“No saben qué tipo de agua toman”: el drama de un millón de niños que crecen en 6000 barrios de todo el país

Más de un millón de niños en la Argentina van a vivir 11 años menos que el promedio solo por haber nacido en una villa o asentamiento. El dato surge de una investigación reciente del Centro para la Integración Socio Urbana (Cisur) y apunta a las precarias condiciones de vida como el factor que determina esa desigualdad.

“Esos niños no eligieron nacer en un hogar donde no saben qué tipo de agua toman cuando abren la canilla o donde no tienen la posibilidad de calefaccionarse de manera segura porque no tienen acceso a una red de gas”, asegura Juan Maquieyra, director de TECHO Argentina, organización que trabaja en barrios populares realizando proyectos de viviendas. En esa enumeración, Maquieyra resumió algunos de los factores que explican la baja expectativa de vida de quienes crecen en villas y asentamientos.

El informe de Cisur expone que mientras la población general del país vive en promedio hasta los 71 años, en los barrios populares el promedio de vida es de 60. La investigación se basó en datos del Censo 2022, el Ministerio de Salud de la Nación y del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap).

En una charla con LA NACION, Maquieyra, quien lideró el Instituto de Vivienda de la Ciudad y fue funcionario de los Ministerios de Desarrollo Social y Educación de CABA, opina que si bien “esos niños no eligieron dónde nacer, nosotros desde nuestras organizaciones, empresas y reparticiones del Estado sí podemos decidir invertir dinero, tiempo y talento para que tengan una oportunidad de desplegar su potencial y cambiar ese destino“.

—¿Cómo se explica semejante diferencia en la expectativa de vida?

—La precariedad habitacional y la falta de acceso a servicios básicos: más del 90% de los vecinos de barrios populares no tiene acceso a cloacas, más del 90% no tiene acceso a una conexión eléctrica segura y más del 80% no tiene acceso a agua segura o potable, de acuerdo al informe del Cisur. A esto se suma el riesgo ambiental: el 48% de los barrios se encuentra en zonas inundables y cerca de basurales o microbasurales de acuerdo al informe de Desigualdad Climática que realizamos en TECHO.

—¿Cómo impacta esto en la vida de los chicos?

—Imaginémonos lo que significa en la vida de un niño abrir la canilla y no saber si lo que sale de esa canilla es agua potable. Esta falta de acceso a los servicios básicos genera todo tipo de problemas de salud. Además, las escuelas y los hospitales suelen estar lejos de los barrios. Entonces los chicos tienen menos oportunidades para desarrollarse y forjar su propio destino a través de la educación o de un sistema de salud que los acompañe toda su vida. Eso también profundiza la desigualdad y perpetúa el ciclo de la pobreza.

—Teniendo en cuenta que, según el Renabap, hay 6.467 barrios populares en el país y que ahí viven 5 millones de personas, de las cuales alrededor de 1.250.000 tienen menos de 9 años, ¿cómo se puede revertir esta problemática?

—Es muy importante volver a poner en agenda la urbanización e integración de los barrios populares en un momento en el que la dirigencia argentina habla de cualquier tema doméstico o extranjero, pero no se ocupa de poner el ojo en quienes están más postergados.

—¿Cuál debería ser la respuesta de la dirigencia política?

—Una política sólida de integración sociourbana que defina un modelo de financiamiento que tenga un componente público, pero también que innove y atraiga dinero del sector privado. Lo que se debe invertir son 27 millones de dólares, que tanto TECHO como Fundar han identificado en un reciente informe como el monto que se necesita para desarrollar las obras de integración social y urbana. Esta diferencia de 11 años de vida para los vecinos de barrios populares se revertiría si tuvieran acceso al agua corriente, electricidad y acceso a cloacas o un sistema de saneamiento adecuado que es lo que facilita la urbanización.

—La urbanización de los barrios populares está indicada en una ley nacional (Ley 27.453). ¿Se cumple?

