“La universidad no quiere ponerle un peaje al alumno del secundario para entrar, porque es una víctima del sistema”

En esta edición, La Repregunta no se publicará en formato video.

“Chile tiene más graduados universitarios porque gradúan más y mejores alumnos secundarios”, plantea. “Hay mucho para mejorar en la universidad pública, pero el problema principal es la escuela secundaria”, afirma. “Está claro que los alumnos terminan el secundario sin los conocimientos que se requieren para proseguir sus estudios superiores”, subraya. “La universidad les da una mano a los alumnos que vienen de la secundaria, pero no la mano que necesita porque si no, tendría que gastar todo el presupuesto en hacer un secundario bis”, analiza. “La idea de que se puede recuperar lo que no se hizo en los doce años de educación básica con algunos cursos propedéuticos, CBC o como se los quiera llamar, es falsa”, acepta. “La otra solución es decir: “Mirá, como aquel no te dio los conocimientos, acá no te dejo entrar”. Y la verdad es que eso es bastante cruel. En el caso actual, lo que se dice es: “te doy una mano para que lo intentes, pero lo van a lograr pocos””, sintetiza. “La universidad hace esto: le dice al alumno que en estas condiciones, le da una mano que probablemente no le alcance, pero no le quiere poner un peaje antes de entrar porque el alumno es una víctima del sistema. La universidad les da una oportunidad que pocos pueden sortear”, reconoce. “Lo único que no puede resignar la universidad es la exigencia”, agrega. “Hacer elitista al sistema público lo va a hacer más eficiente, pero lo va a hacer mucho más inequitativo; de hecho ya lo hace”, advierte. “Las estadísticas del sistema universitario SIU-Guaraní tienen dos años de demora y eso está mal. La última estadística es de 2024, mientras que en el sistema de educación básica es de 2025, y eso que es un sistema más complejo porque hay veinticuatro jurisdicciones. El sistema puede y debe mejorar”, concede. “Si quisieran mentir en la cantidad de alumnos, tendrían que hacer una asociación ilícita. Sería muy difícil hacerlo”, aclara. “Gran parte de la animadversión entre la universidad y el Gobierno está dada incluso hasta por el tipo de ajuste. Hubo cuatro períodos con ajustes de este nivel. El primero, 1976, después del Rodrigazo, cuando asume la dictadura militar. 1982, todo para el esfuerzo bélico. 1989, con hiperinflación. 2001, con la crisis y la recesión. En todos esos casos, lo que el Gobierno decía era: ‘No puedo darte más presupuesto’. Ahora el discurso es: ‘No quiero darte más presupuesto’”, desarrolla. “Desde 2018 es todo ajuste. Lo que queda es la inercia o la inercia degradada”, se preocupa. “La idea de que el financiamiento universitario compite con el financiamiento de los niveles inferiores no tiene sentido; la demanda es común. El mismo problema que tiene la educación universitaria lo tiene la educación básica”, asegura. “La solución es común, es hacer lo que hacen los países más desarrollados, que es gastar una cantidad razonable. No se puede permitir gastar sin ninguna ineficiencia, pero tampoco tiene sentido desfinanciar”, cuestiona. “La universidad como institución conservadora tiene un problema muy grande y en general, es muy consciente de eso”, concluye.

Universidad pública, ¿un modelo de financiamiento que necesita cambios? Secundario, ¿el problema que condiciona a la universidad? Universidad pública y vacas sagradas, ¿es hora de revisar el ingreso irrestricto? El caso Brasil: ¿por qué la universidad pública de Lula es de élite y de excelencia? El caso Chile: ¿más eficiente que la universidad pública argentina? Ingreso irrestricto, ¿una ficción de inclusión? Cursos de ingreso, ¿otra puesta en escena que no funciona? Equidad universitaria: ¿cómo lograrla de verdad? Marcha universitaria: ¿si el problema es el secundario, quién marcha por ese nivel? Doberti hizo su análisis.

El especialista en financiamiento universitario Juan Ignacio Doberti estuvo en La Repregunta. Doberti es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Master in Public Administration por Columbia University. Es profesor y docente en la UBA y fue profesor en la Universidad de Quilmes. Es autor de Las políticas universitarias y sus financiamientos en perspectiva histórica. De las dictaduras a la democracia. Período 1966-2023.

