Alberto Fernández se exime de pagar derechos de exportación para sus aviones presidenciales con una norma de la dictadura

A contramano de las medidas que regulan al sector privado, el Gobierno se autoeximió del pagar derechos de exportación para los aviones que componen la flota presidencial o repuestos que podrían estar en sus talleres. El motivo expresado es que se necesitan repuestos que solo se producen en el exterior, requieren exportar temporariamente las unidades para su arreglo y mejora o bien hacer un “exchange” (dar un avión en desuso al proveedor en el extranjero a cambio de uno nuevo), lo que generaría una exportación definitiva. Sin embargo, en la práctica, no es necesario eximir a un avión de ninguna norma ya que contantemente los aviones salen de la Argentina a realizar diferentes reparaciones o mantenimientos.

La particularidad es que esas prerrogativas no rigen para el sector aeronáutico privado.

La decisión fue oficializada a través de un decreto (162/2022) con la firma de Alberto Fernández, Martín Guzmán, ministro de Economía y Juan Manzur, jefe de Gabinete, en el Boletín Oficial.

“La Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia solicita la exención del pago de los tributos que gravan la exportación para consumo de mercadería relacionada con las reparaciones de las aeronaves de la flota de la Presidencia de la Nación”, detalla la medida oficial.

Para justificar la medida, el Gobierno alude a una ley del 5 de julio de 1971, durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston. Brinda un régimen de exenciones impositivas para la importación de bienes que se destinen a obras y servicios contratados o que se contraten con afectación a los “servicios afectados a la seguridad y medios de transporte del Excelentísimo señor Presidente de la Nación en el ámbito de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación”.

En relación con este artículo, el Gobierno asegura que se habilita “para importar libre del pago de tasas y tributos todos los elementos necesarios para mantener operativa la flota aérea de la Presidencia de la Nación”.

La justificación es que las tareas de reparación dependen “casi en su totalidad” de la adquisición de elementos a proveedores internacionales, ya que las aeronaves han sido fabricadas por empresas extranjeras. “Además de ciertas importaciones, se deben realizar operaciones de exportación -generalmente hacia los Estados Unidos de América y a distintos países de Europa”, dice.

Las exportaciones a distintos países se realizarán bajo dos modalidades. Por un lado, los aviones serán llevados al exterior para la reparación de piezas y partes de helicópteros y aviones fuera del país “debido a que los talleres nacionales no pueden tratar el material”. Por este motivo, se debe efectuar lo que se denomina una “exportación temporal”, para que el servicio técnico extranjero inspeccione y trabaje sobre la unidad.

La segunda modalidad es el sistema que se conoce como “exchange”. Tanto como resultado de la reparación como para iniciar un trámite de adquisición de una pieza, el proveedor del exterior puede ofrecer el “intercambio” de la unidad que la Presidencia posee como “no operativa” por otra en condiciones para ser utilizada, lo que provoca que se generen exportaciones definitivas al exterior. Es decir que el Gobierno no descarta adquirir mediante intercambio nuevos aviones para el uso de la Presidencia.

El 19 de noviembre del año pasado, entró en vigor el Acuerdo de servicios de Gestión entre la Organización de Aviación Civil Internacional y la Secretaría General de la Presidencia. El documento buscaba brindar mantenimiento a la flota aérea presidencial, brindar capacitaciones y demás acciones en las que el órgano técnico aeronáutico a nivel internacional pueda contribuir y aplicar los más altos estándares internacionales en materia de aviación.

El decreto de hoy, que habilita la exención de impuestos, hace alusión a los intercambios que se darán en el marco de este acuerdo. El costo total del proyecto fue estimado en US$25.000 y recibió nuevas erogaciones. La última fue un incremento de la partida presupuestaria en $1.650 millones, el pasado 10 de febrero (decisión administrativa 145/2022). Se trata de la misma modificación que amplió fondos para apagar el fuego en Corrientes, en pleno foco de incendios.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes de la Presidencia explicaron que el decreto es necesario para “achicar los procesos” del Estado, para que no se paguen derechos que luego sirven para financiar la actividad gubernamental. Por otro lado, dijeron que hay aviones que requieren de reparaciones o mejoras por falta de servicios tales como Wi-fi.

Además, con respecto a la normativa del gobierno de Levingston, argumentaron: “En el Estado hay continuidad, hasta que no se deroga una ley, se puede usar”.

“Debe destacarse que las operaciones efectuadas por la Dirección General de Logística no poseen fines comerciales, toda vez que tienen como único objeto el funcionamiento y mantenimiento de la flota presidencial de aeronaves. La medida adoptada encuadra en el apartado 1 del artículo 757 del Código Aduanero que dispone que el Poder Ejecutivo puede otorgar exenciones totales o parciales al pago de derechos de exportación”, detallaron desde la Presidencia a LA NACION.

La flota presidencial está compuesta por cinco aviones y tres helicópteros. Se trata del Tango 04, un Boeing 737-500, el Tango 10, un Lear Jet de la Fuerza Aérea, el Tango 01, un Boeing 757, el Tango 02 y 03, dos Fokker F-22, el Helicóptero 01, un Sikorsky S70A Blackhawck y los 02 y 03, dos Sikorsky S76B. La mayoría no se encuentra en funcionamiento.

Desde la Secretaría General explicaron que se trata de una práctica habitual, aunque antes de hoy no estaba habilitada por ley. “Antes había un código implícito que era una exención no regulada. La gestión anterior lo hacía sin que haya una ley que lo avale. Cuando asumió la directora de Aduana, nos pidieron que lo regularicemos. ´Tienen que hacer una norma´ nos dijo. Sacamos esta norma para tener un mecanismo mas ágil”, declararon.

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