Un debate parlamentario que genera sospechas

"La manipulación de la información les hace mucho mal a la Argentina y a los ciudadanos que tienen derecho a informarse", afirmó la presidenta Cristina Kirchner, en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

En línea con lo que sostiene desde su asunción, la Presidenta planteaba ante los legisladores lo que ya había anticipado en la Biblioteca Nacional el 27 de febrero último. Para ella, los medios repiten "un libreto que nadie sabe quién elabora" e instó a los intelectuales que la siguen a que ayuden a la sociedad a "desentrañar los mensajes de la prensa".

Esta visión oficial sobre el papel de la prensa se esboza desde la presidencia de Néstor Kirchner y se exacerba progresivamente durante la actual gestión. Todo aquello que piense o exprese distinto de la historia oficial es simplemente reaccionario o desestabilizador. Para este gobierno, la prensa no tiene un atisbo de independencia, sino que siempre actúa en función de intereses diabólicos. Para este gobierno, los medios de comunicación son un enemigo por vencer, tal como el campo o la oposición.

¿Qué diferencia existe, entonces, entre el primer anuncio de la presidenta Kirchner respecto de la modificación de la ley de radiodifusión y este último, realizado en el Congreso?

Conviene repasar algunos hechos que, en orden cronológico, traducen la política oficial hacia los medios de comunicación.

Simultáneamente con el anuncio realizado en abril de 2008 para modificar la ley de radiodifusión, la Presidenta presentó un observatorio que intentaba ser un monitor de la cobertura mediática en lo más candente de la crisis con el campo. Durante todo el año pasado, los ataques y cuestionamientos a medios y periodistas estuvieron a la orden del día; la violencia discursiva precedió a hechos de violencia explícita, como el ataque a un stand de Radio Mitre en la Feria del Libro.

Mientras esperábamos el proyecto de radiodifusión oficial, que nunca fue dado a conocer, el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) comenzó a actuar selectivamente contra algunos medios críticos, como Radio Continental, y un aliado sindical de primer nivel bloqueaba la salida de los diarios con la intención de dominar el circuito de distribución de diarios y revistas.

La manipulación de la información quedó claramente verificada cuando el canal oficial no transmitió las imágenes del vicepresidente Cobos, cuando se contrata productoras privadas para difundir los actos oficiales y cuando no se permite a los canales de aire transmitir en vivo desde la Asamblea Legislativa.

También se manipula la información cuando la pauta oficial se utiliza para premiar a los medios adictos y castigar a los independientes o críticos.

Como si todo eso no alcanzara para demostrar la visión que tiene esta gestión hacia la prensa y el clima de censura instalado, basta con recordar que en enero de este año el programa de Nelson Castro fue levantado de la programación de Radio Del Plata. Los nuevos dueños de la emisora, de fuerte vinculación con el Gobierno, se molestaron con las denuncias de sobreprecios en sus obras públicas, pero voceros de la empresa, además, dejaron saber que todos los días algún funcionario se quejaba de las afirmaciones del periodista.

En definitiva, entre el anuncio del 2008 y el reciente trasunta una advertencia: la reforma de la ley de radiodifusión para esta administración -en este contexto de confrontación con la prensa- puede ser nada más que una herramienta para someter a los medios de comunicación.

Con el discurso de "romper los monopolios" y "democratizar la información", se intenta neomonopolizar el sistema público y privado de medios en manos amigas.

Es importante que la agenda parlamentaria asegure transparencia y objetividad en el tratamiento de la radiodifusión, incluyendo leyes para el acceso a la información y la regulación de la publicidad oficial. De nada servirá una ley amañada o a la medida de este gobierno; las deudas regulatorias del Estado en materia de radiodifusión deben saldarse con el consenso que corresponde a una verdadera política de Estado.