La historia de Olga Díaz, la mujer apuñalada por su expareja a quien el Estado deberá indemnizar

María Ayuso

LA NACION

Es una tarde de febrero de 2002, Olga Díaz tiene 45 años y hace más de 20 que está casada con L.P, el padre de sus cuatro hijos. Acaba de recibir un llamado inesperado: una mujer le contó que tiene una relación con su marido. Es la gota que rebalsa el vaso. Olga se le planta de frente: "Hasta acá llegué. Te vas".

-A mí no me vas a echar. Si yo me voy, vos te quedas en la calle, sin nada.

Así le responde L.P. Lo que sigue, es un frenesí de violencia: heladera, televisor, muebles, todo lo que él encuentra, lo tira a la calle, lo destruye. Con nafta, prende fuego el Peugeot 505 de la familia y hace crecer las llamas con la ropa de Olga. "Ese acto de violencia tan fuerte me pareció como una irrealidad. Me acuerdo que mi hija más chiquita, que era una nena, me agarró de la mano y me dijo: ‘Mamá, vamos’", recuerda la mujer. Fue el principio del fin.

Le siguieron días refugiada en la casa de una amiga, cartas de L.P con pedidos de disculpas, con promesas de cambio, la reconciliación. Pero duró poco. Al tiempo volvieron a aparecer las infidelidades, la violencia psicológica, simbólica, económica. Cuando ella le decía que lo iba a dejar, él la amenazaba con colgarla del ventilador de techo, con dejar a sus hijos sin madre.

El viernes 24 de marzo de 2017, separada de forma definitiva, tras haber realizado varias denuncias contra su expareja y sin ninguna medida judicial de protección que la resguardase del violento, Olga fue apuñalada cinco veces por L.P en la puerta de su casa. Ella no llegó a verlo, no recuerda nada, pero después supo que le clavó el cuchillo en el cuello, en el brazo, en el pecho. Delante de su hijo y vecinos, que intentaron defenderla y a quienes L.P también atacó, quedó tendida en un charco de sangre.

En la Argentina, el drama que no tiene tregua se traduce en casi un femicidio por día: una mujer muere cada 26 horas víctima de la violencia de género y Olga estuvo a punto de engrosar la lista del dolor. "Me gustaría ser la voz de las que ya no pueden hablar. Esas mujeres no fueron escuchadas y yo fui una de ellas. Soy tan solo una sobreviviente. Me tocó ser peloteada por el sistema y gracias a que no me rendí hoy estoy viva", resume la mujer, que tiene 63 años, está jubilada y es abuela de seis nietos.

La falta de protección de las autoridades estatales hacia Olga, aun después de su denuncia y teniendo conocimiento de la situación de riesgo en la que se encontraba, llevó a que, en diciembre de 2017, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, denunciara al Estado argentino ante el Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). El objetivo era que reconociera su responsabilidad por el deficiente tratamiento judicial dado al caso, vulnerando tratados internacionales que fijan el deber de los funcionarios de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género.

"Me gustaría ser la voz de las que ya no pueden hablar. Esas mujeres no fueron escuchadas y yo fui una de ellas. Soy tan solo una sobreviviente. Me tocó ser peloteada por el sistema y gracias a que no me rendí hoy estoy viva"

Finalmente, la semana pasada y tras varios encuentros, se firmó un acuerdo inédito de solución amistosa donde, entre otras cuestiones, el Estado se comprometió a brindarle a Olga una reparación económica, cuyo monto será fijado por un tribunal arbitral. Pero, para ella, "eso es lo de menos". Lo más importante es que el acuerdo prevé la adopción de otras medidas destinadas a mejorar el acceso a la Justicia a mujeres víctimas de violencia, entre ellas, elaborar un documento con "Principios Generales de Actuación", dirigido a los operadores del Poder Judicial y el resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias; así como capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar este delito.

Un acuerdo histórico

"Si vos querés que me vaya, yo me voy. Pero vas a terminar bajo tierra, la nena en un orfanato y yo en la cárcel. Techo y comida voy a tener". Olga reconstruye esa frase de L.P como si la estuviese escuchando. Se quiebra. "La nena" es Antonella, su hija mejor, que en ese momento tiene ocho años. Ella tiene miedo, le dice que sigan juntos, y él le responde, sarcástico: "Muy bien, elegiste bien".

La violencia psicológica, a Olga se le hizo carne. Vivía con la certeza de que, si intentaba irse o denunciarlo, él iba a cumplir con sus amenazas. "Yo sabía que era capaz de cualquier cosa. Pensaba en criar a mi hija y que, cuando ella fuera mayor de edad, iba a ver qué hacía. Decía: cuando ella cumpla 18 años, quiero estar libre. Me apoyaba en mi iglesia y en mi fe", cuenta. "Cada vez que veía en las noticias que una mujer hacía la denuncia y terminaba muerta, pensaba en mí. Fui a un grupo de ayuda para víctimas de violencia de género y escuché el caso de una chica a la que le habían dado un botón antipánico, su expareja le dio tal paliza, que cuando ella pudo apretar el botón, él ya había desaparecido. Aunque muchos me decían que denunciara, yo sentía que no era seguro".