Aquí, la entrevista completa:

-Esta semana se dio la quinta Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Por otro lado, el Gobierno insiste con el incumplimiento de la ley y opta por el camino de la apelación judicial. En la coyuntura, el tema de debate es el tema salarial, pero más allá de eso, hay grandes temas pendientes de debate en el sistema universitario argentino, con eje en la universidad pública. Sigue pendiente el replanteo de algunas vacas sagradas del sistema y cómo se podría mejorar. Usted es un especialista en financiamiento universitario. ¿Cómo describirías el modelo de financiamiento del sistema universitario argentino, y especialmente, la universidad pública?

-Las características son las de un sistema universitario masivo y gratuito, con una muy fuerte participación de la universidad estatal. Es un sistema bastante similar al que prevalece en la Europa occidental y en algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, México también tiene un sistema basado en la gratuidad, en el ingreso irrestricto y en la universidad pública. Uruguay, también. Es un sistema que contrasta con el de otros países de Latinoamérica, como Brasil, que es el caso emblemático, o el caso de Chile y de Perú, el caso de Paraguay. También con Asia en general, donde ha crecido más en el sector privado. Estados Unidos tiene algunas cosas que no son polares: cobra, pero la mayor parte de los estudiantes van a universidades públicas. Además, es un sistema estadual, como Alemania. En la Argentina, el sistema está basado en las universidades nacionales y las privadas son muy pocas. Hay dos modelos polares, uno prevaleciente en Europa, y Alemania como caso emblemático, y otro asiático y hay algunos casos intermedios. Si admitimos esas dos situaciones polares, la Argentina se parecería más al modelo europeo.

-En relación con el modelo argentino, las transferencias que hace el Estado nacional, porque las universidades dependen del financiamiento nacional, tienen que ver con cómo se definen los gastos operativos para cada universidad. ¿Se definen en función de la cantidad de alumnos que la universidad tiene en un año dado?

-Tiene más de un componente. El principal componente es el inercial. Detrás del presupuesto del año actual, siempre vas a saber el presupuesto del año anterior. Se miran los docentes del año anterior y los alumnos. El sistema educativo cambia por agregaciones. Los alumnos que no se reciben y no desertaron van a figurar en las mismas carreras. Tiene una gran inercia. En todo el mundo, el primer componente en todo el sistema educativo es la inercia. El segundo son las modificaciones. En el caso argentino, esto empezó en los 90. Había un modelo de pautas presupuestarias. La idea era que, a partir de indicadores, se financiara en función de las necesidades diferenciales de las universidades y se le diera más recursos a aquellas sub financiadas y menos a aquellas sobre financiadas.

-¿Cuáles eran los indicadores?

-Alumnos por carreras; economía de escala, es decir, las universidades más grandes requieren menos recursos; costo diferencial de las carreras, porque es muy diferente Agronomía que Derecho; las plantas de personal y su racionalidad y algunos indicadores de de rendimiento, por ejemplo, la cantidad de materias aprobadas en promedio por alumno. Fue variando a través del tiempo. Participó la exsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN, académicos de las distintas universidades y se desarrolló un modelo de costos estándar para que las universidades aprovecharan mejor sus recursos. Arrancó en los 90 y duró hasta 2017. Desde 2018 hasta ahora no ha habido aumentos de recursos. Cuando casi no hay aumentos, básicamente es la inercia la que manda. Ahora, incluso, hay decrecimiento. Otro sistema que se usó y fue muy bueno fue el de los planes de desarrollo institucional: las propias universidades detectaban sus falencias y después, convenían con el Ministerio de Educación, a través de contratos programa, contratos bilaterales, fondos específicos para apuntar a mejorar esas falencias. El Ministerio de Educación se planteaba no gastar por gastar sino para paliar dificultades. En esos casos, la universidad no puede redistribuir esos fondos porque tienen una aplicación específica.

-¿Cuándo se dio esa política?

-Esa política empezó con el kirchnerismo, en torno a 2005. Es un modelo francés. Varios expertos académicos viajaron a Francia como Ana María García de Fanelli, y otros, y se implementó. Lo siguió el kirchnerismo, lo siguió el macrismo, y se sostuvo hasta este gobierno.

