Violencia económica: “Dependía de él hasta para comprar la comida”
PARA LA NACION
Cuando conoció a quien hoy es su exmarido, Gabriela vivía sola, tenía 27 años, un buen trabajo, un auto y un departamento. Difícil imaginar que, desde entonces y por más de dos décadas, viviría sometida y que el arma de manipulación iba a ser el dinero. "Llegó un momento en que dependía de él completamente hasta para comprar la comida. Me fui quedando sin nada, porque logró que renuncie a mi trabajo. Me maltrató hasta anularme", sintetiza Gabriela.
La violencia económica es una dimensión más de la violencia de género, muchas veces invisibilizada, porque está naturalizada. "Si yo gano bien, ¿para qué vas a trabajar?"; "¿Vas a pagarle a una empleada para que cuide a los chicos?"; "Los chicos se van a criar con desconocidos por tu caprichito"; "Los números los manejo yo"; "Si te vas de qué vas a vivir". Estas son algunas de las tantas humillaciones que se repiten en las casas donde las mujeres son violentadas. En la mayoría de los casos, recién toman conciencia cuando la violencia escala y se transforma en golpes o maltratos, y la situación sale a la luz cuando los profesionales que reciben las denuncias ahondan en cómo se maneja el dinero en la familia. En el contexto de pandemia, a estas vulnerabilidades o dependencias creadas por los agresores se suma la crisis económica, lo que hace que la situación se agrave para muchas mujeres.
Me fui quedando sin nada, porque logró que renuncie a mi trabajo. Me maltrató hasta anularme.
A la distancia, Gabriela ve que hubo señales desde el primer momento en que se casó con el padre de sus dos hijos. "Me creí el cuento del amor romántico, de que la mujer tiene que entregar todo por amor", dice. Todo lo que ella tenía antes de conocerlo lo vendieron para comprar un nuevo departamento y sacaron un préstamo que ella pagaba con su sueldo. "Este hombre me manipuló desde el inicio", recuerda, a casi dos años de haberlo denunciado ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión fue muy difícil. "Tardé años en animarme. Después de que lo denuncié, pidieron su exclusión del hogar y él empezó a mandar flores, cartas y regalos, rogando para que lo perdonara", cuenta Gabriela. "Volvía locos a mis hijos para que le dijeran todo lo que yo hacía –continúa–. Accedí a hablar con él por ellos y casi empecé a creerle de nuevo, pero me di cuenta de que no iba a cambiar".Y no se equivocó: "Cuando me amenazó de muerte, ratifiqué mi denuncia". Tiene 55 años y está acompañada por un equipo de profesionales que intervienen para que recupere lo que le corresponde.
Según el último informe publicado por la OVD, en 2019, el 33% de las denuncias realizadas por mujeres fueron por violencia económica. Analía Monferrer, titular de la oficina, aclara que, mientras aumentó la percepción de la violencia psicológica, en la de tipo económico sigue siendo muy baja.
El día después
Desde hace más de un año, Gabriela no ve a sus hijos de 15 y 17 años. Después de realizar la denuncia en 2018, se dictó la restricción perimetral para su exmarido, pero a los dos meses tuvo que levantarla porque sus hijos se lo reclamaban. En ese contexto de vulnerabilidad, ella sentía que la odiaban. Él les ofrecía viajes, regalos y dinero, algo que ella no podía porque lo había perdido todo. Los chicos terminaron yéndose a vivir con su padre, dejaron de hablarle y para ella fue devastador.
Durante sus 23 años en pareja, el marido de Gabriela nunca le rindió cuentas de sus bienes, y al separarse, jamás le pasó la cuota alimentaria ni la compensación económica que le correspondía. El juez Lucas Aón, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 25, con competencia en cuestiones de familia, explica que, a partir de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, "existe la figura de la compensación económica, como una protección de género, pensando en la mujer que se dedicó a la crianza de los hijos y no pudo desarrollarse económicamente".
Gabriela, que tenía un rol jerárquico en una importante obra social, había dejado de trabajar por presión de su exmarido, que no quería que saliera de la casa. En las oportunidades en que lo hacía, él la sometía a celos todo el tiempo y hasta le restringía la ropa que podía comprarse. "Una característica de los varones que ejercen violencia es la celotipia: escenas de celos con compañeros de trabajo, control de la vestimenta, insultos, subestimación y maltrato diario. Este hostigamiento constante termina provocando que la mujer se ausente a su empleo o que lo pierda, para que así dependa completamente del agresor", explica Alejandra Vázquez, psicóloga especialista en violencia familiar y coordinadora de programas de prevención de la violencia en Surcos, una asociación civil que articula con los municipios de todo el país.
