Acuerdo con el FMI: primera crítica pública de un allegado al Frente de Todos a Economía por la suba de tarifas

Una voz cercana al Frente de Todos se hizo escuchar hoy durante la audiencia pública a la que convocó la Secretaría de Energía para definir el precio del gas que pagan los usuarios. El encargado de exponer las críticas al 35% de incremento que propuso el área que depende del Ministerio de Economía fue el exdiputado oficialista por Mendoza José Luis Ramón, quien comparó la audiencia de hoy con la época macrista.

“En el gobierno del Frente de Todos pensé que íbamos a tener más participación ciudadana [en la toma de decisiones] e información clara, precisa y veraz para los usuarios, porque este es un negocio mega millonario de los cinco empresarios que proveen el servicio de gas y lo distribuyen”, dijo Ramón, quien quedó fuera del Congreso en las últimas elecciones legislativas.

El exdiputado señaló que la Secretaría de Energía informó que el costo promedio del gas nacional es US$3,53 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), pero no ofreció detalles de cómo hacen las empresas productoras para llegar a ese valor. “Volvemos a 2016, cuando pedíamos que en la audiencia se estableciera cuál es el costo para la producción de gas que se colocará en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). En esta audiencia estamos como en 2016, nos informan que el valor del gas de estas empresas que lo extraen tiene un costo de US$3,53, pero no sabemos la composición de ese valor. Esa aclaración es muy importante”, remarcó Ramón.

El exlegislador mendocino hizo campaña por el Frente de Todos en las elecciones pasadas, junto a la candidata al Senado Anabel Fernández Sagasti, muy cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ramón, además, siempre estuvo muy vinculado al kirchnerismo duro en temas energéticos: el año pasado, fue uno de los promotores del proyecto para reducir las tarifas de gas en “zonas frías”, que impulsó en el Congreso Máximo Kirchner.

“El ministro de Economía [Martín Guzmán] pone por delante la recaudación impositiva versus el derecho que tenemos los usuarios y consumidores. Esto es tremendo”, dijo Ramón en una parte de la exposición. Luego, agregó: “El ministro propone un ajuste del valor de la tarifa o del porcentaje que aportará luego de hacer el acuerdo con el FMI en relación con lo que pagamos los usuarios. Es una responsabilidad política si seguimos en un sistema donde se transfiere la riqueza de los hogares argentinos en favor de las empresas, como ocurrió en 2016″.

Más temprano, la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Vidal, explicó el informe técnico que la Secretaría de Energía había publicado en el Boletín Oficial hace unas semanas. En ese documento, se destaca que el Estado cubre el 70,9% del costo de producción de gas y que, para cumplir con la partida presupuestaria, es necesario reducirlo al 44,4%. Esto implica que las tarifas de gas debería aumentar por lo menos un 35%. El incremento sería del 47% en julio, cuando el promedio de consumo de metros cúbicos es 217 (en marzo, el promedio es 43 m3).

La Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, también proyecta que las tarifas deberían subir entre 94% y 126% para que el Estado deje de subsidiarlas. Los valores de las boletas pasarían de un costo promedio de $768 antes de impuestos que se pagan en la actualidad a un valor de $1488; en el invierno, las tarifas subirían de $2271 a $5136.

En la conferencia de prensa del viernes pasado, Guzmán, sin embargo, volvió a ratificar de manera terminante que se mantiene el incremento del 20% en las tarifas de gas y electricidad para todos los usuarios (todavía sin novedades de la segmentación), pese a que el trabajo técnico de la Secretaría concluye que es necesario una suba mayor.

Vidal también hizo referencia al precio del gas natural licuado (GNL), que se disparó de los US$8,5 el millón de BTU al que se importó en promedio el año pasado, a un valor estimado de US$23,72. Para este año se calcula que se importarán 4406 millones de m3 equivalentes de GNL, para cubrir el 18% de la demanda de invierno.

En la audiencia pública estuvieron representadas también las distribuidoras de gas a través de la cámara que las reúne, Adigas. “Las empresas distribuidoras son, en la cadena de valor de la industria del gas, las responsables últimas de garantizar la calidad, seguridad y el derecho de accesibilidad al servicio público. Para ello, debe atenderse la necesidad de mayores ingresos presentadas en la pasada audiencia pública del 19 de enero, ya que si se aumenta solamente el precio del gas, se puede ver afectada la sostenibilidad de todo el sector”, dijo Daniel Martini, director ejecutivo de Adigas.

Según advirtió, en la actualidad, las distribuidoras “reciben menos de la cuarta parte (24%) del valor que pagan los usuarios residenciales y apenas un 7% de lo que paga una pyme, siendo que el precio de la producción del gas ocupa un 39% y 56%, respectivamente. Si se consolida esta tendencia con las decisiones que van a tomarse en materia tarifaria, puede afectarse la sostenibilidad de toda la cadena de valor de la industria”.