-¿Por qué en 2017, en esa gestión política, se deja sin efecto la política de costos en función de indicadores que parecía muy interesante?

-No es que se deja por decisión. En 2017, el gobierno de Cambiemos gana las elecciones de medio término y en marzo de 2018 hay un colapso económico y debe acudir al Fondo Monetario. Desde ahí en más, es todo ajuste. Por lo tanto, casi no se aplica un método de nueva asignación de recursos. Con Alberto Fernández, pandemia y después, brote inflacionario, pasa lo mismo. Lo que queda es la inercia o la inercia degradada. Pero antes el financiamiento creció con una racionalidad en las asignaciones.

-Usted dice que la cantidad de materias aprobadas por año es uno de los indicadores clave. Un problema del sistema universitario es la falta de indicadores incuestionables y la falta de transparencia. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de alumno regular? ¿Alcanza con aprobar dos materias por año o es demasiado poco como exigencia para sostener un sistema que se expande? O el ratio de alumnos que ingresan versus alumnos que egresan. ¿Esos deberían ser ratios mejor construidos y más transparentes? ¿Hay un déficit ahí?

-No creo que haya falta de transparencia. Yo viví esto desde principios de los 90, cuando las universidades debían entregar los datos con diskette. Hoy en las universidades públicas está el sistema SIU-Guaraní donde hay que cargar el DNI del alumno, su trayectoria académica, cada materia con folio y acta. Si quisieran mentir en la cantidad de alumnos, tendrían que hacer una asociación ilícita. Sería muy difícil hacerlo. No puedo asegurar que no haya nadie que haga algo raro, pero el sistema, en principio, es sano.

-¿Están actualizados esos datos o demoran mucho en cargarse?

-Demoran en cargarse. La última estadística es de 2024 mientras que en el sistema de educación básica es de 2025, y eso que es un sistema más complejo porque hay veinticuatro jurisdicciones. En el SIU-Guaraní, la publicación tiene dos años de demora y eso está mal. El sistema puede y debe mejorar, debe trabajarse en eso. De todas formas, es casi inevitable: las estadísticas van a ser malas.

-¿Por qué?

-Por tres factores. Las evaluaciones de calidad de la educación básica, primaria y sobre todo escuela media, dan muy mal. Por lo tanto, la idea de que se puede recuperar lo que no se hizo en los doce años de educación básica con algunos cursos propedéuticos, CBC o como los quieras llamar, es falsa. La verdad es que hacés lo que podés. El secundario es importante: si se pudiera recuperar con un curso, no sería importante. Con ese nivel de educación básica, el resultado en ciencias exactas, por ejemplo, es espantoso. Por lo tanto, condiciona muchísimo la eficiencia de la universidad. Por otro lado, están las condiciones sociales: los ingresos familiares de gran parte de la población son espantosos. Y eso también condiciona este costo de oportunidad, más si se eliminan becas a los estudiantes. En esas condiciones va a ser muy difícil el trabajo de la universidad. Además, las universidades sufren un subfinanciamiento bastante importante. En esas condiciones, la única forma de tener indicadores razonables en la universidad es un facilismo que no queremos. Si yo te dijera: “te va a operar un médico de una universidad donde egresa el 90 por ciento de los ingresantes que salieron tan mal formados de esa escuela secundaria”. Participo de un grupo de estudio donde hay rectores de universidades públicas y privadas. Todos dicen más o menos lo mismo: los ingresantes tienen muchas deficiencias. Por lo tanto, se pueden hacer las cosas mejor, sí. Ahora, aspirar a tener situaciones muy buenas o ideales, me parece una falsedad.

-Eso nos lleva a otra cuestión. En la Argentina, está muy instalada la idea de que el sistema universitario público se puede expandir infinitamente para cumplir con el ingreso a la universidad que es considerado un derecho. La gratuidad y la falta de filtro se relaciona con una concepción del ingreso a la universidad como un derecho. Pero usted plantea que el secundario no cumple con su meta, de manera que los estudiantes pueden ingresar a la universidad, nadie los frena, pero al final de los cursos de ingreso, por ejemplo, el típico CBC de la UBA, muy pocos pudieron seguir adelante. Por año, ingresan alrededor de 500 mil alumnos a las universidades nacionales, pero 200 mil alumnos quedan afuera antes de que finalice el segundo cuatrimestre del primer año. ¿Habría que replantearse tanto el mecanismo de ingreso como el giro de recursos para cursos que ya no funcionan?

