Menos presupuesto para jardines de infantes: quiénes son los niños que se quedan sin matrícula y cómo impacta en las madres

Se trata del más desigual de todos los niveles educativos. Y, por ende, del más privatizado. Hablamos del nivel inicial, el primer escalón educativo dentro de un sistema que consagra la obligatoriedad de las salas de 4 y 5 años y que promueve la universalización de la sala de 3 años. Sin embargo, mientras el 98% de los niños asiste a preescolar, la matrícula decrece al 89% en lo que respecta a la sala de 4 y cae al 42% en el caso de la de 3, según un informe de 2020 del Observatorio Argentinos por la Educación.

Hace pocos días, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un recorte presupuestario que dificulta la posibilidad de mejorar el acceso a ese nivel educativo. Le quita recursos al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes”, que busca, justamente, dotar de mayor infraestructura al sector mediante la construcción de más jardines y salas.

¿Qué ocurre en una familia que no cuenta con un jardín de infantes donde enviar a sus hijos? Los impactos negativos son diversos: mientras los niños ven impedido el acceso a una educación temprana, que los estimule y les permita incorporar diferentes tipos de habilidades, algún adulto (generalmente, una mujer) deberá hacerse cargo del cuidado de esos niños sin acceso al nivel inicial.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Espacio Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), considera que la falta de avances sustanciales se debe, en gran medida, a que se sigue viendo a la educación y el cuidado de la primera infancia como un tema privado, que debe gestionarse al interior de las familias; y, dentro de las familias, una tarea que les corresponde resolver a las mujeres.

“Se está desoyendo una problemática para la que se ofrecen respuestas que no responden a la realidad de las familias de hoy. Las condiciones de vida de las familias en la sociedad actual de Argentina y de la región de América Latina es mucho más diversa, más heterogénea y más compleja que aquella que inspiró las regulaciones y las políticas públicas del siglo pasado”, sostiene la abogada y docente universitaria especializada en tareas de cuidado.

—Durante largas décadas, la educación inicial hizo foco principalmente, y casi con exclusividad, en las salas de 4 y 5 años. Hoy la oferta atiende a las edades previas, aunque de forma desigual. Desde la perspectiva pedagógica, evolutiva y hasta en términos de estimulación, ¿qué beneficios le reporta a un niño asistir al jardín de infantes desde instancias anteriores a los 4 años?

—Los estudios muestran que la estimulación pedagógica en la primera infancia tiene efectos beneficiosos para el rendimiento escolar en los años que siguen (en preescolar y en la escuela primaria) e incluso el desempeño en la primaria impacta en la etapa secundaria y favorece la terminalidad educativa. Esto es central considerando la tasa de abandono escolar en la adolescencia, que se da por diversos motivos. La inserción de niños y niñas pequeños en espacios educativos no solo favorece un ámbito adecuado para recibir estos estímulos y promover su socialización sino que además permite a las familias organizar sus responsabilidades con la tranquilidad que cuentan con un espacio adecuado para el cuidado.

—Se sabe que en la oferta de jardines de infantes con salas de 2 y 3 años, e incluso con salas maternales hay grandes brechas: por ejemplo, hay mayor cantidad de instituciones de gestión privada que de gestión pública, de la misma manera que hay más cantidad en las localidades urbanas e, incluso, en las provincias con más recursos. ¿Qué ocurre cuando el ejercicio de un derecho esencial queda supeditado a que la familia pueda pagar o a la ubicación en la que uno vive?

—Cuando el acceso a un derecho depende de nuestra capacidad económica o nuestro lugar de residencia se generan situaciones de arbitrariedad y se potencian las desigualdades. Nuestro país ha asumido el compromiso de tratar a toda la ciudadanía como iguales, garantizando el mismo acceso a derechos y brindando un trato digno. El rol del estado desde el diseño y la implementación de las políticas públicas es promover mecanismos que mitiguen los efectos de las desigualdades preexistentes.

—Hace pocos días, el Gobierno anunció una serie de recortes presupuestarios. Uno de ellos, reduce en un 36% el presupuesto del “Programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes”, orientado a la construcción de nuevos jardines y aulas con intención de acortar las brechas de las que venimos hablando. ¿Cómo impacta en la vida cotidiana de las familias con hijos pequeños el no contar con un jardín de infantes acorde a sus necesidades?

—Las últimas noticias sobre los recortes presupuestarios dejaron de manifiesto un problema que desde ELA y otras organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado en el pasado: el Ministerio de Educación tiene un grave problema de subejecución presupuestaria. Es decir, incumple los compromisos que ha asumido para gestionar la construcción de infraestructura escolar en el territorio del país para abordar justamente los problemas de falta de jardines y de vacantes escolares para la primera infancia. El impacto en las familias es enorme: están restringiendo las posibilidades de contar con una alternativa de espacios de cuidado para niños y niñas pequeños con el consiguiente riesgo que eso puede implicar. Son familias que dispondrán de menos opciones a la hora de buscar un equilibrio precario entre sus necesidades y la disponibilidad de espacios y políticas para el cuidado.

—¿Cómo afecta, puntualmente, la trayectoria profesional y personal de las mujeres adultas esta desigualdad en la oferta de jardines de infantes?

