Apoyo de una entidad de ingenieros agrónomos a un capítulo de la ley ómnibus

La discusión sobre el reconocimiento de la propiedad intelectual en semillas está creciendo entre las distintas entidades del sector agropecuario. Esto es porque el Gobierno propuso en la ley ómnibus que la Argentina se adhiera a la convención de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov) del año 1991 que promueve un mayor resguardo a los derechos de los obtentores que la llamada Upov 78 a la que el país adherido.

Mientras hay entidades rurales de productores que se oponen a la iniciativa porque quieren resguardar el derecho de los agricultores a usar las semillas de una campaña a otra, en la industria y en el Gobierno defienden la modificación propuesta porque creen que incentivaría la investigación en nuevos materiales genéticos.

Al apoyo de la propuesta del Gobierno se sumó el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de la República Argentina (CPIA) que emitió hoy una declaración en la que afirma que la adhesión a Upov 91 “significaría un salto cualitativo y cuantitativo [para el país], permitiendo incrementar el rendimiento por unidad de superficie de muchos cultivos”.

Para la entidad, además, habría un uso más eficiente de los recursos como agua y suelo, se incrementaría el valor nutricional de los cultivos, se ampliaría la biodiversidad, no recayendo en el monocultivo, se mejoraría la rentabilidad del productor y se lograría “una mejora en el balance de carbono con sus consecuentes efectos positivos sobre el calentamiento global”, expresó.

“La semilla y su mejoramiento genético resulta uno de los elementos fundamentales para el progreso de la producción y, por tanto, el aumento de la exportación y la generación de trabajo profesional y calificado”, señaló el CPIA.

La entidad que agrupa a los profesionales de la ingeniería agronómica expresó que “a pesar de que somos líderes en maquinaria agrícola, no somos líderes el fomento a la innovación tecnológica en materia vegetal y esto es debido fundamentalmente a las restricciones impuestas o más bien, a la ausencia de actualizaciones necesarias para el libre desenvolvimiento de nuestra actividad profesional”.

Según el CPIA, “adherir al UPOV 91 implicaría que los profesionales del sector podamos sugerir mejorar o simplemente actualizar las variedades genéticas que utiliza el productor, incrementando solo en soja el ingreso de divisas a nuestro país por más de US$1000 millones de dólares anuales, lo que implica un retorno promedio superior de entre 2.5 y 3 dólares por dólar invertido bajo las condiciones actuales, mejorando el ingreso del productor y potenciando la capacidad de trabajo de los profesionales de toda la cadena de valor”.

En el comunicado, además, la entidad de ingenieros agrónomos explicó que Upov 91 reconoce el derecho al uso propio por parte del agricultor, que no fija regalías y que no limita el uso de “especies nativas o criollas que de manera permanente los agricultores de pequeña, mediana escala o campesinos mejoran y utilizan”.

Además, consideró que la adhesión a esta convención “daría impulso al desarrollo genético de variedades tales como arvejas, lentejas, garbanzos, lechuga, tomate, maní, porotos, entre otras”. Eso dijo, mejoraría la seguridad alimentaria “donde nuestro país dispone del potencial para ser líder global”, sostuvo.

LA NACION

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