gabriel Lerner, abogado especialista en infancia, asumió el cargo de secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social en un contexto en el que la mitad de los chicos y las chicas son pobres y donde el hambre, la falta de agua segura y la imposibilidad de acceder a servicios de salud se llevaron, en lo que va del año, la vida de al menos seis niños de comunidades de pueblos originarios del Norte del país. "Tenemos un problema histórico del Estado para llegar en tiempo y adecuadamente", afirma sobre la realidad de esas comunidades altamente vulnerables. Además, subraya la necesidad de trabajar en garantizar el acceso a otros derechos básicos como a la educación y los cuidados en la primera infancia.

–¿Qué expectativas tiene respecto al impacto de la tarjeta alimentaria?

–Tenemos una muy elevada expectativa del impacto del Programa Argentina Contra el Hambre y de la tarjeta, que es la primera etapa. De seguir las cosas sin la adopción de medidas que tomó el nuevo gobierno, en diciembre una familia con un niño hubiera percibido 2746 pesos, que es la prestación básica de la Asignación Universal por Hijo (AUH); y, si hubiesen sido dos niños, más o menos 5500 pesos. Con el incremento que se hizo de 2000 pesos para diciembre y para enero, y con la tarjeta, hoy si es una familia con un niño de menos de seis años, cobró 8746 pesos en enero, y si son dos chicos, 17.400. Lo que nos preocupa fundamentalmente es mejorar los estándares de nutrición y alimentación y estamos altamente esperanzados en este proceso.Por otro lado, estamos encontrando buena receptividad en pequeños productores y autoservicios. En el conurbano bonaerense, en los 24 distritos donde se distribuye actualmente la tarjeta, las familias van a poder a gastar por mes 194.000.000 pesos mensuales solamente en alimentos.

–¿Qué trabajo se está haciendo para llegar a las zonas rurales y comunidades originarias?

–En el NEA, por ejemplo, tenemos la particularidad de los wichis y los qom que son comunidades relativamente pequeñas en la masa general, pero que viven en condiciones particularmente alarmantes. Se está organizando un dispositivo para que la misma prestación que brinda la tarjeta llegue en productos a esa zona. En este momento hay un operativo donde está interviniendo el Ministerio de Defensa con una planta potabilizadora y distribución de agua. Además, se está articulando con el Ministerio de Salud que se integró al operativo y nuestro Ministerio de Desarrollo Social con equipos de toda las áreas y técnicos de la Secretaría de Niñez que están trabajando en estas comunidades. Sabemos que es difícil, que probablemente sigan apareciendo de vez en cuando noticias de las que nos duelen a todos, pero hay una prioridad puesta allí y esperemos que en esta oportunidad de gobierno deje de ser un problema estructural la dificultad de acceso de esas poblaciones a servicios y derechos básicos.

–Uno de los problemas fundamentales en esas zonas es el acceso al agua, ¿qué se está haciendo en ese sentido?

–La contaminación con elementos químicos de las primeras napas obliga a hacer pozos a 300 metros bajo el nivel de la tierra para acceder a agua potable. La infraestructura fundamental que falta allí es esa: que, donde haya una comunidad, haya un pozo. Se armó un dispositivo con el Ministerio de Defensa para potabilizar y entregar, y a futuro para empezar a hacer esos pozos. Hay que conseguir también un buen involucramiento de la provincia, eso es importante. No siempre es fácil esta coordinación con provincias y municipios.

–¿Ampliar el alcance de la Educación Sexual Integral (ESI) será también prioritario?

–Nuestra posición fue siempre muy a favor de la ESI. Al esfuerzo que haga el sistema educativo, hay que agregarle otras herramientas, como el desarrollo de nuevas tecnologías. También es importante el trabajo territorial. Se va a continuar y mejorar el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), vamos a intentar extenderlo a otras provincias. La ESI significa además empoderar a niños y niñas. Necesitamos que se expresen, que sepan cuáles son sus derechos. Está absolutamente demostrado –y no hay debate sobre esto en la ciencia–, que niños y niñas con acceso a la educación sexual están menos expuestos a los abusos y eso no puede depender de la opinión que tenga la mamá o el papá, no puede ser optativo. Esto tiene que ser parte de una política pública, es un derecho de los niños que los padres no pueden obturar.

–¿Qué otros derechos de los chicos y las chicas son prioritarios para la Secretaría?

