Por una vida digna
Los aborígenes argentinos viven en situación de vulnerabilidad social y reclaman al Estado su derecho a la tierra, y a una educación y salud de calidad
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LAGUNA DEL TESORERO (Jujuy).- Sentado a la cabecera de una mesa adornada por kilómetros de montes tupidos de fondo y con un hablar pausado pero firme, Antonio Pelo reúne en su paladar los saberes de sus antepasados, pero también las vivencias de los 75.000 ocloyas que residen en Jujuy. "Acá no llegan ni los gobernantes", suelta al aire este cacique de la comunidad ocloya Laguna del Tesorero, a 60 kilómetros al nordeste de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y no lo dice sólo por el aislamiento que resisten, producto de los 30 kilómetros de ripio enredado que hay que recorrer para llegar al cerro que habitan ni los cuatro meses que las crecidas de los ríos les impiden trasladarse en otra cosa que no sea a pie o a caballo, o por la incomunicación que sufren por no tener teléfono ni radio. Sino que apunta, principalmente, a remarcar el histórico olvido que los pueblos aborígenes sienten que han padecido en la agenda del Gobierno y en el reconocimiento de su cultura y los derechos humanos.
"El problema es que nuestra cultura va en desmedro de lo que la sociedad en su conjunto y las autoridades priorizan, que es la economía de mercado", explica Pelo, que hace 16 años es la cabeza visible de esta comunidad de 50 familias que lucha por mejorar la salud, la educación y las oportunidades de sus hermanos.
LA NACION se adentró en los cerros jujeños para pasar dos días junto a esta comunidad aborigen, experimentar cómo viven , cómo se organizan y para palpar sus principales necesidades, las mismas que padecen los 600.329 aborígenes que habitan en nuestro país, según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) realizada en 2004-2005. Este relevamiento fue el primer estudio completo a nivel nacional sobre estas poblaciones que habitan estas tierras desde siempre, una muestra más del relegamiento que han sufrido en nuestra historia.
"Se está trabajando para darle más participación a los aborígenes en términos de políticas públicas. No es la ideal ni la que quieren las comunidades, pero por lo menos se las está escuchando", reconoce con aires de esperanza Mabel Pelo, hija del cacique, responsable de las relaciones públicas de la comunidad y coordinadora del Sub Programa de Salud Indígena del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy.
Necesidades insatisfechas
Más allá de los cuestionamientos que recibió de parte de las comunidades en cuanto a su metodología, el censo arrojó datos que revelan la precariedad en la que subsisten estos pueblos. La mitad de la población indígena tiene menos de 18 años, casi un cuarto de los hogares indígenas (23,5%) tiene sus necesidades básicas insatisfechas. A su vez, muestra que el 78,2% de la población indígena de 15 años y más tiene el secundario incompleto, mientras que un tercio no completó la primaria o no tiene ninguna instrucción. En cuanto a la salud, el 63,9% no tiene obra social ni plan de salud privado.
"A los aborígenes se les otorgan subsidios asistenciales que lejos de reconocer su identidad cultural, los somete aún más y los subordina a mediadores. Lo cuestionable es que con eso se intenten subsanar los déficits que existen en términos de políticas públicas para con los indígenas. La diferencia cultural requiere de políticas públicas que respeten su diversidad", explica Morita Carrasco, profesora adjunta de la carrera de Antropología de la Facultad de Filosofía de la UBA. Y agrega: "La primera medida para tomar debería ser reconocer la titularidad de sus tierras, como lo piden las comunidades. La segunda, crear un sistema de salud universal que atienda las necesidades de la población, y trabajar en el saneamiento de los ambientes, la provisión de agua, la atención de embarazadas y niños, y la cura de las enfermedades endémicas como cólera, chagas, dengue y tuberculosis".
Siguiendo con este razonamiento, Germán Bournissen, ex secretario del Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa), agrega que la acción del Estado es meramente asistencial y no está dirigida a generar trabajo, que es lo que reclaman los indígenas.
