
Política, economía y Estado en el Virreinato
En su libro Los negocios del poder (Corregidor), del que se publica un fragmento, el autor se ocupa de analizar de qué manera ciertas reformas estatales promovieron la corrupción aun antes del nacimiento de la Nación argentina.
1 minuto de lectura'
LOS últimos años del siglo XVII muestran a una España exhausta en lo político y militar y ajena a las ideas que van renovando el pensamiento europeo. Ese estado de anomia encuentra en la patética figura de Carlos el Hechizado su representación visual. Símbolo de esa decadencia, el rey se las ingenia, a su manera, para dictar el futuro español. Su esterilidad, pareja a la del imperio en su ocaso, provoca un conflicto de grandes trascendencias como es la guerra de la sucesión española cuyo resultado, testimoniado en la paz de Utrecht, asume un carácter simbólico y abre el camino para la renovación dinástica a la que se le amerita la transformación del siglo venidero. Privada de su señorío europeo, sometida por la voluntad de sus enemigos a entregas territoriales que marcaron constantes frustraciones o a concesiones que irrumpen en el tráfico de las colonias americanas, España asume la conciencia de sus desajustes internos en lo institucional y económico y reconoce la necesidad de proteger y privilegiar el trato con esos dominios. Condicionados por estos factores los Borbones, por propia convicción o confiando en la de sus ministros (en ambos casos es suficiente clarividencia), señalan el rumbo a las reformas que se operarán en el siglo XVIII y que quedarán, para los datos de la historia, identificadas con su dinastía.
Fecundas en resultados, fueron obra de la Ilustración española y sus efectos se proyectaron sobre el régimen colonial.
Pero esa renovación, si quiere ser entendida en clave americana demanda el estudio previo -aunque sucinto- del marco espiritual en que se desenvolvió la España del siglo XVIII y de sus consecuencias.
Los últimos años del siglo anterior ya habían mostrado los primeros atisbos de una apertura cultural. Una minoría, definida por sus tenaces adversarios tradicionalistas como "novadores", prepara el camino para la difusión y el desarrollo del pensamiento ilustrado. Si no tenían otra pretensión que la de abrir las pesadas puertas de una herencia cultural sofocante mediante el ejercicio sistemático del conocimiento científico por la vía de la experiencia y de la crítica, los grupos ilustrados que los sucederían comprendieron pronto que la regeneración de España, por medio de la creación de una sociedad conformada por un plan racionalmente concebido, hacía imperioso el acceso al poder político.
El quietismo y anquilosamiento que se reprochaban al pensamiento español está reflejado en las palabras de uno de esos novadores, el benedictino Feijoo, quien en sus "Cartas Eruditas" advertía: "no pueden adelantarse las letras de España en tanto nuestros escritores circunscriban el estudio y la pluma a lo que supieron y escribieron los que fueron delante de ellos de siglo y medio a esta parte".
En efecto, poco se conocía de la ciencia europea al punto que la investigación experimental presentaba tan rudimentario desarrollo que se carecía de microscopios y telescopios, herramientas básicas de la divulgación científica.
Experiencia y crítica, valores de la Ilustración, no eran como se ve, muy apreciados al entrar el siglo XVIII al punto que la ortodoxia encontraba apropiado oponerse a los "novadores" con máximas de tono tan ostensible como el "Veneranda sunt vetusta dogmata" de San Basilio.
El espíritu de la Ilustración irrumpió progresivamente en el terreno de las ideas políticas. Funcionarios, a veces más pragmáticos que verdaderos ideólogos, desbrozaron el camino para quienes más tarde, como el conde de Aranda, Jovellanos, Campomanes o Floridablanca encarnaron la máxima expresión de un pensamiento confiado en lograr la transformación mediante un orden racional que sobre la base de la sola promulgación de leyes y reglamentos aseguraría el reinado terrenal de las luces.