–Uno de los desafíos es poder estructurar las intervenciones de los diferentes niveles del Estado y las organizaciones de la sociedad civil en lo que llamamos el Sistema de Protección Integral de Derechos. Es decir, el alineamiento del conjunto de las políticas públicas para hacer realidad el interés superior del niño. Creo que ahí hay un desafío central porque muchas veces faltan recursos y otras no estamos articulando bien los esfuerzos ni planificando adecuadamente. Por otro lado, tenemos dificultades en el sistema de salud, donde bajamos la tasa de mortalidad infantil pero hay mucho por hacer; la elevada tasa de suicidios en adolescentes y también de embarazos; la necesidad de proteger las primeras infancias; desafíos en el consumo problemático y en materia educativa. Hay alrededor de 400.000 adolescentes, de 13 a 17 años, que podrían estar incluidos en la AUH y no lo están, o porque no están en la escuela o porque no viven con sus padres y no se han hecho los trámites. Vamos a trabajar fuertemente para incluirlos.

–Ud. se ha manifestado siempre en contra de la baja de la edad de inimputabilidad. ¿Considera que es necesaria una modificación del régimen penal juvenil?

–La Argentina necesita una nueva ley penal para adolescentes: hoy tenemos una que no solamente es de la dictadura sino que es pre Convención de Derechos del Niño. Hay que definir un piso mínimo por debajo del cual los jueces penales no intervengan, que no debe ser por debajo de los 16 años. Además, debe haber un menú de penas proporcionales a las responsabilidades que tiene una persona menor de edad. Una pena de 30 años de prisión como se ha dictado recientemente en la Argentina o perpetua a un adolescente, son condenas que violentan el principio de proporcionalidad y de culpabilidad atenuada. Hace falta, además, incorporar fuertemente procedimientos y prácticas de justicia restaurativa, que ofrecen la posibilidad de salir del cause del proceso penal tradicional y encontrar al sujeto activo del delito, con las víctimas o la comunidad.

–¿Qué balance hace de las políticas de niñez y adolescencia que se impulsaron durante el gobierno de Mauricio Macri?

–El gobierno del expresidente Macri empezó durante la campaña sacándose fotos con niños en barrios muy humildes y prometiendo 3000 jardines, para pasar directamente a desactivar e invisibilizar las políticas de niñez. Ese recorrido termina con el envío de un proyecto de ley penal juvenil que no solamente baja la edad de inimputabilidad sino que además permitía penas de hasta 55 años de prisión para adolescentes. A mí me parece que eso fue patético. En esta secretaría se subejecutaba el propuesto año a año. Hubo una insensibilidad, una falta grande de compromiso con las políticas sociales en general y destinadas a la niñez en particular. En ese contexto, encontramos una secretaría "aplanada" que hoy está, robándole un concepto a los especialistas en economía, con una capacidad ociosa del 75%.

–¿Rescata alguna política vinculada al a infancia implementada durante la gestión anterior?

– Sí, la inclusión de la categoría más baja del monotributo en la AUH y dos leyes que estamos implementado. Una es la de Egreso Asistido, que establece nuevos derechos para jóvenes sin cuidados parentales. En la Argentina hay entre 9000 y 10.000 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales y en ámbitos institucionales. Un tercio son adolescentes y podrían estar incluidos en el programa, que actualmente le está pagando la asignación económica a 278. Hay 19 provincias que adhirieron, pero su implementación ha sido un proceso muy engorroso. Nos comprometemos a duplicar rápidamente esta cifra. La otra ley que también fue votada ampliamente es el régimen de reparación económica a los niños, niñas y adolescentes cuyas madres fueron víctimas de femicidio o, en una menor cantidad de casos, sus padres de alguna otra violencia intrafamiliar.

–Muchas familias denunciaron las demoras en poder cobrar esa reparación. ¿Cuál es la situación actual?

–Al momento hay 371 niños y niñas que están percibiendo la prestación, que ronda los 14.000 pesos. Estamos trabajando con nuestro equipo con todas las provincias porque nos imaginamos un universo mucho más grande, aunque es difícil estimarlo por la calificación de femicidio desde el punto de vista penal, pero vamos a trabajar para identificar esos casos.

–Después de tantos años de deuda, finalmente se nombrará a la Defensora de los Niñas, Niñas y Adolescentes. ¿Qué implica esta figura?

–Yo competí para el cargo y me parece que fue un muy buen proceso, que pone la vara alta al Congreso para futuras designaciones. La Defensora viene a jugar un papel que el sistema de protección necesita, porque tiene que tener una persona independiente de los poderes que diseñan y ejecutan la política pública para que pueda observar, hacer recomendaciones, controlar y eventualmente representar niños o contingentes de niños en algún litigio en el caso de que las políticas públicas no den respuesta. Conozco de los méritos de la doctora Marisa Graham y estoy convencido de que será un aporte más a elevar la calidad de las políticas públicas.