Sin embargo, a pesar de los avances legislativos y en el acceso rápido a la justicia, los profesionales de distintas disciplinas consultados por LA NACION sostienen que está faltando algo muy importante: la presencia del Estado el día después de la denuncia. "Tenemos las leyes y los medios adecuados, pero no el acompañamiento. La Justicia ordena la inmediata exclusión del hogar del agresor y preserva la seguridad física y psicológica de los integrantes del hogar. También impone la compensación económica que corresponde, pero al día siguiente, esa mujer se queda sola", sostiene Aón. Esa desprotección es la que, para el juez, muchas veces hace abrir de nuevo la puerta del hogar a los agresores, porque "no tienen cómo sostenerse económicamente".
Días atrás, el Gobierno lanzó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, una iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Según informaron desde esa cartera, el mismo cuenta con más de 100 compromisos de responsabilidad de otros ministerios y agencias del Estado. Entre otras cuestiones, promueve el acceso a la justicia "como una forma de acceso a derechos, creando y diversificando las bocas de recepción de denuncias de casos de violencia por motivos de género"; crea el Programa Acompan~ar, de asistencia integral a víctimas; establece la implementación de Centros Territoriales Integrales de Poli´ticas de Género y Diversidad en todo el pai´s; impulsa un sistema digital para emergencias y un programa de apoyo a la red de hogares y refugios.
Por su parte, la ciudad de Buenos Aires cuenta con 15 Centros de la Mujer en diferentes comunas, que ofrecen asistencia integral en situación de violencia de género. "El 25% de las llamadas al 144 son de violencia económica. Este año estamos sumando esta variable al índice de indicadores de género, para pensar políticas públicas más eficientes", explica Agustina Ciarletta, al frente de la Dirección General de la Mujer del gobierno porteño. La funcionaria señala que "registrar es reconocer que desde el momento en que la mujer se anima a denunciar, necesita que el Estado esté con ella y la acompañe en la transición".
En este sentido, Claudia Hasanbegovic, abogada, investigadora y consultora internacional en violencia de género, subraya que "el tema trabajo, vivienda y subsidio para comer son fundamentales para independizarse del agresor" y que "las leyes no alcanzan si eso no está". Con más de 30 años de experiencia, asegura que "el no pago de la cuota alimentaria es violencia económica contra la mujer pero muy pocos jueces le dan esa dimensión y siguen haciendo lugar a mediaciones, algo que no corresponde". Y señala además que "en estos meses de encierro, muchas mujeres recurren a sus agresores para poder comer".
Paralizadas
"La violencia económica daña la autoestima y la autodeterminación para tomar decisiones de vida. Esto provoca efectos en la salud: cuadros depresivos y psicosomáticos. Por otra parte, muchas mujeres suelen estar afectadas por lo que se define como síndrome de indefensión aprendida", plantea Vázquez. Se trata de "un estado de parálisis que les impide actuar, por estar expuestas en forma continua a la violencia, reforzado por una cultura patriarcal y por la ausencia de respuesta institucional a la problemática".
"La idea de que el principal proveedor es el hombre sigue siendo fuerte e incide en la percepción de las mujeres. Por eso, no hablamos estrictamente de violencia económica sino de las dimensiones económicas de la violencia de género", explica Corina Rodríguez Enríquez, economista e investigadora del Conicet en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP). Integra la organización Economía Feminista, que visibiliza el rol del trabajo de cuidado no remunerado que hacen las mujeres y su peso en el desarrollo social. Las tareas de cuidado de los niños, ancianos, enfermos, así como de la casa, no están remuneradas, se las invisibiliza y distribuye de manera inequitativa. De acuerdo a la OIT, el 82% de este trabajo recae en las mujeres, lo que las hace dependientes económicamente.
En términos legales, se considera violencia económica no solo a la que se da en un ámbito doméstico sino también laboral, que se manifiesta, por ejemplo, en la brecha salarial. También se tienen en cuenta situaciones en otro tipo de vínculos familiares, como el filial y el fraternal. Entre las mujeres adultas mayores (más de 65 años), hay un alto porcentaje de denuncias de violencia patrimonial contra sus hijos u otros familiares, quienes aprovechan su vulnerabilidad física o psíquica para hacer uso o apropiarse de sus bienes.
Gabriela aún tiene un largo camino por recorrer. Hoy trabaja y pudo recuperar su autosustentabilidad, pero necesita recuperar a sus hijos. Los vio hace tres meses, en una mediación antes de la cuarentena, y ese contacto le dio esperanzas. "Me pidieron encontrarnos nuevamente, sin jueces ni abogados", recuerda, con una sonrisa.
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