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AySA: los números de la “joya” que el Gobierno busca privatizar y cuándo llegará el servicio a toda la población
El nuevo dueño deberá invertir US$2000 millones durante el primer quinquenio, aunque la cobertura casi no avanzará hasta 2031
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La universalización de los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) no aparece en el horizonte inmediato de su privatización. Una proyección de la compañía estima que el agua potable llegará al 100% dentro de 40 años y la cobertura total de cloacas demandará otros cinco.
Se trata de una concesión que alcanza a 3.363,51 kilómetros cuadrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a más de 15 millones de personas. Al comienzo, pese a que el nuevo dueño deberá invertir unos US$2000 millones hasta 2031, la proporción de habitantes atendidos prácticamente no cambiará.
El contrato de concesión establece que, al finalizar los 30 años iniciales, la cobertura deberá alcanzar, como mínimo, al 90% de la población en agua potable y al 75% en cloacas. AySA proyectó que en 2056 habrá 14.176.000 habitantes con agua (caída poblacional) y 4.930.000 cuentas de servicio. Estas últimas no equivalen a hogares: una cuenta puede corresponder, por ejemplo, a un edificio.
Luego, la proyección anticipa que el agua llegará al 100% en el año 40 y las cloacas, en el 45. En este último caso, el horizonte supera incluso la eventual prórroga de diez años. Por eso, la universalización del saneamiento es una estimación y no una obligación íntegramente comprendida en el contrato actual.
El avance será reducido durante el primer ciclo tarifario, entre 2027 y 2031. Al finalizar esos cinco años, la cobertura de agua deberá pasar del 74,5% actual al 75,3%, apenas 0,8 puntos porcentuales. La de cloacas aumentará del 63% al 63,9%.
“En el primer ciclo tarifario tenés que ordenar muchísimo la infraestructura existente”, explicó a LA NACION el presidente de AySA, Alejo Maxit. Según sostuvo, expansiones realizadas sin una planificación integral generaron “un estrés de infraestructura extremadamente alto”.
Maxit atribuyó esa situación al deterioro acumulado durante las gestiones anteriores. “Esta empresa nació de una estatización en 2006 y, a lo largo de su historia, nunca logró tener un resultado positivo. Sistemáticamente necesitó la cobertura del Estado nacional y nosotros revertimos esa situación”, afirmó. Según su diagnóstico, AySA llegará a la venta saneada y sin aportes del Tesoro para gastos corrientes.
También cuestionó la ejecución de las inversiones públicas: “Cuando dependés de la asistencia económica del Estado y tenés una obra de más de un año, iniciar, frenar, iniciar y frenar es costosísimo”. Ese sobrecosto, agregó, “lo termina pagando el usuario con una tarifa mayor o toda la Argentina con impuestos”.
El informe circunstanciado que hizo el Gobierno respaldó parte del diagnóstico: entre 2006 y 2023, el costo operativo real por metro cúbico aumentó alrededor del 80%. Pese a que el Tesoro transfirió US$13.400 millones —US$10.000 millones para inversiones y US$3400 millones para gastos corrientes—, el 28% de la red de agua tiene más de 50 años, la tasa de renovación fue inferior al 1% anual y el agua no contabilizada se mantuvo cerca del 42%.
El Plan de Acción prevé desembolsos por $2,92 billones a precios de diciembre de 2025 hasta 2031: el 39,15% para obras y el 39,69% para mantenimiento. Deberán renovarse al menos 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de colectores cloacales, e instalarse 100.000 medidores por año.
“Presiones, micromedición, renovación de cloacas máximas”, enumeró Maxit. “Nadie se puede hacer el distraído porque está escrito. La persona que hizo la oferta ya leyó lo que tiene que hacer y está firmado y establecido”, agregó. “En los primeros cinco años estamos hablando de US$2000 millones. Pero nuestro objetivo en los próximos 30 años de la concesión es de entre US$13.000 millones y US$15.000 millones”, afirmó.
La licitación por el 90% de las acciones entró este martes en la evaluación técnica. Como se informó, quedaron en carrera el consorcio del que participa Mauricio Filiberti y el encabezado por Roggio. Ahora es el momento de la evaluación técnica, antes de conocer las ofertas económicas. En Economía estiman que la venta podría reportarle al Estado unos US$450 millones, aunque Maxit comentó que no necesariamente deben aceptar ese precio.
“Al momento de comprar la empresa, tengo un compromiso de inversiones que requiere indefectiblemente una inyección de capital”, advirtió Maxit. El dinero podrá provenir de los socios, de deuda o de otros esquemas privados. Eso generará, añadió, “un déficit económico” que deberá cubrir el consorcio.
También existen conversaciones con BID Invest y la Corporación Financiera Internacional (IFC). “Tenemos que ser extremadamente creativos en cómo resolvemos y cómo se financian las inversiones. Podés tener proyectos específicos con financiamiento específico”, sostuvo. La Nación, las provincias y los municipios podrán costear obras, pero esos aportes no ingresarán en la tarifa.
La privatización llega después de una fuerte recomposición de las boletas. En abril de 2024, la Secretaría de Obras Públicas autorizó un aumento inicial del 209% para compensar el atraso acumulado. Desde entonces, las actualizaciones sumaron otro 106,4% sobre esa base. El alza nominal compuesto respecto de marzo de 2024 fue así de aproximadamente 538%.
Durante 2025, el Gobierno limitó las subas mensuales al 1%, por debajo de la fórmula que combina precios al consumidor, mayoristas y salarios. En 2026 aplicó ajustes del 4% durante los primeros cuatro meses y del 3% entre mayo y agosto. Según la empresa, todavía queda una brecha del 11% frente a la aplicación plena del mecanismo.
Maxit afirmó que durante los primeros cinco años las tarifas se mantendrán constantes en términos reales. “El ingreso requerido es la tarifa y tiene que cubrir tanto la inversión como la operación”, dijo. El modelo reconoce una rentabilidad real del 8,9% sobre la base de activos regulatorios. “Es un contrato que alienta la inversión: cuanto más invierta, más gana”, resumió.
Los estados contables muestran que AySA facturó $1,53 billones en 2025 y ganó $22.088 millones. El adjudicatario comprará las acciones y el derecho a operar la compañía, pero las plantas y redes seguirán siendo propiedad estatal. Recibirá una empresa que, según Maxit, dejó atrás años de déficit, aunque deberá destinar la primera etapa a recuperar una infraestructura deteriorada antes de extender significativamente el servicio.
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