—Las familias de hoy tienen composiciones diversas: las parejas se separan, el mercado de trabajo no garantiza el pleno empleo tampoco de los varones y las familias necesitan de más de un ingreso para no ser pobre. Pero aún a pesar de todas estas transformaciones sociales y económicas, el peso principal de las responsabilidades de cuidado sigue teniendo mayor impacto en las trayectorias laborales y profesionales de las mujeres. Son ellas quienes, ante la ausencia o la limitación de las políticas de cuidado (para la primera infancia y también para otras personas de las familias, como personas adultas) asumirán esas responsabilidades en detrimento de su desarrollo profesional o laboral. Por eso las mujeres con más cargas de cuidado ven recortada o limitada su capacidad de inserción o sostenimiento en el empleo remunerado, tienen menos autonomía económica y se encuentran más expuestas a situaciones de violencias por razones de género.

—¿Qué ocurre cuando la responsabilidad del cuidado de niños y niñas recae sobre otros niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo hermanos mayores?

—En muchos hogares, estas tensiones entre las necesidades de cuidado y el acceso a políticas y servicios de cuidado se resuelve al interior de las familias, recurriendo a otros niños, niñas y adolescentes. Cuando analizamos los datos de terminalidad educativa en las adolescentes, vemos que en muchos casos se debe a que ellas también cuidan. Esto impacta no solo en el derecho a la educación de las niñas sino también en sus posibilidades de desarrollo futuro, alimentando la reproducción de la pobreza y de la pobreza de tiempo en las mujeres.

—Más allá de ampliar la oferta de instituciones de educación inicial, ¿con qué otras políticas públicas el Estado podría incidir para evitar desigualdades en materia de educación y cuidados?

—La ampliación de la oferta de educación inicial es una estrategia importante en el marco de un un sistema de cuidados que es más complejo y que debe incluir la articulación con otras políticas públicas como espacios de cuidado infantil gestionados desde ámbitos comunitarios; espacios de cuidado provistos por los lugares de empleo, tanto públicos como privados (en cumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo hasta hace poco no reglamentada por el Poder Ejecutivo); y reconocimiento de recursos monetarios para el apoyo de otras opciones de cuidado en las familias. Además, los espacios educativos cumplen un rol importante como estrategia de cuidados para las familias más allá de la primera infancia. Las escuelas de doble jornada o jornadas extendidas son también importantes durante las infancias y los primeros años de la adolescencia, ya que los horarios de las jornadas simples son incompatibles con casi cualquier jornada de trabajo.

—¿Qué otros actores sociales podrían involucrarse para acortar este déficit en la oferta de instituciones de primera infancia?

—Con funciones distintas, también el sector empleador (tanto del sector público como privado) tienen la obligación de garantizar la existencia de espacios de cuidado para los niños y niñas pequeños de sus trabajadores. En la reglamentación reciente de esta obligación en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo se reconoció la importancia de promover estas políticas de manera general en el entendimiento que tanto los trabajadores como las trabajadoras tienen responsabilidades de cuidado respecto de sus hijos. No es un tema que deban “resolver” o gestionar las mujeres sino que son responsabilidades compartidas. Por otra parte, también los sindicatos pueden y deben involucrarse en impulsar estas políticas desde las negociaciones sindicales, incorporando una agenda para la igualdad de género.

—¿Por qué cree que tiende a subestimarse la importancia del cuidado y la educación en la primera infancia?

—Creo que todavía se ve como un tema privado que debe gestionarse al interior de las familias y dentro de las familias, que corresponde resolver a las mujeres. Desde una mirada más tradicional y enfocada en una distribución estereotipada de los roles sociales de género en realidad se está desoyendo una problemática para la que se ofrecen respuestas que no responden a la realidad de las familias de hoy. Las condiciones de vida de las familias en la sociedad actual de Argentina y de la región de América Latina es mucho más diversa, más heterogénea y más compleja que aquella que inspiró las regulaciones y las políticas públicas del siglo pasado.

—Si pensamos concretamente en este recorte, y a la luz de lo que se ha venido haciendo –y lo que no– hasta nuestros días, ¿qué importancia cree que le otorga el Estado a este tema?

—El Poder Ejecutivo avanzó en la elaboración de un proyecto de ley para crear un sistema integral de cuidados en el país que fue presentado al Congreso en mayo de este año. Este proyecto fue creado con aportes de diversos sectores y una mirada intersectorial que representa un esfuerzo sumamente interesante para poner en diálogo la articulación de políticas, servicios e infraestructura que es necesario gestionar a nivel federal, con la indispensable participación y gestión desde las provincias. Todavía no hubo avances en el debate parlamentario pero creemos que ese proyecto establece consensos interesantes sobre los cuales se puede avanzar.

—¿Qué país de la región podríamos mencionar como modelo a seguir por su políticas públicas respecto a educación y cuidado en primera infancia y por qué?

—Uruguay fue pionero en crear un sistema integrado de cuidados promovido a partir de los debates impulsados por el Frente Amplio y consolidado luego en una ley que reconoce entre las poblaciones prioritarias a la primera infancia. De manera más reciente, Chile incorporó una cláusula en la propuesta de nueva Constitución que reconoce el derecho de todas las personas al cuidado. El articulo 50 de la Constitución propone adoptar la definición que acuñó Laura Pautassi (N. de la R.: abogada e investigadora del Conicet) ya en 2007 y que considera el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse como un derecho humano a lo largo de todo el ciclo de vida, en condiciones dignas, igualitarias y corresponsable. Su aprobación sería un aporte muy interesante para toda la región.

Más información

• La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró un informe sobre el alcance del recorte a la infraestructura educativa. Se puede leer en este link.
• La Dirección de Educación Inicial del Ministerio de la Nación trabaja en garantizar la inclusión a la enseñanza formal de niños de 3, 4 y 5 años de edad. El teléfono del área es 4129-1000 internos 1222 o 7004 y ofrece más información en su página web.