-Todos los países buscan ampliar la cantidad de alumnos de educación superior. Las estadísticas de indicadores de capital humano son contundentes en relación a ingresos, desocupación, aportes fiscales: la posibilidad de estar desempleada baja drásticamente si la persona tiene educación; en promedio, sus ingresos suben drásticamente. Y para los países es un negocio que estos alumnos estudien: tiene un costo, pero con un repago altísimo.

-¿Usted se refiere a que los alumnos se reciban de la universidad?

-Que estudien y que se reciban también, incluso que deserten. A los desertores les va mucho mejor en el mercado laboral que a los graduados de secundario solamente.

-Después quiero volver a ese tema, porque tengo una repregunta sobre ese punto. Está claro que al PBI le conviene tener más universitarios.

-Por lo tanto, poner un precio y bajar la cantidad no me parece una buena idea.

-Le planteo otra opción para la organización del sistema universitario: el caso de Brasil. Es distinto al argentino: las universidades públicas son de élite y absorben al 20 por ciento de la matrícula universitaria, pero tienen cupos y becas para los sectores de menores recursos con potencial académico. El 80 por ciento del estudiantado va a universidades privadas, es decir, la expansión de la matrícula universitaria se hace con la financiación del sistema privado, de los estudiantes que van a las universidades privadas. El sistema público es de excelencia y con cupos para los sectores vulnerables, todos ingresan por mérito. ¿No es un sistema mejor que el argentino en términos de la capacidad de sostenerlo desde el Estado y en términos del impacto en el PBI?

-Si es mejor o peor, depende de las preferencias. No hay una respuesta técnica a eso. Hay gente le gusta más, hay gente que le gusta menos.

-Pero no sólo juegan las preferencias. También depende del equilibrio fiscal y del superávit: la Argentina tiene problemas para financiar el sistema tal cual está hoy. La expansión hace todavía más difícil su financiación desde el Estado.

-Desde el equilibrio fiscal, por supuesto: todo gasto agrega más presión. Si sacás la jubilación universal y se la das al 10 por ciento o si sacás la salud pública, cualquier baja del gasto público va a favorecer el equilibrio fiscal. Ahora, ¿ésa es la sociedad y el Estado de bienestar al que aspiramos? Ahí está el tema de los gastos, de qué gastos priorizar y los recursos que se quieren o no poner en juego. No es cierto que el sistema universitario, y hasta te diría el sistema educativo en general, está afectando al superávit fiscal. Si miramos las cuentas nacionales y cuánto pesa la función educación en el presupuesto nacional, es bajo. El juez (D. de R.: Martín Cormick, juez de primera instancia que lleva la causa por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo) dice que el Gobierno no está cumpliendo la ley, pero además dice que no hay una cuestión de orden público. Si el Congreso hubiera dicho “páguese 500 mil pesos a cada docente universitario”, el Gobierno diría: acá hay un problema de orden público, esto lleva al cabo social. Pero el cumplimiento de la ley cuesta un 0,23 por ciento del PBI: no genera un desborde de gasto público. Yo digo: ¿por qué no tratamos de hacer lo que hacen los buenos ejemplos, los países más desarrollados o que van en vías de desarrollo, los países a los que les va bien? ¿Por qué no copiamos el porcentaje del PBI que gasta Chile, por ejemplo?

-La Argentina gasta entre 0,4 y 0,5 puntos del PBI en transferencias del Estado nacional a las universidades. Los recursos de las universidades privadas, por el arancel a los alumnos, suman un 1 por ciento. Es decir, el sistema universitario en general, sumados el público y el privado, demanda 1,4 por ciento del PBI. En Chile, el 0,8 por ciento corresponde a lo estatal y con lo privado llega al 2 por ciento. En Brasil, la universidad pública se lleva el 0,7 por ciento y suma 1 por ciento con el aporte privado. Está claro que la Argentina gasta menos en el sistema universitario.

