Caso Etchevehere: qué se sabe de la jueza que ahora decidirá sobre la toma del campo

La recusación que fiscales y querellas plantearon contra el juez Raúl Flores, que ha venido actuando en el conflicto por el campo que enfrenta a dos fracciones de la familia Etchevehere, una encabezada por Leonor Barbero y sus tres hijos, entre quienes se cuentan el exministro Luis Miguel Etchevehere, y la otra por Dolores Etchevehere, quien cuenta con el respaldo del dirigente del MTE Juan Grabois, deberá ser resuelta ahora por la jueza María Carolina Castagno.

Se trata de una integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones. La magistrada resultó sorteada para intervenir en el recurso de apelación presentado por el fiscal Oscar Sobko y la fiscal adjunta María Constanza Bessa, en el marco del legajo caratulado "Etchevehere Leonor/ su denuncia".

Lo que la productora rural denunció fue la usurpación del campo Casa Nueva que, según argumenta junto a sus hijos, a través de su abogado Rubén Pagliotto, pertenece a la firma Las Margaritas SA, de la que ella es titular.

Insistieron también judicialmente en mostrar un documento que avalaría la cesión de acciones de Dolores Etchevehere a favor de otra sociedad anónima, por lo que desconocen que aún conserve los derechos sucesorios y que disponga de los bienes que dejó su padre, Luis Félix Etchevehere.

Castagno es una funcionaria judicial de carrera, que cuenta con un posgrado en Derecho Penal y en los ámbitos judiciales no se la conoce como una jueza venal, ni vinculada directamente al poder político. Con esa premisa, la magistrada deberá resolver.

El juez Flores hizo declaraciones en las que justificó su decisión de no acceder al pedido de desalojo que presentaron los hermanos Etchevehere y su madre. Según su criterio existen dos elementos: el acta de una asamblea en la que le ceden 129 hectáreas del campo a Dolores, por un lado, y por otro un documento en el que se indica que la hija del fallecido productor agropecuario cede sus acciones, tal como indican sus hermanos y madre. Sin embargo, la cosa no queda allí porque Dolores denunció que ese documento lo firmó bajo extorsión y amenaza. Flores hizo suyo un argumento de la defensa de Dolores Etchevehere, al indicar que esa cesión no tendría validez si no es mediante una escritura pública.

Para Flores, la ocupación de Dolores, y por ende de quien ella autorice, "tiene viso de legalidad".

Lejos de esa postura, Pagliotto y sus representados cargaron duro contra el magistrado. Dijeron que "en los delitos de usurpación no se discute la propiedad del inmueble, sino la posesión o tenencia del mismo" y agregaron que la única dueña e los campos es desde 1960, según el Registro Público de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos, Las Margaritas SA.

"Dolores Etchevehere de Güiraldes en octubre de 2018, en pago de una abultada deuda que contrajo, cedió todas sus acciones en Las Margaritas SA (12,5%) a la empresa Mirus SA", insistió Pagliotto en un escrito que difundió a los medios.