A la espera de un milagro, el Gobierno activa el operativo clamor

Hay una manera argentina de ver el mundo, que es distinta del resto del planeta. En el gobierno de Alberto Fernandez están convencidos de que van a lograr, tarde o temprano, modificar la cosmovisión del sistema financiero internacional. Pero empiezan a surgir alertas en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros frentes. El hartazgo de los interlocutores que no terminan de comprender el lunfardo es evidente.

“El acuerdo se cierra en julio”, insisten cerca del ministro Sergio Massa. La realidad es que los tiempos se dilatan. Tanto en Economía como en el FMI confirmaron que los vencimientos que estaban previstos para estos días se postergan para fin de mes, tal como sucedió en junio. El viaje del equipo técnico de Massa, que estaba previsto para comienzos de esta semana, en tanto, no termina de confirmarse. “No vamos a mandar a nadie de rehén para que lo aprieten allá. Eso ya lo vivimos”, justifican las fuentes. El “apriete” es para el Fondo tener garantías de que la Argentina va a cumplir al menos lo poco que logre incorporarse en esta nueva revisión del acuerdo. Es el problema de ser un interlocutor incomprendido… o poco creíble.

“Massa debería trabajar más de ministro y menos de vocero. Si se dedicara a administrar la economía en vez del relato, le iría mejor”, ironizan.

Ya no sólo el staff del Fondo empieza a perder la paciencia –aunque sigue pujando por un acuerdo–, sino también el directorio del organismo. Pese a las insistentes versiones, en la agenda pública del FMI no hay fecha para que el board trate el caso argentino. Hay publicadas reuniones hasta el 13 de este mes, en ninguna figura la Argentina. Los incentivos siguen siendo claros, tanto a los técnicos como a los países accionistas del Fondo les conviene que el Gobierno transite estas semanas hasta la elección sin sobresaltos. Pero nadie tampoco quiere quedar financiando al oficialismo. Ante todo, fair play.

A esta altura, no es secreto (ni original) lo que pide el FMI: un ajuste fiscal más pronunciado y algún tipo de sinceramiento cambiario, ya sea vía aceleración del crawling peg (por las devaluaciones diarias que realiza el BCRA) e impuestos a la importación, o directamente un salto devaluatorio. Ambas medidas impopulares políticamente, más aún a tan pocas semanas de una elección. Pero en el board del Fondo algunos exigen que la Argentina realice algo de todo esto antes de firmar cualquier cosa.

Sin muchas intenciones de ceder, pero con la presión de tener una macro que no cierra por ningún lado, en Economía buscan aliados que le permitan torcerle el brazo al FMI. A la carta que la semana pasada el Gobierno le envió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que contó con la firma de seis presidentes de la región –Brasil, México, Chile, Colombia, Bolivia y Paraguay–, que le solicitaron su apoyo a la Argentina en las negociaciones que lleva adelante con el FMI, ahora se sumará una nueva, en conjunto con Egipto. Massa mantuvo ayer una reunión virtual –que se ocupó de hacer trascender– con su par egipcio, Mohamed Maait. El país africano es, después de la Argentina, el segundo mayor deudor del Fondo y, al igual que el país, también está intentando contener las presiones del organismo de crédito para avanzar en una devaluación de su moneda. Egipto, que tiene un acuerdo por US$3000 millones con el FMI desde diciembre pasado, dejó flotar la libra egipcia, pero comenzó a intervenir en el mercado de cambios luego de que el tipo de cambio pasara rápidamente de 17 libras por dólar a 30,9 (con un blue operando a 37 libras egipcias).

“Acordamos entre la Argentina y Egipto, y también invitaremos a otros países, enviar una nota dirigida a Kristalina Georgieva para plantearle un flexibilización del FMI en estos casos de situaciones de deuda tan importantes –confirmó el asesor de Massa en cuestiones internacionales, que participó de la reunión, Gustavo Martínez Pandiani–. También hablamos de promover el intercambio comercial sin el uso de dólares y desarrollar un memo de entendimiento para la cooperación económico financiera”.

