Un derecho para todos los niños

La asignación familiar por hijo otorgada por el Gobierno no alcanza a 1,5 millones de chicos de bajos recursos
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19 de diciembre de 2009  

Cuando un beneficio social es calificado de universal -el caso de la asignación familiar por hijo otorgada por el Gobierno y que comenzó a hacerse efectiva desde el 1º de diciembre- y no es en la práctica para todos representa una gran frustración para la comunidad.

Es una lástima que habiendo como hay muchos proyectos similares, presentados por distintos partidos políticos, ONG, organizaciones sindicales y hasta la Iglesia Católica, este beneficio otorgado por el gobierno nacional sea selectivo, una selectividad que lo vuelve sospechoso y que, para muchos, será simplemente una fuente más de asistencialismo y de clientelismo político.

Por supuesto que nadie que quiera el bienestar social de los argentinos, en particular el de los 5 millones de niños en situación de pobreza y con sus necesidades básicas insatisfechas, puede estar en contra de esta asignación familiar. Lo que no se entiende es por qué no se han aprovechado mejor los estudios que las mencionadas entidades realizaron, para obtener una resolución que abarque al conjunto y no levante nuevas barreras de desigualdad.

Además, las desigualdades surgen de la misma puesta en práctica del plan. Como observan algunos de los consultados en la nota de tapa de este suplemento, hay muchos problemas de instrumentación: por ejemplo, están los chicos que tienen dos padres y uno cobra el salario, por lo cual ya quedan afuera; las personas que no recibían ninguna ayuda (como el Plan Jefes y Jefas de Hogar), y tuvieron que anotarse, debieron atravesar un proceso bastante más arduo.

Hay otra realidad paralela que desnudó la exigencia de anotarse para poder cobrar la asignación, y es la falta de documentación en gran parte de la población en condiciones de acogerse al beneficio y las enormes dificultades para hacerse de ella en tiempo y forma. Hay, entonces, una enorme desinformación: por un lado, de parte de aquellos futuros beneficiarios que no saben cómo hacer valer sus derechos, y, por otra, de parte del Estado, que carece de información básica sobre sus ciudadanos.

Queda, empero, la esperanza de que a medida que se vaya poniendo en práctica este plan y vaya dando sus frutos pueda extenderse y ser, de verdad, universal. Los niños y adolescentes de la Argentina deben ser todos iguales ante la ley, independientemente de la situación socioeconómica de la que gocen o no sus padres.

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