-La mitad que en Chile. Los países de la OCDE gastan el 1 por ciento del PBI en promedio. Si la Argentina gastara el doble, como Chile, o como la OCDE, podría financiar eso sin problema.

-Pero en Chile, que tiene unos 20 millones de habitantes, se gradúan 100 mil estudiantes por año mientras que en la Argentina, con 47 millones, se gradúan lo mismo, 100 mil estudiantes por año. Es decir, la ineficacia del sistema universitario argentino medida en relación a la población total es muy grande.

-Hay deficiencia, eso es claro y hay mucho por hacer y mejorar, pero el factor principal es la escuela secundaria. Hay un texto de Ana María García de Fanelli muy claro en ese sentido. ¿Por qué Chile tiene más graduados? El factor principal es que gradúa mucho más estudiantes secundarios en proporción a su población, pero además saben mucho más, tal como lo muestran las evaluaciones de calidad de aprendizajes. Esto es un continuo: para tener graduados universitarios, hay que tener más graduados secundarios y además, graduados secundarios que sepan. Además de eso, hay que tener mejor sistema universitario, mejor sistema de educación superior, que incluye también a los terciarios, con los que también hay que trabajar. No quiero dar una mirada condescendiente sobre la universidad: hay mucho para trabajar. De hecho, el sistema universitario había planteado siete puntos de mejora, las nuevas tecnologías, la internacionalización, los sistemas de créditos.

-Usted hace un análisis positivo del sistema universitario de Chile, sobre el que suele haber una mirada muy prejuiciosa. En Chile, como en Brasil, el 80 por ciento de los alumnos va a la universidad privada y el 20 por ciento que está en la universidad estatal, pero en sus casos, con un perfil de excelencia, con exámenes que admiten a una élite cognitiva y al mismo tiempo, un sistema de becas para los deciles de nivel socioeconómico más bajo. De hecho, el porcentaje de alumnos de esos deciles que va a la universidad en Chile es más alto que en la Argentina. Usted plantea una pregunta: ¿la Argentina quiere tener un estado de bienestar con una universidad gratuita y de ingreso irrestricto? La segunda pregunta es: ¿ese Estado de bienestar funciona? Porque no estaría funcionando ni en términos de la eficiencia de la secundaria, de su calidad, ni de la eficiencia de la universidad. ¿No es hora de barajar y dar de nuevo, inclusive los modelos de financiamiento y de expansión universitaria?

-Se puede cambiar. Pero lo que no funciona es pretender un sistema de seguridad a la sueca con un financiamiento inadecuado, porque es vivir una ficción. Uno siempre quiere tener los mejores servicios y pagar poco impuesto, que es gran parte del problema argentino. Se ve en la salud, en la previsión social, y también en la educación. Gran parte de la actividad está en forma ilegal, en negro. Hacer elitista al sistema público lo va a hacer más eficiente, pero lo va a hacer mucho más inequitativo; de hecho ya lo hace. Hay espacios de elitismo del sistema universitario público que son hiper eficientes, con graduados que les va muy bien y con tasas buenísimas. Te doy dos ejemplos. El Colegio Nacional de Buenos Aires, yo soy graduado del Colegio Nacional de Buenos Aires, y el Instituto Balseiro. Cuando metés un examen de ingreso rigurosísimo, seleccionás a un élite y después tenés tasas buenísimas. Eso implica que el Estado focaliza sus gastos en aquellos que menos lo necesitan: ganaste eficiencia, pero a costa de inequidad. El Estado toma recursos para dárselos a aquellos que menos lo necesitan.

-Pero en Buenos Aires hay un porcentaje significativo de chicos de sectores vulnerables, y también en la universidad pública. Es decir, hay sectores vulnerables que pueden sostener el esfuerzo educativo de la universidad. Elitismo no quiere decir necesariamente inequitativo. Elitismo se puede pensar en términos de excelencia: en relación con lo que usted observa del aporte de los universitarios al PBI, el Estado puede plantearse financiar aquellos estudiantes, no importa de qué sector social y haciendo cupos especiales para los más vulnerables que puedan sostener el esfuerzo educativo y la vida universitaria. Es generar capital humano para generar riqueza que beneficie a todos. Es decir, la equidad llega en el output generalizado en sus efectos y no tanto en el input, aunque en ese extremo también se cuida la equidad para que entren también los chicos más preparados de las clases bajas. Ahora, un sistema que se dice equitativo como el de la universidad pública argentina porque no pone barreras de ingreso, pero defrauda a los alumnos en el primer cuatrimestre del CBC, no parece muy equitativo. ¿No es una ficción de equidad?