LA NACION quiso ponerse en contacto en reiteradas oportunidades con Daniel Fernández, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero no obtuvo respuesta.
En Laguna del Tesorero el tiempo no tiene apuro y las bondades de la naturaleza son aprovechadas al máximo en beneficio de la comunidad. Todas las casas son de adobe y aparecen salpicadas entre las 6500 hectáreas que antes estaban en manos privadas, y desde 2007 pertenecen a la comunidad. Sorprende ver cada una adornada con un panel solar que la alimenta de la energía necesaria para toda una familia. No tienen gas, pero lo reemplazan con hornos de barro con leña y tienen una cisterna que provee de agua de río al centro poblado y la escuela. El resto de las familias se ubica directamente cerca de alguna fuente de agua.
"Acá se vive de otra manera, mucho mejor que en la ciudad, porque tenés de todo, no te hace falta la moneda y de última, siempre tenés el trueque", sostiene Mabel Pelo.
Cada persona hace sus tareas con la convicción de formar parte de algo que los supera y los engrandece al mismo tiempo. Las familias se mantienen mediante la agricultura, la ganadería y la confección de artesanías.
Algunos tienen más de diez hijos y la mayoría cobra los 150 pesos del Plan Jefes y Jefas de Hogar para llegar a fin de mes. El ingreso mensual en un hogar indígena puede llegar a 500 pesos, pero en muchos casos baja hasta 150. Esto implica que ese hogar cuenta con tan sólo 5 pesos por día para satisfacer sus necesidades básicas.
Discriminación
Los especialistas consultados se muestran preocupados por las violaciones a los derechos de los indígenas y los hechos de violencia que han estado sufriendo en los últimos meses. "Esto se produce a causa de una sociedad que discrimina y un Estado que hace poco y nada para poner en práctica el derecho constitucional de los indígenas a poseer un territorio propio, a la salud, la educación intercultural bilingüe y a la preservación y uso sustentable de los recursos naturales, entre otras cosas", sostiene Bournissen.
Según su experiencia, para un indígena es muy difícil acceder a la justicia y que sus derechos sean respetados. "Para un niño indígena es muy difícil que la escuela le ofrezca una educación intercultural bilingüe de calidad. Para una futura madre indígena es muy difícil que el agente de salud que la atiende en el hospital la escuche y comprenda sus pautas culturales respecto del embarazo, el parto y la crianza del niño", dice Bournissen.
Cuando Ivana sintió una puntada que surgía de lo más profundo de sus entrañas y le recorría todo el cuerpo, no tuvo dudas: el parto de su hijo se había adelantado diez días y no tenía más remedio que tenerlo en su comunidad, Laguna del Tesorero. "No me sentía con fuerzas para trasladarme por el camino de ripio hasta la ciudad. Además, me daba miedo no llegar y tenerlo en la camioneta", recuerda Ivana.
Ese 1° de agosto, Día de la Pachamama, la urgencia se apoderó del pueblo, que no estaba preparado para recibir este nacimiento. Sin anestesia, los equipos ni el personal necesarios, Ivana conoció el límite del dolor durante seis horas, hasta que en una camilla improvisada en el centro comunitario dio a luz a Azael Leandro.
Son numerosas las circunstancias que llevaron a Ivana -y que todos los días exponen a las comunidades aborígenes de nuestro país- a esta situación límite. Las grandes distancias, la falta de un centro de salud de calidad propio de las comunidades y la atención médica deficitaria que reciben en las ciudades.
La discriminación es una de las barreras que más dificulta el acceso a los servicios sanitarios. De cada diez mujeres indígenas, cuatro piensan que en los hospitales y las postas de salud las discriminan por motivos raciales.
