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La exposición mediática de la investigación judicial alrededor de la comunidad terapéutica “La Razón de Vivir”, por la que Teto Medina estuvo detenido varios días, pusieron a los dispositivos de atención de personas con consumos problemáticos en el centro de la escena.
En ese contexto, son muchos los interrogantes que surgieron en los últimos días. ¿Qué control ejerce el Estado sobre estos lugares? ¿Por qué hay personas vulnerables a caer en dispositivos que no cuentan con ningún tipo de habilitación? ¿Qué respuesta da el sistema de salud a la creciente demanda de personas con adicciones? ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de buscar un tratamiento adecuado? LA NACION conversó con dos psiquiatras referentes en la temática para responder a estas dudas.
“Desde hace muchas décadas, en la Argentina la población de personas con consumos problemáticos es sistemáticamente expulsada por el sistema de salud mental. Rebotan de la inmensa mayoría de los hospitales y la frase que escuchan con frecuencia es ‘acá no tratamos adicciones’”, advierte Federico Pavlovsky, médico psiquiatra, especialista en adicciones y en medicina legal.
En ese sentido, advierte que “no se trata de un problema político”, sino de uno “endémico”, de larguísimo arrastre. Para él, las noticias vinculadas a “La Razón de Vivir” exponen una alarmante y compleja realidad de fondo: “Después de los temas de depresión y ansiedad, hoy las adicciones son el tercer motivo de consulta en salud mental de la Argentina, va a ser el segundo y creo que también será el primero. Pero no tenemos lugares para tratarlas”, resume Pavlovsky, para quien este panorama deja a un colectivo de pacientes y a sus familias, completamente a la deriva.
Entre la desesperación y la falta de respuestas, muchas veces las personas “se autointernan en lo que se denomina ‘granjas’, lugares que no tienen habilitación, donde no hay un tratamiento profesionalizado y que alguien abrió, a veces con fines altruistas, a veces con fines estrictamente económico”, sostiene el psiquiatra. Y, con preocupación, agrega: “Estas prácticas no están monitoreadas y no tienen evidencia científica. Es como si dejáramos al libre albedrío a un tercio de las consultas de salud mental”.
En los últimos días, desde la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas volvieron a subrayar lo que exponen desde hace tiempo: de cada cuatro comunidades terapéuticas, hay tres que no cuentan con la habilitación municipal o provincial necesaria. Esto hace que escapen a todo tipo de control. Aunque haya personas que participen de estos dispositivos y estén conformes con la atención recibida, no deja de ser muy riesgoso.
Edgardo Knopoff, médico psiquiatra, psicoanalista y jefe del Área Programática del Hospital Piñero, explica que las comunidades terapéuticas nacieron en la década del ‘70 en Gran Bretaña como una respuesta alternativa a la internación en las clínicas psiquiátricas, ofreciendo una opción un poco más “liviana”, orientada hacia la laborterapia.
“En nuestro país tuvieron muchísima difusión a partir de los ‘90, cuando empezó a surgir el problema del consumo de drogas en el país. Como el Estado no daba respuestas, las hubo desde distintos ámbitos de la sociedad civil, algunas con fuerte predominio de distintas iglesias y varias fomentadas por personas que habían tenido consumos problemáticos y que superaron esa circunstancias. En el mejor de los casos, nacieron desde el amor, pero no desde la profesionalidad”, explica Knopoff, que además es especialista en salud pública y profesor de la Universidad de Buenos Aires.
Aunque, con el tiempo, muchas se fueron profesionalizando, quienes luego se involucraron con algunos de estos espacios, dice Knopoff, encontraron “desastres parecidos a los que fueron denunciados en los últimos días” y que ahora debe investigar la Justicia. “Muchos de estos lugares no están habilitados y están dirigidos por quienes dicen ser operadores socioterapéuticos porque alguna vez consumieron y dejaron de hacerlo, pero no son profesionales en la temática”, advierte el especialista.
“Uno no sabe qué pasa ahí adentro con estos pibes o no tan pibes de quienes ya se cansaron sus familias y la sociedad, y pareciera que nadie quiere saberlo, que nos tapamos los ojos y dejamos que esto siga. Pero pasa de todo. Hay comunidades buenas y aquellas donde suponen que cansando a la gente con supuestos trabajos logran la cura, pero con eso no se cura nadie”.