-Evidentemente hay un problema de inequidad muy grave. En términos agregados, a los del mayor quintil, les va bien, no tienen que ir a trabajar, tienen una cultura en el hogar, tradiciones profesionales, los padres los pueden ayudar, les pueden poner profesores particulares, etcétera. Frente a eso, hay que concentrar los recursos en aquellos con más dificultades con becas, con tutorías.

-Pero si en el sistema universitario total por año hay 200 mil estudiantes que intentaron quedarse en la universidad y no pudieron después del primer cuatrimestre, esos recursos están siendo mal aplicados. Esos recursos liberados podrían ir a un sistema de becas más sólidas para que los chicos de clase baja con capacidad de hacer el esfuerzo universitario no salgan a trabajar. ¿Por qué no pensar esa opción con mayor libertad y creatividad?

-Se puede pensar más libremente, no que no podría ser esa opción. Pero no veo que arancelar y que los otros estudiantes sean los que financian las becas de otros estudiantes sea una buena idea.

-Mi pregunta es otra: ¿los recursos del Estado nacional que se aplican a cursos de ingresos que fracasan podrían usarse para apoyar mejor a alumnos vulnerables con posibilidades de sostener la carrera? Becas significativas en sus montos para que no tengan que salir a trabajar y puedan estudiar porque su potencial académico respalda esa oportunidad. Porque con los cursos de ingreso hay una selección: no es exógeno como un examen que filtra alumnos antes de entrar a la universidad, pero es un filtro endógeno, dentro de la universidad, como el CBC. Usted dice que los alumnos que abandonan se benefician de todas formas. Pero hay un estudio del Banco Mundial que dice que terminar una carrera corta da una mejor señal al mercado de trabajo que abandonar una carrera universitaria larga; garantiza mejores salarios que los que abandonaron. ¿Por qué no pensar plásticamente una oferta académica más corta para alumnos que no puedan o quieran hacer carreras largas?

-Podría ser. Todo lo que sea orientación vocacional, ayuda en las carreras me parece bienvenido. Las becas Progresar apuntaban a eso.

-Pero Ana García de Fanelli plantea que esas becas son tan magras que no le cambian nada a un estudiante vulnerable, que igual tiene que trabajar. ¿Por qué no plantear una reasignación de recursos más eficientes que beneficien también a esos chicos que quieren estudiar?

-Podrían aumentarse las becas, pero es lo contrario de lo que está pasando. Las becas Progresar se han reducido en un más de 70 por ciento en su valor real. Pero enfocarse en las becas probablemente sea una buena medida. Hay algo de difícil solución: el déficit de la educación primaria y media afecta a la educación superior. Ahora, hay que tener mejor orientación vocacional, hay que diseñar trayectos universitarios para que los alumnos no desperdicien lo que logran: hay muchas cosas mejorables. Estoy muy lejos de creer que la universidad no tiene espacios de mejoras.

-¿Estaría de acuerdo con algo que plantea el Gobierno, un examen de finalización del secundario que sirva como señal para el estudiante de cuán preparado está para encarar el esfuerzo educativo de la universidad? El título secundario no es prueba suficiente de eso. Y la universidad los acepta sin ningún requisito. En ninguno de los dos casos los estudiantes cuentan con el primer dato necesario, que es saber si están en condiciones para sostener sus estudios.

-En principio, podría no estar mal que haya un examen y exigencias que den información. Puede estar bien. Pero no sé si esa idea apunta a eso. La sospecha que tenemos es que es un eufemismo en el sentido de que el Gobierno en realidad quiere un examen de ingreso a las universidades estatales. Esto derivaría en que mucha gente no podría ingresar, entonces debería ir a las privadas como en el modelo brasileño. En ese caso, la posibilidad de continuar o no sus estudios dependería de su capacidad adquisitiva. Ahora, en principio, tener un examen podría estar bien: no está mal examinar. Pero si ese examen no determina nada, ¿cuál sería el objetivo?