No recuerda si fue el 11 o el 12 de diciembre de 2016. Pero sí que discutieron y ella decidió, definitivamente, irse de la casa. Se fue a un hotel en Palermo, pasó las fiestas con sus hijos y unos días en la costa. Cuando volvieron, Antonella le ofreció a su mamá ir a buscar su ropa a la casa que había dejado. En ese momento, Olga trabajaba como secretaria de dos médicos a los que adora, que la apoyaron y que pide especialmente nombrar: Luis Squiquera y Sergio Maulen, sus salvavidas en el infierno. Estaba en el consultorio cuando escuchó el timbre y la voz de su hija menor, que tenía las manos del padre marcadas en el cuello: "Me quiso ahorcar porque me quise llevar tu ropa". A Olga se le cayó el mundo a los pies. Se fue directo a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) a hacer la denuncia.

"Cada vez que veía las noticias de que una mujer hacía la denuncia y terminaba muerta, pensaba en mí. Aunque muchos me decían que denunciara, yo sentía que no era seguro".

Era el 2 de febrero de 2017. "En la OVD me atendieron de forma maravillosa: me contuvieron, me acompañaron, y ahí se inició una causa civil y una penal. Pero cuando fui Juzgado Nacional en lo Civil N° 85 de la Ciudad, sentí todo lo contrario", recuerda Olga. "Me sentí burlada, muy mal. No me dieron la exclusión inmediata de él del hogar ni las medidas de seguridad que era lo que habían pedido desde la OVD. Es más, adelante mío lo llamaron a mi expareja para contarle que estaba haciendo la denuncia. Me sentí muy sola".

"¿Qué le van a decir sus nietos? Abuela, echaste al abuelo a la calle" y "Señora, con tantos años de casados, lo tienen que resolver", son solamente algunas de las frases que Olga escuchó en el juzgado y en la policía de la Ciudad, donde la revictimizaron una y otra vez. El 23 de febrero, más de veinte días después de haber hecho la denuncia, el juzgado –que insistía en hacer una mediación– efectuó la exclusión del hogar. Pero sin ninguna medida de seguridad para Olga, que ese día volvió a su casa. Llamó a un cerrajero para que haga el cambio de llave y se acostó con miedo. El 24 de marzo de 2017, L.P intentó matarla. Estuvo 45 días en terapia intensiva y tres meses en rehabilitación.

A raíz del ataque que casi termina con su vida, se inició una nueva causa penal que ordenó la acumulación de las causas penales previas –en las que no se había registrado ningún avance– y se dictó la prisión preventiva de L.P. El 6 de diciembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 de Capital Federal lo condenó a 20 años de prisión. "Cuando escuché el veredicto, pensé que algo tenía que hacer: si Dios me permitió vivir, algún propósito tenía. No quería que otras mujeres pasaran por lo que pasé yo. Se lo planté a los abogados de la DGN", sostiene Olga.

Para Stella Maris Martínez, el acuerdo reparatorio que se logró, gracias al impulso de la DGN, la semana pasada, permitió que se reconozca "el derecho de una víctima que salvó su vida milagrosamente". La defensora, sostiene: "Es una satisfacción moral que el Estado reconozca su responsabilidad. Estos casos pasan porque en el fondo todavía existe el prejuicio machista de que las mujeres mentimos. En la medida en que no se deconstruya esto que forma parte del imaginario popular, siempre vamos a encontrarnos con que las denuncias se minimizan".

"Cuando escuché el veredicto, pensé que algo tenía que hacer: si Dios me permitió vivir, algún propósito tenía. No quería que otras mujeres pasaran por lo que pasé yo"

La coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la DGN, Raquel Asensio, explica que la particularidad del caso es que es la primera vez que el Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por fallas en la prevención de la violencia de género, "que luego habilitaron un ataque que casi resultó fatal"."Si bien hubo antecedentes en los que se cuestionó el accionar de autoridades provinciales en causas penales, porque resultaron en la impunidad de los delitos de violencia de género denunciados y en prácticas de revictimización, en el caso de Olga se cuestionó la actuación de autoridades nacionales –en especial, de la justicia de familia y la penal– y de la policía de la Ciudad", detalla la funcionaria. Y agrega: "Una vez que el Estado toma conocimiento de que una mujer está en una situación de riesgo, tiene que actuar con lo que se conoce como debida diligencia, es decir, tomar las medidas que sean necesarias y razonables para evitar la concreción del riesgo. En el caso de Olga, el Estado falló".

Asensio agrega que, el próximo paso, es que el acuerdo sea ratificado por un decreto del Poder Ejecutivo, para que se pueda implementar: "Algo que encontramos como satisfactorio fue que en menos de año se firmó un acuerdo que involucra a muchos sectores. Vimos una voluntad de mejorar las prácticas que nosotros denunciábamos y se sentaron en la mesa representantes de distintos ámbitos, como la Justicia, el INAM, la policía de la Ciudad y otros organismos que reconocieron las malas prácticas".

Para Olga, el acuerdo representó una reparación moral: el reconocimiento del Estado del incumplimiento de sus deberes. "Mi intención es que lo que me pasó a mí, no se repita", dice con emoción la mujer, que vive en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Lo que más la conmueve, es las medidas de protección que se plantearon en el acuerdo: "La violencia lamentablemente va a seguir, pero al menos siento que ahora las mujeres van a ser escuchadas y eso me da mucho alivio y satisfacción. Me siento orgullosa, no por mí, sino por lo que conseguimos como equipo".

Dónde denunciar

• Línea 144: Es la línea gratuita de atención para mujeres en situación de violencia. Atiende las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país
• Oficina de Violencia Doméstica: Atiende todos los días, las 24 horas. Queda en Lavalle 1250 PB, CABA. Se puede llamar al (011) 4123- 4510 (al 4514)

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