Los tribunales de familia reclaman más recursos para realizar sus tareas

Son los responsables de velar por los derechos de los más vulnerables. Los 24 juzgados civiles con competencia de familia de la ciudad de Buenos Aires reciben a diario a víctimas de violencia familiar y de género, a chicos que deben ser separados de sus tutores porque no pueden garantizar su cuidado, a personas con discapacidad, con trastornos en su salud mental o que viven en carne propia los flagelos del paco y otras adicciones.

Para poder dar una respuesta integral, efectiva y rápida a los cientos de expedientes que llevan por año, esos tribunales reclaman una adecuación en la cantidad y calidad de los recursos humanos con los que cuentan. Entre otras cuestiones, piden que se designen los equipos interdisciplinarios (con psicólogos y psiquiatras) que prevé el Código Civil y Comercial de la Nación para cada juzgado y que se conforme una oficina pericial especializada en asuntos de familia.

"Nuestros tribunales son como una terapia intensiva: acá llegan casos críticos, que exigen de un accionar inmediato", explica Lucas Aón, juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 25, con competencia en cuestiones de familia. "Actualmente, contamos solamente con dos trabajadores sociales por juzgado, que resultan insuficientes, y el mismo personal que en la década del 90, mientras que los conflictos que atendemos se complejizaron exponencialmente".

Aunque hicieron varias presentaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), de la que depende la creación de estos cargos, Aón explica que no tuvieron "ninguna respuesta adecuada". Patricia Castro, presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, agrega: "El Consejo de la Magistratura sacó una resolución (la 552/16) en la cual dispuso la necesidad de estos equipos interdisciplinarios, pero la Corte no los crea".

Por su parte, desde la Dirección de Recursos Humanos de la CSJN respondieron a LA NACION que no se dispone de estos equipos dado que el Consejo de la Magistratura de la Nación, responsable del presupuesto, "respondió recientemente que en lo atinente a las partidas necesarias para la habilitación del Cuerpo Interdisciplinario Forense no están previstos los cargos y el crédito necesario para afrontar el gasto".

"Un juzgado de familia que trabaja sin interdisciplina es como un barco a la deriva, sin brújula, donde a lo mejor el capitán es más o menos ducho y por el viento se orienta y no naufraga", grafica Alejandro Siderio, juez a cargo del Juzgado Nº 82. "Pero hay instrumentos para evitar que esto suceda: satélites, radiocomandos. En el campo de las crisis familiares también: el derecho es insuficiente para poder resolverlas, por eso se necesitan las herramientas idóneas que aportan psicólogos, psiquiatras y otros profesionales".

Los jueces señalan que hubo un gran incremento en el ingreso de las causas en los juzgados con competencia de familia, pero no así en su personal. Mientras en 1992 ingresaron 22.690 causas (945 por juzgado), en 2015 (fecha hasta la cual hay registradas estadísticas) fueron 37.559 (1565 por cada tribunal), siendo atendidas por el mismo plantel (juez, secretario, dos asistentes sociales y once agentes).

Otro de los reclamos consiste en contar con unidades de traslado, evaluación y eventual internación de pacientes con padecimientos mentales o adicciones que se encuentran en condiciones críticas y cuyos familiares reclaman su urgente tratamiento por ser un peligro para sí y para otros. Muchas de estas crisis explotan en la mesa de entrada de los juzgados, donde no hay personal adecuado para contenerlas.

"Hasta el año pasado existió en el ámbito del gobierno porteño un dispositivo dirigido a trasladar en caso de emergencia a personas que se encontraran cursando un cuadro agudo, pero se desactivó", asegura Aón.

La necesidad de equipos periciales especializados en asuntos de familia para expedientes controvertidos también resulta central. ¿Qué diferencia hay entre estos peritos y los profesionales que reclaman para cada juzgado? "Los primeros se ocupan del diagnóstico, de lo probatorio para determinado tipo de causas. Por otro lado, los equipos interdisciplinarios se refieren al acompañamiento y el trabajo cotidiano que se tiene que hacer dentro de los juzgados con la familia en la implementación de las soluciones y recomposición de los intereses", sostiene Siderio.

Un 30% de los expedientes que reciben estos juzgados son por casos de violencia, y un 10% requieren la determinación de capacidad de personas con discapacidad o problemáticas de salud mental. "En esos casos tenemos una demora de entre tres y seis meses para obtener un diagnóstico, por falta de peritos especializados. El juez tiene los conocimientos jurídicos, pero no los sociales, psicológicos y psiquiátricos", afirma Aón. "También se necesitan en el caso de las adopciones, porque para determinar que ni la familia nuclear ni la extendida pueden garantizar el cuidado de ese chico hay que tener un análisis muy extensivo".

Castro explica que antes los juzgados contaban con el área de psicología y psiquiatría del Cuerpo Médico Forense. Sin embargo, agrega: "Esto se restringió, ya que aquel tiene prácticamente la mitad de los psiquiatras porque para los cargos que quedaron vacantes por renuncias o jubilaciones los concursos no terminan de celebrarse nunca".

Para Aón, el juez de familia tiene un perfil totalmente diferente del resto de los jueces. "Tienen que tener no solo un compromiso profesional, sino también personal: tenemos que dar una atención personalizada. No tratamos con los abogados, sino con las partes. Eso no podemos hacerlo solos, necesitamos de un abanico de abordajes", concluye.

Por María Ayuso

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