Jubilados, cuentapropistas y asalariados informales: por qué, según la UCA, aumenta la pobreza pero la población indigente se mantiene estable

Hace pocos días, un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA le puso cifras al impacto que tuvieron en el bolsillo de los argentinos las políticas socioeconómicas del nuevo Gobierno durante el primer mes y medio de gestión: la pobreza pasó del 49,5% en diciembre al 57,4% a fines de enero, el valor más alto en los últimos 20 años. La indigencia, en tanto, varió menos de un punto porcentual: aumentó del 14,2% al 15% en el mismo período.

Se trata de una simulación estadística que la UCA realizó a partir de los datos económicos del tercer trimestre de 2023 y que contrasta la evolución de los valores de la canasta básica alimentaria (el conjunto de alimentos necesarios para tener una alimentación adecuada) y de la canasta básica total (incluye, además de alimentos, bienes y servicios) con los ingresos de las familias. Cuando una familia no logra cubrir la canasta básica total, se considera que vive en la pobreza. En cambio, cuando sus ingresos no pueden garantizar la alimentación, califica como indigente.

En este sentido, el director del Observatorio, Agustín Salvia, analiza el papel que juegan la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, que en enero recibieron un aumento del 100% y del 50% respectivamente, para evitar que la pobreza y, sobre todo, la indigencia sean aún más altas. “En el tercer trimestre de 2023, de no haber contado con estas transferencias, la indigencia se habría duplicado”.

De todas maneras, Salvia remarca que estas transferencias no deben verse como una herramienta para salir de la pobreza sino para atender situaciones de emergencia. “Como las condiciones que promueven la pobreza en la Argentina son crónicas, la asistencia social termina siendo estructural y no una situación de coyuntura, hasta que aparezca una verdadera oportunidad de inclusión y pleno empleo”, explica en diálogo con LA NACION.

–El estudio que difundieron hace unos días estima en un 15% a la población que vive en condiciones de indigencia. ¿Quiénes integran ese 15%?

–En la población indigente están, fundamentalmente, los trabajadores cuentapropistas, los profesionales de baja calificación o asalariados, en su gran mayoría no registrados, de pequeñas o microempresas, de empresas familiares, de microemprendimientos, etcétera. También ahí se encuentran los jubilados que reciben la mínima y que dependen de esa jubilación para sostener incluso a otras personas: a un grupo familiar más extenso, con personas con discapacidad o menores. Es una población fuertemente dependiente de los programas sociales.

–¿Qué porcentaje alcanzaría la indigencia si no existieran estas transferencias?

–En la medición del tercer trimestre de 2023 las personas indigentes representaban el 9,6% de la población. En ese momento estimamos que ese porcentaje pasaría a un 20%. Se duplicaría en el hipotético contexto de no contar con los programas sociales. En este caso, como los programas sociales aumentaron, no sabemos si la cifra actual se duplicaría o no, pero sin duda, dado que los programas sociales fueron un componente que hizo que la indigencia prácticamente no aumentara entre diciembre y enero, habría aumentado de manera más significativa.

–¿Cree que el Gobierno es consciente del rol que juega esta asistencia como muro de contención de la pobreza y la indigencia?

–Bueno, hasta aquí el Gobierno imprimió una primera medida, que fue el aumento de los programas sociales, que tuvo un impacto importante en contener a los grupos de menores ingresos. Habrá que ver si estas medidas continúan. Ahora están en juego también las ayudas vinculadas a la asistencia escolar. Pero seguramente habrá mayor demanda de asistencia en transferencias de ingresos hacia los segmentos más vulnerables de la economía informal.

–¿Qué ocurre con la economía informal cuando se ajusta el salario mínimo?

–Esos ajustes siempre impactan sobre el sector informal. Habrá que ver qué ocurre con los programas sociales a partir de este ajuste del salario mínimo.

–¿Se sale de la pobreza con este tipo de transferencias de ingresos hacia los segmentos más vulnerables?

–No. No es el formato con el cual se sale de la pobreza ni tampoco de la indigencia de manera sostenible. Hoy por hoy son herramientas, así como lo han sido durante estos últimos 20 años, para asistir situaciones de pobreza estructural. Pero como son crónicas esas condiciones de pobreza estructural, estos programas, que deberían ser transitorios, hasta que aparezca una oportunidad de empleo y de inclusión plena, también se vuelven crónicos. La asistencia social termina siendo estructural y no una situación de coyuntura, de emergencia.