Bloqueo en el puerto porteño: empleados denuncian despidos y “precarización”

En medio del bloqueo en las terminales 4 y Río de la Plata (TRP) del Puerto de Buenos Aires, donde no permiten que entren ni salgan camiones y que lleva más de 15 días en esa situación, empleados de Bactssa apuntaron contra la Administración General de Puertos (AGP) y señalaron “que lo único que pretenden es su continuidad laboral”. Mientras tanto, las exportaciones de carne vacuna, pollos y productos frutícolas están frenadas.

En diálogo con LA NACION, Hernán Gianetti, que trabaja en la parte de operaciones hace 16 años y no se encuentra dentro de ningún convenio colectivo, indicó que los cerca de 1000 empleados de la Terminal 5, entre permanentes y tercerizados, solo buscan que le respeten sus condiciones laborales que tienen ahora.

“Los que están sindicalizados, que son unos 400 personas, los quieren incorporar de manera precarizada a las otras dos terminales y donde les van a pagar el 25% del sueldo que cobran ahora. Y a los que estamos fuera de convenio no nos toman, o sea que nos quedamos sin trabajo a partir del 15 de mayo próximo cuando se acaba la concesión de Bactssa”, remarcó.

En este sentido, dijo que “el Gobierno en vez de resguardar a las empresas extranjeras que invierten y pagan impuestos, las echan por incapacidad de los funcionarios de turno. Es incompresible que el Poder Ejecutivo, en medio de una pandemia y de una crisis ocupacional, prohíbe los despidos y por otro lado, la AGP, como ente de aplicación, los avale y autorice la precarización del trabajo”.

Ayer, fuentes de la AGP señalaron que se había acordado con los representantes de los gremios que esos trabajadores recibirían la indemnización correspondiente de la firma Bactssa que se retira. “Sin embargo, un grupo de no más 100 trabajadores pretendía que, además, las empresas que absorbían ese personal a sus plantas les reconozcan la antigüedad del trabajo anterior. En eso no se estuvo de acuerdo y por eso está trabado todo”, informaron en el ente gubernamental que depende del Ministerio de Transporte de la Nación.

Una empleada administrativa de la firma que prefirió resguardar su nombre, dijo que no son 100 trabajadores que están en conflicto: “Somos más de 600 que no buscamos antigüedad sino seguir con nuestra fuente de trabajo y que se extienda la concesión. No queremos precarización en nuestros puestos”.

En este contexto, dicho grupo de autoconvocados, que no se sienten representados por ningún sindicato, presentaron una denuncia judicial donde pidieron que se disponga dejar sin efecto las medidas dispuestas por la AGP, a la vez solicitaron una prórroga de la concesión hasta el 31 de mayo de 2022, donde se contemple la “conservación de las fuentes de trabajo”.

Según contó la trabajadora que lleva más de una década en la compañía, el origen de este conflicto radica en que “se ha excluido de cualquier clase de solución a todo el personal no comprendido en convenios colectivos de trabajo, mientras que solo se han ofrecido condiciones precarizadas a parte del personal sindicalizado”.

“La medida que adopta la AGP beneficia a las Terminales TRP y la 4, quienes resultan favorecidas por la salida de un competidor a sus servicios. Por otro lado, la propia AGP ha dejado sin efecto todas las mesas de trabajo con el personal, no concurriendo siquiera a las reuniones concertadas por las cuales se buscaban canales de diálogo de buena fe, para intentar solucionar la crisis que el proceder de la entidad ha ocasionado”, finalizó.