—Esa política que se inició durante el gobierno de Mauricio Macri, con la Ley de Integración Social Urbana y el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, y se continuó en la presidencia de Alberto Fernández, con la inversión en integración social y urbana en distintas modalidades, hoy está desfinanciada. Es una ley que fue votada en 2018 por todo el arco político, de izquierda a derecha, y hoy está sin inversión y por lo tanto no hay obras a gran escala en los barrios a escala que puedan revertir esta situación de desigualdad.

—¿De quién depende que esta política se vuelva a tener en cuenta después de que en mayo el Gobierno nacional dio de baja el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)?

—En primer lugar, quien crea que la urbanización de los barrios populares se puede solucionar solo desde Buenos Aires o desde un despacho del ejecutivo nacional se equivoca. Esta política necesita del Gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, municipales, del sector privado y de la sociedad civil organizada a través de las iglesia católica u organizaciones como TECHO. Hay casos de éxito donde no solamente el Estado hizo las obras necesarias para desarrollar estos barrios, también el sector privado que acompañó invirtiendo en estos barrios, poniendo negocios, promoviendo la actividad económica. Mientras que sobre el cierre del Fisu, según la auditoría que hizo el Congreso de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo y en esta gestión, no se encontraron irregularidades de magnitud en su ejecución. Dicho esto, es fundamental que en este área los niveles de transparencia se exageren, porque existe un escrutinio mediático mayor que sobre el resto de las contrataciones del Estado. En cualquier caso y aunque esto parezca injusto, es fundamental que se controle y audite siempre el destino de cada peso invertido.

—¿Qué barrios fueron urbanizados exitosamente?

—La urbanización del barrio de Playón de Characita o barrio Fraga; el barrio Rodrigo Bueno o el barrio 20, en CABA; pero también hay casos positivos en Córdoba y Misiones. Donde antes había inseguridad, falta de acceso a servicios básicos y todo tipo de problemas para una vida adecuada, hoy hay calles abiertas, viviendas construidas, viviendas demolidas y pocos espacios de ocupación informal y mucha más ciudad formal.

—Cada vez que le construyen una casa a una familia en un barrio popular, ¿qué cambios ven en su calidad de vida?

—Hace una semana, en la provincia de Buenos Aires, una vecina a la que TECHO le había construido la casa el año anterior nos contó que le cambiamos la vida. Ella tenía neumonía y por los altísimos niveles de humedad que tenía en su hogar anterior, cada dos meses debía ser internada de urgencia porque no podía respirar. Desde que tiene su casa nueva, ya no tuvo más ese problema. Este caso muestra que una vivienda de emergencia como la que construimos nosotros, le puede cambiar la vida a una persona y vivir muchos años más. Imaginate lo importante que puede ser para cualquier niño o niña tener una casa con servicios seguros, con calles asfaltadas para ir a la escuela hasta cuando llueve porque ya no se inunda su barrio, con medios de transporte que ingresen al barrio para viajar a atenderse un problema de salud. Este tema hay que tratarlo con urgencia.

—¿Bastará la baja de la pobreza que ha anunciado el gobierno nacional para que mejore la expectativa de vida de quienes viven en barrios populares? ¿Qué realidad es la que ustedes ven en los barrios?

—Veo que con inflación a la baja, con la inversión en Asignación Universal por Hijo (AUH), que se implementa hace años y este gobierno nacional reforzó, se puede atacar el corto plazo de la pobreza. Pero no hay manera de superar la pobreza estructural de la Argentina sin inversión en integración social y urbana, y tampoco si no hay crecimiento económico general que cree empleos para los sectores populares. Esos son los dos componentes que deben desarrollarse si realmente queremos superar la pobreza. Creo que como sociedad debemos votar, crear leyes, y tomar decisiones pensando en armar un país en el cual cada niño tenga la posibilidad de que con su propio esfuerzo pueda salir adelante, desarrollarse y tener libertad real. Pero la libertad no existe si un niño vivirá 11 años menos que otros solamente por el lugar en donde nació.

Por Paula Soler

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