¿Relocalizar o urbanizar las villas?
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Las manifestaciones físicas de la pobreza urbana (villas, inquilinatos, hiperconjuntos degradados, tejidos tugurizados, periferias carecientes, etcétera) son expresiones de desequilibrios e injusticias, de larga ausencia de políticas destinadas a que vastos sectores de la población encuentren su lugar en el mundo, configurado, con acceso a la producción y al trabajo, a las infraestructuras, al equipamiento y al espacio público, en igualdad de derechos y obligaciones que el resto de sus conciudadanos.
La inserción en la ciudad es inevitable. Si no se da en forma planificada y participativa será mediante estrategias de apropiación. Las diversas modalidades de los pobres por acceder al espacio son consideradas desde hace tiempo una forma más de urbanización. Lo invisibilizado termina por volverse ostensible, lo oculto pasa tarde o temprano a hacerse evidente, aun para los más distraídos.
En las grandes ciudades latinoamericanas un medio, o fracción aún mayor de su territorio, está constituido por la pobreza. La Región Metropolitana de Buenos Aires todavía ostenta un porcentaje comparativamente envidiable, sustancialmente menor, cercano al 20%, lo que la hace más permeable a las políticas públicas, a condición básica de que éstas existan y actúen a tiempo e inteligentemente como árbitro del territorio.
Las tomas de tierras, de aquellas vaciadas de sentido o abandonadas, no pueden considerarse un fenómeno nuevo. La villa 31 de Retiro, citando sólo un ejemplo paradigmático, tiene casi ochenta años de existencia, originada en grupos de trabajadores que venían de la Europa en crisis, buscando en el puerto lindero una manera de sobrevivir. Una pequeña digresión al respecto: en una ciudad donde la inmigración es un rasgo identitario, llaman profundamente la atención distractoras apelaciones xenófobas cuando se tratan estos temas.
Las políticas de inclusión urbana, en tiempos electorales como el que actualmente viven el país y la ciudad de Buenos Aires, se vuelven un lugar común en los enunciados de corrección política y en las discusiones cotidianas. La concreción efectiva, su traducción en proyectos específicos y partidas presupuestarias, la formulación de estrategias metropolitanas transformadoras, son en cambio bienes más escasos.
La recomposición de la capacidad ejecutiva del Estado debe sumar a la actual disponibilidad de recursos la recomposición de su masa crítica, a fin de que lo ejecutado no sea sólo remedio de lo deficitario, sino cualificación integral y prospectiva del hábitat.
Es necesario revisar políticas tradicionales sobre componentes focalizados (infraestructuras, vivienda, espacio público, emprendimientos productivos, abordados en forma aislada) para acceder a proyectos urbanos integrales, donde el territorio concreto de actuación sea el objeto y su población el sujeto, donde componentes programáticas diversas se potencien y actúen en sinergia.
La recuperación de viejos conocimientos abandonados y la producción de otros nuevos capaces de proponer sobre estos tiempos y contextos es un trabajo imprescindible en el que las universidades deben ser un aporte fundamental a las políticas de inclusión. Este es el principal desafío de la arquitectura y el urbanismo en este tiempo y en nuestras ciudades. A ello nos encontramos abocados.
El autor es director del Proyecto de Urbanización Barrio 31 Carlos Mugica
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La dicotomía entre urbanizar y relocalizar las villas es una discusión entre alternativas de instrumentos de política pública disponibles para el Estado, que a pesar de ser las dos opciones más difundidas, no son las únicas.
Como en toda pregunta acerca de las mejores herramientas, lo más importante es la cuestión previa acerca de cuál es el propósito o el valor al que dichas herramientas deben servir y frente a los cuales debemos compararlas. En este caso, la pregunta prioritaria por la que debemos empezar es la siguiente: ¿cuál es la mejor forma de hacer efectivos los derechos fundamentales de los habitantes de las villas, cuyas condiciones de vida son incompatibles con la dignidad e igualdad constitucionales?
Las comunidades de las villas carecen de algo mucho más grave y valioso que casas habitables, carecen de bienes básicos de dignidad, libertad e igualdad de los que gozamos quienes vivimos fuera de ellas.
Para seleccionar las políticas concretas, se debe empezar por considerar los mandatos constitucionales.
En términos generales, y salvo casos de riesgo socio-ambiental-sanitario para los afectados, la opción que cumple más cabalmente con los derechos en juego es la de urbanizar y radicar las villas largamente establecidas, asegurando la integración a la ciudad formal.
Diversas normas jurídicas internacionales y locales han señalado como prioridad la radicación y urbanización frente a la relocalización forzosa. El artículo 31 de la Constitución porteña establece que la ciudad "promueve…la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva…"
Un camino seguro al fracaso de las políticas que analizamos consiste en concebirlas como autosuficientes. Ni el saneamiento ni el trasplante habitacional a otro lugar más sustentable cambiarán de manera relevante las críticas condiciones existentes. Son imprescindibles políticas sostenidas –habitacionales, pero también educativas, culturales, económicas, sanitarias, ambientales, de seguridad social– que reviertan la fragmentación, exclusión y desintegración comunitaria de las cuales las villas en crecimiento son el emergente más desalentador.
Asimismo, la elección sobre las alternativas debe considerar las condiciones territoriales, históricas, socioambientales y económicas de cada villa. Recetas iguales a contextos diferentes necesariamente provocarán resultados dispares.
También debe asegurarse el respeto por las prácticas, los vínculos y las identidades comunitarias; muchas de las villas de la ciudad tienen una historia –de más de 70 años en algún caso– y las comunidades han desarrollado arraigo, identidades y prácticas intergeneracionales cuya pérdida debe ser considerada un daño por ser evitado o minimizado.
Diversos estudios comparados demuestran que la urbanización suele ser el remedio generalmente más económico, pues aprovecha y valoriza lo ya existente –incorporando servicios públicos, infraestructura urbana y regularización dominial–en comparación con planes de relocalización, que además de la provisión de tales bienes y servicios, demandan la adquisición
de suelo urbano costoso, y la construcción masiva de viviendas, prácticamente la creación de ciudades enteras.
Los autores integran la Asociación ?Civil por la Igualdad y la Justicia