En esa línea, Pavlovsky señala que en la mayoría de estas comunidades (que suelen estar en el conurbano), la auditoría es “siempre parcial, lenta e incompleta”. Esa falta de monitoreo hace que las prácticas “no cuenten con técnicas psicológicas o psicoterapéuticas”, sino que son “como ‘tratamientos morales’, muchos con una raigambre religiosa o aparentemente religiosa, en donde predominan los premios y los castigos, y donde pueden haber abusos de distinto tipo”.
Esto no quiere decir que no haya comunidades serias, que cumplan con las habilitaciones y funcionen adecuadamente. Pero mientras algunas se mueven dentro de lo legal, “hay espacios que nadie conoce”, donde muchas “personas desesperadas” llegan en búsqueda de respuestas.
Knopoff pone la lupa en un punto que le parece central: en los últimos dos años, el mundo está atravesando “una epidemia de trastornos mentales”. “Podemos decir que se multiplicaron por tres, pero no se verifica que, por parte del Estado, haya habido una respuesta adecuada. Esto es algo muy serio, tanto en el ámbito privado como público −reflexiona el psiquiatra−. El tema del consumo de sustancias es una problemática no resuelta. Ninguna enfermedad se cura de un día para el otro, menos cuando hablamos de salud mental: no hay soluciones mágicas, son tratamientos difíciles”.
Para Pavlovsky, lo que predomina hoy en torno a la atención de las adicciones, es “una mirada binaria (a todo o nada) y espasmódica”, donde muchas veces, por la ausencia de dispositivos alternativos, se presenta la internación como la única opción, cuando debería ser la última.
“El fenómeno de las adicciones llegó para quedarse. Hoy, en términos epidemiológicos, es muy difícil que en una familia no haya alguien con algún consumo problemático, sea de sustancias, tecnología o apuestas online, por ejemplo”.
En ese sentido, señala que a lo largo de los años se instaló la idea, “en los pacientes, en las familias e incluso en la comunidad profesional, de que quien tiene una adicción es alguien irrecuperable o solo se puede tratar a través de una internación prolongada”. Sin embargo, advierte: “Esto no quiere decir que haya una cruzada contra las internaciones: la internación es un recurso que, aplicado en el momento justo, salva vidas”.
Pavlovsky, quien en 2010 fundó el Dispositivo Pavlovsky, una institución dedicada a la atención ambulatoria de personas con consumos problemáticos, explica que están quienes necesitan un tratamiento de desintoxicación que puede durar días (por ejemplo, si se tiene una adicción a los opiáceos) y que se realiza en servicios de toxicología o de clínica. Otro tipo de internaciones se da cuando existe el denominado “riesgo para sí o para terceros”, vinculado con “descompensaciones psiquiátricas, que son muy habituales en cuadros de consumo crónico de sustancias”. Estas suelen durar semanas y se llevan adelante en clínicas o servicios de salud mental.
Un tercer escenario serían las comunidades terapéuticas, que fueron pensadas “para pacientes que han hecho distintos intentos de tratamientos ambulatorios y que no logran arribar a un camino de recuperación, donde hay un deterioro gradual en la dimensión médica, psicológica, sociolaboral y que suelen tener poca red de sostén”. En esos casos, Pavlovsky señala que es necesario detener la evolución de la adicción a través de una “internación residencial prolongada”, que puede durar seis meses, un año o más, pero “son casos puntuales y acotados”.
“Que pasamos de no ofrecerle nada a un paciente a indicarle una internación de un año, cuando en medicina hay un principio de gradualidad. Es importante comenzar con una respuesta terapéutica proporcional, que en la medida de lo posible sea lo menos restrictiva para la persona, y que vaya avanzando gradualmente de un esquema ambulatorio a un hospital de día y de ahí a la internación”, detalla Pavlovsky.
Sin embargo, tanto él como Knopoff destacan que, más allá de que esta gradualidad está prevista por ley, en la práctica lo que se observa es una ausencia preocupante de dispositivos intermedios, como los hospitales de día, todo sustentado en la escasez presupuestaria.
“Tenemos buenas leyes en términos generales, pero no siempre se ponen en práctica, y normalizamos algunas situaciones que no deberíamos. Que 20 o 30 chicos u hombres estén trabajando en una granja sin ningún control profesional o del Estado, no está bien”, dice Knopoff. “Sino trabajamos en la prevención, el abordaje temprano y el acceso a un sistema de salud que contenga, después nos encontramos con los grandes problemas que nos desbordan y son mucho más difíciles de resolver”.
¿Qué le dirían los especialistas a las personas que están buscando un tratamiento por un consumo problemático?