"Los principales problemas sanitarios son el acceso, la calidad y las enfermedades ligadas con la pobreza. Van al médico, pero no los revisan, los hacen esperar de más o no les hacen los estudios. Tampoco cuentan con centros médicos cerca de las comunidades", afirma Zulma Ortiz, especialista en salud de Unicef Argentina.
La mayoría de los indígenas se atiende en centros de salud o puestos sanitarios. Este es también el caso de Laguna del Tesorero, que tiene una posta sanitaria, pero a medio construir: no tiene ventanas, lo que la convierte en un lugar poco higiénico, y cuenta con evidentes fallas arquitectónicas. Cuando necesitan la atención de cualquier médico especialista, como puede ser un odontólogo o oculista, tienen que trasladarse a la ciudad con la esperanza de poder conseguir un turno para que los atiendan.
* * *
Todos las mañanas, Sergio tiene que caminar una hora para llegar a la Escuela N° 379 Pueblo Ocloya que está en el centro poblado, para poder cursar 7° grado. Por la tarde se ocupa de cuidar las ovejas y ayudar a su papá arando la tierra.
"El año que viene quiero seguir el secundario en San Salvador y cuando sea grande quiero ser policía", dice con su gorrita para atrás y una mirada esquiva, mientras toma su café y come pan casero antes de empezar la jornada escolar.
Sergio es uno de los 42 alumnos que asisten a esta escuela plurigrado que tiene nivel inicial y primario. El aula de 1°, 2° y 3er. grado cuenta con tres pizarrones, uno para cada nivel. "Los chicos se distraen mucho porque escuchan lo que se les está explicando a los demás", dice la docente Celia Murguia, que duerme de lunes a viernes en la escuela porque es de Palpalá.
"Es una escuela rural que no tuvo mucho acceso a beneficios y la obra de infraestructura quedó por la mitad. Está previsto concluir el edificio de nivel inicial y hacer dos aulas más para primario, pero no pasa nada. También nos falta el cerco perimetral de la escuela y reforzar el plantel docente porque carecemos de personal de educación física y personal directivo", cuenta Alfonso Lamas, que hace 16 años desempeña el cargo de director provisional.
Uno de los principales problemas de la comunidad es que no cuenta con una escuela secundaria. Este año habilitaron un bachillerato a distancia que están cursando 30 alumnos.
"Cuando egresás de una escuela rural no salís con la preparación necesaria para enfrentar las exigencias de una escuela secundaria urbana. Entonces tenés la problemática de que el chico fracasa y se frustra. En muchos casos tienen que repetir el primer año para nivelarse", afirma Mabel Pelo.
Desde la comunidad ansían poder contar algún día con su propia escuela secundaria y equipo de profesionales: abogados, veterinarios, agrónomos o docentes para no tener que depender del afuera y resolver el tema de las distancias.
"Hoy, los derechos están en vigencia, pero por desconocimiento no se aplican y sigue existiendo la marginación y discriminación. A nosotros nos gustaría participar más que integrarnos con el resto de la sociedad. Lo único que queremos es que nos tengan en cuenta y que respeten nuestros derechos", concluye el cacique Pelo, mientras de fondo el coro de todas las voces aborígenes de nuestro país se suman a su pedido.
CONTACTOS
- Unicef: www.unicef.org.ar
- Endepa: www.endepa.org.ar
Campaña
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lanzó la Campaña por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia Indígena, para visibilizar las vulneraciones de derechos que sufre esta población en la Argentina.
La iniciativa busca llamar la atención, reducir la indiferencia y movilizar a toda la sociedad, y se difunde a través de radio, televisión, gráfica y vía pública.
También cuenta con una página Web ( www.unicef.org/argentina ), en la que se puede encontrar legislación, publicaciones y recursos sobre los pueblos indígenas.
Legislación
El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas aumentó en los últimos años. En 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, documento que ratifica para estas poblaciones los principios reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Constitución incorporó, tras la reforma de 1994, el artículo 75 (inciso 17) que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y les garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