-¿Un objetivo posible es ahorrarle tiempo al estudiante? Si el estudiante termina el secundario con un título que no dice nada de lo que efectivamente aprendió, cree estar listo para encarar la vida universitaria. Pero queda afuera al cierre del primer cuatrimestres, y termina frustrándose. Con un examen al final de la secundaria, se podría pensar en un sistema para que el alumno recupere cursos, y luego eventualmente decida ir a la universidad mejor informado y preparado. Lo que hay hoy es un sistema engañoso: la secundaria lo engaña porque le entrega un título que no garantiza nada y la universidad le hace creer que puede entrar porque es gratuita y sin selección. ¿Es más una puesta en escena de igualdad? En realidad la falta de equidad se termina concretando en el primer cuatrimestre, o al final del primer año de CBC.

-Coincido en que hay un componente de puesta en escena en el sentido de que el secundario está certificando una serie de saberes que en realidad no está proveyendo. Está claro que los alumnos terminan el secundario sin los conocimientos que se requieren para proseguir sus estudios superiores.

-Pero no es la única puesta en escena. ¿No hay también una puesta en escena en el discurso de la universidad pública y gratuita y de acceso libre cuando en realidad esos estudiantes ingresan y a los pocos meses ya quedan excluidos? Se dice que se les da la oportunidad, pero en realidad nunca la tuvieron.

-Mi objeción con el examen al final del secundario es que si no va a afectar ni la finalización del secundario ni el ingreso a la universidad, veo poquísimo incentivo para que los adolescentes de 17 años de quinto año vayan a estudiar para un examen que saben que no los afecta ni para el secundario ni para la universidad, solamente para tener más información. Me puedo estar equivocando, pero mi impresión es que en esos términos sería muy poco motivador.

-¿Cómo desmontar la puesta en escena de equidad de la universidad pública, gratuita y sin selección?

-Tenemos que hacer las cosas bien y hacer las cosas bien es dar un secundario que provea los elementos.

-Hace treinta años que el secundario tiene estos problemas. Va a pasar tiempo hasta lograr ese cambio. ¿Qué puede hacer la universidad hoy?

-La universidad no va a poder solucionar el problema del secundario. Si lo pudiera solucionar, estaríamos diciendo que el secundario no es importante porque lo puede resolver la universidad. La universidad lo que hace es esto: es decirle al alumno que en estas condiciones, le da una mano y que probablemente no le alcance, pero no le quiere poner un peaje antes de entrar porque el alumno es una víctima del sistema. Le da una mano, pero no la mano que necesita porque si no, tendría que gastar todo el presupuesto en hacer un secundario bis.

-¿No victimiza dos veces al alumno, primero con un secundario que no le cumple y después, con una universidad que los engaña permitiéndole algo que no cumple tampoco?

-La universidad les da una oportunidad que pocos pueden sortear. Lo que vos decís, coincido: Philip Altbach (NdelE: reconocido especialista en educación, Doctor en Educación Comparada por la Universidad de Chicago) escribió un paper titulado “La supervivencia del más apto en la UBA”. Planteaba que la UBA lo que hace es certificar bien los saberes. Los graduados de la UBA son muy buenos graduados, pero la mayoría se quedan en el camino. Pero no hay manera de que la UBA haga un secundario bis.

-Por eso: ¿habría que abandonar la pretensión de que el CBC reemplace o compense el secundario? Sincerar que el Estado está poniendo recursos en una puesta en escena que no da sus frutos. Simplemente lava su conciencia.

-Es bastante razonable lo que decís. Lo que pasa es que la otra solución es decirte: “Mirá, como aquel no te dio los conocimientos, acá no te dejo entrar”. Y la verdad es que eso es bastante cruel. En el caso actual, lo que se dice es: “Te doy una mano para que lo intentes, pero lo van a lograr pocos”.

-Pero el mensaje no es ese. El mensaje es: “Vengan que la universidad es pública, de libre acceso, es gratuita y es un derecho”, pero los alumnos se encuentran con que no pueden pasar el primer cuatrimestre. Es una enorme decepción.

