No tiene trabajo el 82% de las personas con discapacidad

Ocho de cada diez argentinos en edad productiva encuentran en su discapacidad una barrera para poder trabajar. Así lo afirman relevamientos empíricos realizados por las distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) que en el país se ocupan de los derechos de las personas con discapacidad.

Son las mismas organizaciones que reclaman el incumplimiento de las leyes que obligan a dar puestos de trabajo a las personas con discapacidad (como el cupo del 4 y 5% en los empleos públicos nacionales y porteños, respectivamente), o el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al que adhirió la Argentina sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.

Al respecto, un documento sobre la situación laboral de la persona con discapacidad enviado en noviembre último por nueve ONG al Ministerio de Trabajo de la Nación, con copia para otras instancias oficiales, advierte: "En materia de discapacidad, la Argentina se encuentra atrasada 20 años con respecto a los países desarrollados (...) Si bien en el país existen leyes que imponen la obligatoriedad de dar puestos de trabajo, advertimos que esas leyes en realidad prácticamente no se cumplen".

Las respuestas recibidas fueron poco alentadoras, incluida la negación de un pedido de audiencia. "La respuesta que obtuvimos es que el Estado no cumple con las leyes, lo que demuestra que las personas con discapacidad son lo último en la escala de interés de la Nación", manifestó Ana Dones, presidenta de la Fundación para la Adaptación Laboral y el Desarrollo Autónomo del Discapacitado (Faldad), un taller protegido de producción que emplea a 25 personas con discapacidad mental leve y moderada. La Faldad integra la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

En el país hay unos 300 talleres, a los que asisten aproximadamente 8000 personas, en su mayoría con discapacidad mental. Sin embargo, y a diferencia de lo que establece la ley N° 24.147, esos talleres no reciben desde 1993 los recursos presupuestarios para incentivar su creación, como reconoció por escrito el Ministerio de Trabajo. Asimismo, el empleo protegido no incluye aportes jubilatorios, lo que deja esa fuerza productiva a la deriva previsional.

Dos casos

Recientemente, un enfermero hipoacúsico y un contador en silla de ruedas obtuvieron sentencia firme en dos reclamos judiciales por separado sobre cumplimiento del cupo del 5% para discapacitados en los empleos públicos. Sin embargo, ninguna de las dos decisiones de la Justicia en favor de los profesionales fue llevada a la práctica.

Estos dos casos son apenas un ejemplo de los problemas laborales que enfrentan las personas con discapacidad en edad económicamente activa; es decir, que están en condiciones de trabajar.

Según el profesor Carlos Eroles, miembro del Comité de Evaluación del Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas, la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) establece que en el conjunto de la población, el 58% es económicamente activo; es decir, trabaja o busca trabajo. Sin embargo, y a diferencia de los datos que relevaron las ONG, esa tasa de actividad entre las personas con discapacidad llega al 29%. "Esto significa un verdadero escándalo, que refleja la carencia de políticas públicas tendientes a la promoción del trabajo de las personas con discapacidad", explicó Eroles.

El experto destacó otro resultado controvertido de la ENDI: el índice de desocupación de las personas con discapacidad (los que efectivamente buscan trabajo) es menor que el del conjunto de la población (15,8 versus 16,7 por ciento).

"Un dato interesante es que el índice de desocupación de las personas con discapacidad en la Argentina es notoriamente inferior que el de otros países", dijo Eroles, que marcó como error metodológico de la ENDI no tener en cuenta que las personas con discapacidad en condiciones de trabajar no buscan trabajo cuando no cuentan con los dispositivos necesarios para trasladarse (accesibilidad al transporte) y para desempeñarse en los lugares de trabajo.

"Al no ser interrogada acerca de por qué motivos no buscan trabajo, la población con discapacidad en condiciones de trabajar pasa a ser invisible", resumió.

En definitiva, como destaca la carta enviada por las ONG al jefe de Gabinete de Ministros, el trabajo es un derecho humano fundamental amparado por la Constitución Nacional, y "sustituir pensiones no contributivas por fuentes de trabajo genuinas debería ser la primera meta de un gobierno preocupado por las necesidades de las personas con discapacidad".

La voz de los lectores

¿Qué oportunidades tienen las personas con discapacidad de acceder al transporte público en nuestro país? Los lectores respondieron en un foro de LANACION.com. La convivencia y las necesidades de cada uno son aspectos que se debatieron. Muchos participantes coinciden en los problemas que enfrentan a la hora de viajar. "Salir a la calle es un suplicio; faltan baldosas; hay pozos en las veredas; subir a un colectivo es un drama", expresó un lector que contó que deberá usar muletas varios meses. Otro coincidió en que la ciudad presenta obstáculos: "No sólo el transporte es un desastre, no existen rampas en las esquinas, y los semáforos especiales no funcionan".

Por Fabiola Czubaj

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