La mayoría de los estudiosos avizora en el Tratado de Utrecht de 1713 un hito decisivo en la historia del siglo XVIII español. La guerra de Sucesión en la que España enfrenta, unida a Francia, a un conjunto de países encabezados por Inglaterra, lleva a ese pacto que pone fin a sus ambiciones imperiales en el continente europeo.
Paradójicamente, tal humillación sirvió para que asumiera su identidad nacional. Ese volverse a sí misma y a sus colonias americanas -al fin, territorio donde crecía su propia estirpe- es consecuencia del derrumbe del sueño universal de Carlos V pero la introspección condujo a la certeza de que era necesario fortalecer al Estado y lograr su unidad la que se allana al abolirse los fueros de la Corona de Aragón.
Para consolidar esos objetivos resultaba imprescindible la reforma jurídica y administrativa mediante la racionalización de los órganos del Estado y del sistema hacendístico.
Pero no todo es visión interior. La pérdida de significación europea no priva a España de participación internacional. En las luchas del nuevo siglo, que son territoriales o coloniales, está presente. Y ello impone un desplazamiento de sus intereses internacionales que se orientan hacia el mar. El escenario del Mediterráneo será un espacio donde recuperar protagonismo comercial; el del Atlántico de fricción y rivalidad con la codicia inglesa y la de su aliado casi permanente Portugal, también impulsado por las desgracias imperiales -al igual que España- a rotar hacia América en un destino común que es consecuencia de un imperativo histórico y los conduce al choque de intereses. Consciente del peligro inglés hacia sus colonias, España reconoce a su enemigo natural y ello le lleva a suscribir con Francia los llamados "Pactos de Familia".
La reconstrucción española comenzó en el orden institucional con una reforma importante en sus consecuencias: la creación de las secretarías de Estado con las que procuró poner fin a un sistema administrativo en plena crisis de ineficiencia. Fue en búsqueda de racionalidad y eficacia que se creó el nuevo régimen diseñado para permitir diversificar los asuntos oficiales en razón de la materia adjudicando su trámite a órganos especializados.
Pero la muestra más acabada del pensamiento político ilustrado corresponde a la "Instrucción Reservada para la Junta de Estado" dictada por Carlos III bajo la inspiración del ministro Floridablanca en 1787, "piedra angular para juzgar el estilo de gobierno en el último lustro del reinado que condensó los mejores frutos de estabilidad política y orden social" en la opinión de José Antonio Escudero y cuya repercusión en el ámbito americano vale la pena destacar.
Ese documento propuesto como plan general para la recientemente creada Junta Suprema, constituye el programa más ambicioso y coherente de la Ilustración española. Concebida la Junta como organismo destinado a afirmar de manera unitaria la autoridad de la monarquía encontró en él una respuesta sistemática a los grandes objetivos de gobierno.
Las directrices generales de la Ilustración se abren en un abanico de consideraciones específicas. De ellas asume importancia el arreglo del "aumento y economía de la Real Hacienda" la que "en todas partes se lleva casi la primera atención". Imbuido del paradigma racionalista de la ilustración, Carlos III se propone proseguir las reformas iniciadas para ordenar las finanzas y restablecer una cierta equidad (la de su tiempo y sus principios) en la distribución de las cargas públicas. "La Real Hacienda" -se expresa- "no es otra cosa que el rédito, rentas o frutos que produce la grande heredad de esta monarquía y como toda heredad debe ser muy cultivada para asegurar, mejorar o aumentar aquellos frutos y bien administrado en la recolección de éstos". A tal afirmación la acompaña otra reflexión sensata: el desarrollo económico encuentra en la política física uno de sus sustentos necesarios pero ésta no puede prescindir de aquél. Como sabia advertencia, el autor hace decir a Carlos III: "recelo que se han empleado siempre más tiempo y desvelos en la exacción o cobranzas de las rentas, tributos y demás ramosÉ que en el cultivo de los territorios que los producen y en el fomento de sus habitantes".