-Y sí porque se enfrentan a la realidad y no me parece que esté mal: lo único que no puede resignar la universidad es la exigencia porque en la Argentina, a diferencia de otros países, los títulos son habilitantes. Entonces se les da una oportunidad más, pero una oportunidad en condiciones complicadísimas. Si el problema lo tenemos en la educación básica, no busquemos que lo solucionen otras instancias. Sincerar eso y no dejarlos participar, desde el punto de vista de la eficiencia, no tengo dudas de que sería más eficiente. Ahora, también sería cruel decirles: porque te estafaron la secundaria, yo no te dejo entrar a la universidad. ¿Dónde pongo el peaje? ¿Lo pongo antes de la entrada o lo pongo después de la entrada? Es un debate muy complicado.

-Hay marchas por la universidad pública y reclamos al Gobierno por más fondos. Usted plantea el problema de la secundaria, pero nadie marcha ni por la escuela secundaria ni por la primaria, las que más han sufrido el recorte educativo. ¿La preocupación por la secundaria es otra puesta en escena?

-Coincido con que la demanda universitaria no se puede agotar en la demanda universitaria. Debe ser una demanda educativa en general. Ahora, te lo pongo en estos términos. El Hospital de Niños funciona mal, está subfinanciado: supongamos que yo te propongo solucionar el problema desfinanciado el PAMI. Sería una crueldad. La idea de que el financiamiento universitario compite con el financiamiento de los niveles inferiores no tiene sentido; la demanda es común. Por otro lado, los establecimientos universitarios también tienen niveles preuniversitarios. De hecho, el Gobierno nacional ajustó más los gastos preuniversitarios que los universitarios eliminando el Fonid. El mismo problema que tiene la educación universitaria lo tiene la educación básica. La solución es común, es hacer lo que hacen los países más desarrollados, que es gastar una cantidad razonable. No se puede permitir gastar sin ninguna ineficiencia, pero tampoco tiene sentido desfinanciar. La universidad como institución conservadora tiene un problema muy grande y en general, es muy consciente de eso. En las reuniones del CIN, las reuniones de rectores, se plantea muy fuertemente la necesidad de transformación. Ahora, yo veo una una agenda anti intelectual en general y anti universidad en particular.

-Es cierto que el Gobierno hace una análisis polarizado y simplificado, que termina produciendo un efecto de cerramiento de la discusión universitaria. Pero también la universidad es poco activa a la hora de llevar adelante los debates que la sociedad le plantea, como transparentar los fondos, cómo se toman decisiones, cuántos empleados tienen, por qué usan chóferes, cuántos alumnos se gradúan.

-Si el Gobierno hiciera un programa de eficiencia universitaria, las universidades sin duda lo apoyarían. Ahora, en el índice de transparencia que hace la Oficina Anticorrupción del Gobierno nacional, las universidades están entre las instituciones más transparentes. No significa que no pueda haber situaciones a revisar porque son una institución que agrupa a 2.600.000 alumnos. Como toda condición humana, hay buena gente y de la otra. Pero suponer que la institución en sí tiene problemas es poner un chivo expiatorio. Gran parte de la animadversión entre la universidad y el Gobierno está dada incluso hasta por el tipo de ajuste. Yo estudié los presupuestos desde 1966 hasta 2023. Hubo cuatro períodos con ajustes de este nivel. El primero, 1976, después del Rodrigazo, cuando asume la dictadura militar. 1982, todo para el esfuerzo bélico. 1989, con hiperinflación. 2001, con la crisis y la recesión. En todos esos casos, lo que el Gobierno decía era: “No puedo darte más presupuesto”. Ahora el discurso es: “no quiero darte más presupuesto”. Es un cambio enorme. Es muy difícil incentivar ganancias de eficiencia con alguien que me quiere perjudicar, que dice que soy la casta, que soy una asociación ilícita: es muy difícil construir desde ese lugar. Genera reacciones en sentido inverso, abroquelamiento, confrontación.

-Pero también, cuando la universidad no se piensa a sí misma y no mejora, viene un Gobierno con un sesgo anti universidad pública y produce el debate menos interesante.

-Sí, coincido. Además, cuando en algún momento se vaya este Gobierno, los problemas van a estar y va a haber que enfrentarlos.

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