En Wall Street hay quienes ya empiezan a hacer números. Comienza a ganar terreno entre algunos analistas la posibilidad de que la Argentina dilate sus negociaciones con el FMI hasta después de las PASO. Ya sea que encuentre en el diccionario argentino alguna nueva definición de “mora” o que busque la manera de pagarle otra vez con yuanes o algún otro mecanismo. Más allá de que es una incógnita la condición que puso China para que el país complete el pago de junio con yuanes, contablemente al Tesoro se le complicaría tomar ese dinero prestado del BCRA. Para hacerlo en junio, el BCRA debió emitir $688.000 millones en adelantos transitorios, que le permitieron al Tesoro “comprar” las divisas con las cuales pagó al FMI. Por más que todavía muchos economistas insistan en que la emisión no genera inflación, puede no ser el momento para seguir testeando la hipótesis.

Las finanzas públicas son cada vez más complejas y el peronismo se está encontrando por primera vez con que no va a ser posible avanzar con un “plan platita” electoral, tal cual mandan los manuales. De hecho, el precandidato Massa buscó recientemente aflojar con el ajuste que se venía haciendo en las transferencias a las provincias –en términos reales, este gasto cayó 29,4% entre mayo de 2022 y mayo pasado, último dato disponible–, pero luego quienes lo asesoran le mostraron que el margen de acción era ínfimo. Aunque algunas lograron algo, como Tierra del Fuego, que según se publicó esta semana en el Boletín Oficial, recibió un préstamo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial por $3600 millones. Pero tampoco el Gobierno puede hacerse el loco con el gasto porque no tiene la certeza de tener con qué financiarlo, menos si se dilata el acuerdo con el Fondo.

No sorprende por ello que muchas provincias optaran en las últimas semanas por avanzar con emisiones de letras o préstamos bancarios. La provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Neuquén y hasta Santa Fe son algunos ejemplos. La Nación, en estos casos, colabora indirectamente: el Banco Central publicó la semana pasada una circular habilitando a los bancos a incorporar las letras emitidas por Santa Fe en sus activos, sin por ello afectar sus límites de exposición al sector público. Una pequeña ayuda.

Pero no todo se resuelve tan fácil. El plan de congelamiento de precios orquestado por la Secretaría de Comercio a cargo de Matías Tombolini tiene sus filtraciones. En una reunión de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) no hubo demasiado adhesión al pedido de Tombolini de sólo subir 5% los precios hasta las PASO. “Para los que están en indumentaria es fácil prometerlo porque están en época de liquidación. Y ya pusieron en marzo precios previendo aumentos. Para los industriales, es imposible”, admitieron. No sólo las petroleras se le rebelan a Tombolini.

La creatividad argumental no es exclusiva del Gobierno. En el sector privado también son rápidos para encontrarle vueltas a las trabas. Los importadores inscriptos en zonas francas se cansaron de apelar a este domicilio para pagar mercadería en el exterior sin necesidad de contar con una SIRA –permiso de importación–. “Hoy están absolutamente colapsadas las zonas francas; tardás días en sacar un pallet porque hay que mover diez mil antes, tipo Tetris”, confió un hombre que conoce de cerca el negocio. Hecha la ley, hecha la trampa.

De todas maneras, en el mercado, los productos importados cada vez se fijan a un tipo de cambio más cercano al libre. “Lo que vemos es que los bienes importados se movían en línea con el tipo de cambio oficial y, cuando empezó el régimen SIRA, se divorciaron. En la práctica, ya tienen un dólar celeste, a mitad de camino”, explica el economista Andrés Borenstein. De acuerdo con un informe de la consultora Econviews, sectores como el textil, el automotriz y el de máquinas y aparatos eléctricos son de los que más se alejaron del tipo de cambio oficial. Nada indica, de todas formas, que si el Gobierno accede finalmente a ponerle un nuevo impuesto a las importaciones -una suerte de desdoblamiento cambiario, en la práctica-, tal cual le sugirió en algún momento el FMI, los importadores locales no ajusten sus precios todavía más.

La elección y las encuestas marcan el ritmo de absolutamente todas las medidas. La oposición no es ajena a este condicionante. A medida que crece Patricia Bullrich en las encuestas, también crecen las presiones del círculo rojo para que incorpore como economista de cabecera a Carlos Melconian. Algunos hombres cercanos a ella hasta sondearon el tema con el expresidente Mauricio Macri, de injerencia en el armado de la precandidata. Bullrich, sin embargo, sigue sosteniendo a quien la asesora desde el comienzo: Luciano Laspina. Dilemas que pueden esperar.

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