Una ineficaz fórmula para la salud mental

El fallo de la Cámara tiene el potencial de acelerar y consolidar un proceso de transformación que se encuentra injustificablemente detenido en nuestro país.

Hoy, la mayoría de las opciones disponibles para los trastornos mentales severos -como la esquizofrenia- se reducen a una combinación ineficaz de tratamiento individual con internación, en lugar de apuntar a la reinserción social y el fortalecimiento del lazo comunitario.

El panorama resulta particularmente desolador para las personas más severamente afectadas y de menores recursos, cuyas condiciones de vida suelen ser intolerables.

Todo esto a pesar de que el tratamiento de la enfermedad mental debería ser una prioridad en salud pública, ya que la discapacidad individual generada por la esquizofrenia supera a toda otra enfermedad; las pérdidas económicas causada por los trastornos mentales se estiman en el 4% del producto bruto mundial -lo que para la Argentina significaría 20.000 millones de dólares anuales-, más que cualquier otro grupo de enfermedades.

Existen tratamientos efectivos, que en el caso de la patología severa consisten en mantener -salvo internaciones cortas- al paciente en la comunidad, apoyándolo para que cuente con opciones adecuadas de tratamiento, vivienda, trabajo, y relaciones sociales.

Para brindar cobertura a toda la población mediante dispositivos adecuados -viviendas asistidas, equipos interdisciplinarios comunitarios, integración de servicios en hospitales generales y atención primaria- hace falta decisión política en la búsqueda de consensos transversales, mediante un proceso de negociación -con final abierto- en que los protagonistas sean escuchados y sus derechos considerados, pero que al mismo tiempo cuente con plazos y mecanismos claros para la toma de decisión, y recursos necesarios para sostener el cambio en el largo plazo.

La Dirección Nacional de Salud Mental debería liderar ese proceso convocando a: las autoridades de la ciudad autónoma de Buenos Aires y provinciales; del sistema de seguridad social y prepagas; las asociaciones profesionales, sindicales, de pacientes y familiares; los trabajadores y autoridades de los hospitales psiquiátricos; las instancias surgidas de la ley de salud mental, y las unidades académicas.

Todos ellos resultan socios ineludibles para un cambio sustentable, y el fallo de la Cámara, de alcance colectivo y perentorio, provee un marco que encuadra el postergado y bienvenido proceso de cambio.

El autor es psiquiatra y miembro de la Escuela de Salud Pública de Harvard

Daniel Vigo